El régimen de Nicolás Maduro ha reconocido que hay un brote masivo de coronavirus en la empresa Salva Food, que distribuye en Venezuela los alimentos subvencionados «Clap» del agente chavista Alex Saab, detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio, a la espera de ser extraditado por corrupción a EEUU. Así lo reseña un reportaje de Ludmila Vinogradoff para ABC.
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«Tenemos unas 583 personas infectadas por este brote en la empresa (Salva Food), sin embargo nosotros contamos con la capacidad de atenderlos, que sepan las personas que no están descuidadas y que este Estado Mayor de Salud en La Guaira continúa alerta con la pandemia», afirma el gobernador de Vargas (estado del litoral caraqueño), el chavista Jorge Luis García Carneiro.
Pese al contagio masivo, García Carneiro sostiene que el foco está bajo control: «En este momento estamos ejecutando el cerco epidemiológico que nos indica la Organización Mundial de la Salud para estos casos, por tal razón estamos tocando puerta por puerta y visitando a los familiares que hayan tenido que ver con los casos positivos por coronavirus de la empresa».
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«Estamos tratando el problema de forma mancomunada, en el estado La Guaira hemos demostrado tener capacidad para la atención de los infectados por el Covid-19, por parte de los médicos cubanos y venezolanos, hemos dado una buena respuesta», añade el gobernador. García Carneiro no ha especificado si se han tomado medidas para desinfectar los productos que han sido manipulados por los trabajadores infectados, sólo se ha referido al cerco epidemiológico de los afectados.
El «agente especial»
Sin embargo, los políticos y los médicos sanitaristas ponen en duda el entorno de las cajas Clap (Comités Locales de Alimentos y Producción), no solo por sus condiciones sanitarias, sino por sus implicaciones judiciales criminales que llevan al entramado corrupto montado por el testaferro colombiano Alex Saab, el «agente especial», como lo reconoce el régimen de Maduro, ahora defendido por el exjuez español Baltasar Garzón.
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«Están controlando la información epidemiológica como si fuera un secreto de Estado. Implementar el control social a través de un monopolio de información es más importante para ellos que acortar el período de diagnóstico», señaló a la agencia Bloomberg el médico epidemiólogo y exministro de salud José Félix Oletta.
El internista Julio Castro desconfía de las cifras oficiales, que recogen 13.000 infectados y no más de 120 fallecidos desde que se declaró el estado de alerta el 13 de marzo. En su opinión se deben hacer unas 3.000 pruebas diarias y sólo se hacen unas 1.000. Hay solo dos laboratorios que procesan oficialmente las pruebas que tardan nueve días en dar los resultados.
