La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dio a conocer un nuevo informe sobre la situación en Venezuela, incluyendo, la sistemática violación a los derechos humanos y la utilización de las instituciones judiciales de Venezuela para perseguir a sus rivales políticos y violar sus derechos humanos. Con información del CCN.
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En el informe resalta el secuestro que ha cometido el régimen de Maduro sobre el Tribunal Supremo de Justicia y cómo ha utilizado esta institución para destruir la democracia en Venezuela y violar de manera constante los derechos humanos.
El documento detalla cómo los jueces venezolanos deben esperar órdenes de los magistrados del TSJ, para poder dictar sentencias políticas. Además, alerta que el salario de estos jueces es de aproximadamente 30 dólares mensuales, lo que incrementa el riesgo de corrupción en cada caso.
El escrito, destaca la manera ilegítima del nombramiento a 13 jueces en 2015, en un proceso que no respetó los plazos establecidos por la ley venezolana.
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La oficina de la Alta Comisionada indicó que estos nuevos jueces, con antecedentes ligados al régimen, desde entonces han venido tomando decisiones que benefician al régimen.
“Entre diciembre de 2015 y mayo de 2020, el Tribunal pronunció 127 sentencias que invalidaban decisiones de la Asamblea Nacional”, acotaron.
“El 26 de mayo de 2020, el TSJ ratificó la elección del parlamentario Luis Parra como Presidente de la Asamblea Nacional y calificó la presidencia de Juan Guaidó de “desacato”, sin verificar si Luis Parra había conseguido el número de votos necesario para su elección como presidente del parlamento”, agregaron.
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En este sentido, el informe resalta cómo el TSJ se ha convertido en un órgano de persecución política, en el que la han quitado la inmunidad parlamentaria a 28 diputados. Incluso en algunos casos, después de haber sido detenidos.
Por otra parte, alertaron que la dictadura ha usado en contra de los dirigentes opositores y militares, “tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de por conducto de una ley de la Asamblea Nacional, y cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo”.
Con respecto a Tarek William Saab, dijo, “el Fiscal General actual fue elegido por la Asamblea Nacional constituyente siguiendo un procedimiento que no respeta las disposiciones constitucionales”.
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Además, resaltó cómo la dictadura no ha hecho justicia con los integrantes de cuerpos de seguridad que han asesinado a personas en protestas desde 2014.
En materia de seguridad, el informe muestra que cuando los organismos de seguridad amparados por Maduro realizan ejecuciones extrajudiciales, desaparecen los cuerpos de las víctimas y no es hasta días después cuando los familiares logran encontrar los cadáveres en diferentes morgues.
