I
“No debería existir refugio seguro para quienes roban a los pobres”. “Ayudar a los países en desarrollo a recuperar los dineros robados será una tarea clave para la financiación de los programas sociales y notificar a los líderes corruptos que no escaparán a la ley”.
Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial, septiembre 17 de 2007.
Decía Groucho Marx, “La clave del éxito en los negocios es la honradez: si consigues prescindir de ella, está hecho”, y el régimen venezolano se ha desembarazado de ella de manera magistral: 21 largos años de despojo continuado, con nombres, apellidos y documentos de identidad, a costa de la vida y el sufrimiento de millones de venezolanos. Han destruido el presente y futuro de los ciudadanos y saquearon sus propiedades, las privadas y aquellas en las que todos los venezolanos somos copropietarios.
El robo, perpetrado a más de 30 millones de venezolanos, se llevó a cabo de todas las maneras posibles; desde la firma personal del “difunto” en edificios construidos con recursos pertenecientes a los ciudadanos, hasta los desfalcos mil millonarios de complejas urdimbres de rateros transnacionales. Se equivoca Bertold Brecht cuando afirma: “la honradez empieza con el estómago lleno”, pues han sido unos pocos, con estómagos henchidos, los cómplices de este desvalijamiento, castigando y empobreciendo a quienes menos tienen.
El desfalco a los dueños de los recursos viola, además, los derechos humanos de éstos, como lo plasma el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas: detrae recursos para adquirir medicinas, alimentos y para poder garantizar los servicios mínimos, entre ellos, agua, electricidad, transporte, salud y educación. La información contenida en las grabaciones hechas a Montesinos, ahora de dominio público, parecen calcadas de la realidad venezolana: un Estado corrupto creador de un denso y putrefacto enjambre de cómplices del saqueo.
El robo frena el desarrollo económico y social y, como bien dice quien fuera presidente del Banco Mundial, es fundamental recuperar lo robado y evitar las guaridas y madrigueras en paraísos fiscales, en países en los que resulta sencillo adquirir “visas de oro” y, en algunos casos, “visas ensangrentadas”.
El tema de la recuperación de activos ha cobrado importancia y hoy forma parte de los acuerdos entre países y de la cooperación internacional. El proceso incluye varias etapas: detectar los activos producto del delito, congelarlos, decomisarlos y devolver los fondos desvalijados a los ciudadanos (International Corruption Hunters Alliance – ICHA).
Poner coto al latrocinio y recuperar los activos producto del despojo exige un inmenso esfuerzo de alianzas sociales e institucionales de los sectores privado y público a escala global. Lo facilita el hecho de que en estas primeras décadas del siglo XXI se ha fortalecido el compromiso de todos los sectores de la sociedad civil, y de muchos gobiernos del mundo, a luchar en contra del blanqueo de dinero mal habido.
El llamado es a recuperar los activos robados. Colocarse de perfil, o mirar para otro lado, es como extender una invitación al desfalco y al robo, como abrir las puertas de tu casa y dar la bienvenida a los ladrones y sus cómplices. Es necesario rescatar la palabra RESPONSABILDAD; el individuo es responsable de lo que hace y se debe atener a las consecuencias de sus actos.
No es posible esperar el concurso del régimen venezolano en el proceso de recuperación de activos, en ninguna de sus fases, ya que es causante y protagonista del saqueo generalizado. Por el contrario, se opondrá a cualquier iniciativa animada con el fin de restituir lo hurtado a los venezolanos. Por tanto, corresponde al liderazgo democrático, social y político, prevenir, denunciar, documentar y recuperar los recursos saqueados. No es casual que la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, en uno de sus artículos, asigne a la participación de la sociedad civil un rol importante en la prevención y combate del fenómeno.
El término corrupción ha sido tan manoseado que, por exceso de uso, se ha desgastado y ha perdido su capacidad de asombrar y causar indignación a los ciudadanos. Además, resulta insuficiente para definir lo ocurrido en Venezuela, un desvalijamiento de proporciones bíblicas ejecutado por quienes, desde el año 1992, utilizaron los recursos de todos los ciudadanos para sus fines políticos particulares. El monumental desfalco ha creado la mayor tragedia humanitaria conocida en Latinoamérica y diáspora más grande, similar a la de Siria, en el continente americano.
Se trata de un hecho delictivo de carácter transnacional y, como tal, demanda el concurso y la cooperación de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos e instituciones multilaterales a escala global; “Transparencia internacional” es un buen ejemplo. En este enfrentamiento al pillaje, Venezuela cuenta con un aliado fundamental: la diáspora de más de 6 millones de venezolanos esparcidos en 300 ciudades y 90 países del mundo, con capacidad para denunciar, identificar activos y participar en el proceso de su recuperación, a través de los centenares de asociaciones que han creado y las alianzas que han establecido con instituciones y organizaciones en las ciudades y países de acogida.
Entre esas organizaciones de la diáspora se encuentran los medios de comunicación y los periodistas de investigación, quienes han realizado un trabajo digno de encomio, aireando información detallada de las urdimbres de la delincuencia. El asalto perpetrado a los venezolanos es monumental y, como afirmó el presidente del Banco Mundial, no debería existir refugio para quienes han violado todos los derechos humanos de los ciudadanos.
La Asamblea Nacional ha formulado los instrumentos para combatir el fenómeno: la ley y el acuerdo de creación del fondo con el propósito de recuperar los activos producto de la corrupción. Este último instituye la comisión especial y hace un llamado a los gobiernos y a la cooperación internacional. Estas iniciativas ofrecen un marco relativamente sólido con el cual iniciar el rastreo y ofrece, al mismo tiempo, protección a quienes suministran información. Sin embargo, asfixiada y asediada, carece de los recursos para acometer un proyecto de esta magnitud y complejidad. Nosotros proponemos la inclusión y participación de la diáspora y sus organizaciones en la ejecución de una estrategia transfronteriza para la recuperación de tales activos de origen ilícito, dado que residen en las ciudades y países en los que los maleantes
construyen sus madrigueras y sus cuevas de “Ali Baba”.
II
El objetivo del proyecto transnacional y transdisciplinario es recuperar los activos robados a los venezolanos. Se fundamenta en la premisa establecida en la convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción: “seguir el dinero hurtado” (Follow the money). Quienes han ejecutado el inescrupuloso expolio se esconden en complejos enjambres de testaferros y fachadas de empresa, lo cual dificulta el logro del objetivo.
Abordar el laberinto de factores legales, políticos, tecnológicos y financieros exige una
ambiciosa estrategia de investigación que permita abarcar los distintos aspectos involucrados en cada una de las fases en las que se descompone el proceso de recuperación de activos. Quienes tuvieron la responsabilidad de ADMINISTRAR, cual “capos mafiosos” emboscaron a los ciudadanos y les robaron sus pertenencias.
La puesta en marcha del proyecto comienza con la constitución del equipo de coordinación global, cuya responsabilidad es crear los nodos de la red en el mundo y facilitar su trabajo. Cada nodo estará integrado por personas motivadas y preparadas a quienes será necesario preparar en competencias y habilidades específicas, como “metodología y herramientas de investigación”, análisis de la diversidad y complejidad de los distintos marcos legales y sus efectos sobre el proceso, fuentes de información y formas de utilizarlas, entre otros temas. El equipo de cada nodo es responsable de identificar y establecer relaciones y alianzas con las instituciones y organizaciones locales, en donde los delincuentes intentan disfrutar lo robado.
La recuperación de activos guarda estrecha relación con la modalidad del delito cometido y sus respectivos lapsos de prescripción. Así como no existe principio que el régimen no haya traicionado, tampoco hay modalidad de delito y expolio que no haya cometido, y muy probablemente aportará nuevas categorías a las ya existentes, como el delito del “oro ensangrentado”, los horrendos crímenes ambientales y novedosas formas de secuestro como el de los títulos de los profesionales. Veamos rápidamente el amplio listado: apropiación indebida, desviación de fondos, sobornos, robo, hurto, malversación, tráfico de influencias, financiación ilegal, extorsión, fraude fiscal, connivencia con grupos armados ilegales y con terroristas, lavado de dinero, drogas, extracción de gasolina y un larguísimo etcétera. Algunas de estas modalidades de delito no prescriben y por tal razón es importante diferenciarlos considerando sus fechas de caducidad.
La diáspora y sus asociaciones, como hemos apuntado, cuentan con preciado capital humano y disponen de información valiosa para ejecutar el “proyecto de investigación
transnacional”. Su participación aumenta las probabilidades de éxito de esta iniciativa; los equipos de investigación se encuentran próximos a los enjambres de testaferros y a los activos y ello reduce de manera significativa los costos de la investigación. Además, en su trabajo con las instituciones locales ha desarrollado relaciones basadas en la CONFIANZA, aspecto clave para poder alcanzar el éxito de esta iniciativa.
En cada localidad el nodo respectivo establece formas de colaboración y alianzas con actores esenciales, como las instituciones financieras, los distintos niveles de gobierno, los organismos internacionales y las asociaciones de la sociedad civil. Es necesaria la participación de todos ellos para vencer las complejas urdimbres de testaferros, las múltiples fachadas de empresas y organizaciones para blanquear lo hurtado y los recursos colocados en paraísos fiscales, todo lo cual supone trabas y dificultades para obtener información. Como todo proyecto de investigación, éste requiere de recursos y respaldos como el de los convenios internacionales o el que brinda el marco legal recientemente aprobado en la Asamblea Nacional.
La estrategia de “seguir el dinero” otorga al contexto familiar y de amistades más próximas un papel muy importante en las urdimbres de corrupción, por aquello de que “todo queda en familia”: hermanos, padres, tíos, hijos, yernos, nueras, sobrinos. Otra dimensión del análisis también se apoya en otro refrán, según el cual “hay dos cosas que no se pueden ocultar: la tos y el dinero”. Una manera de detectar el patrimonio de origen delictivo es observar a “quienes poseen bienes que no se corresponden con su nivel de vida” (N.U.)
Esta iniciativa cuenta también con el aval internacional de las instituciones creadas con el fin de combatir la corrupción a escala global. En el año 2007 las Naciones Unidas, conjuntamente con el Banco Mundial, establecieron la Oficina contra la droga y el delito y la iniciativa para la recuperación de Activos robados (Iniciativa STAR). Además, tiene el respaldo del G20, cuyos integrantes han convertido en prioridad la lucha en contra de la corrupción.
Ya lo señalamos, quienes ejercen el gobierno son artífices, actores y cómplices de este inmenso saqueo y no tienen interés alguno en participar en esta iniciativa, salvo para entorpecer cualquier investigación y evitar la confiscación de los bienes producto de actos criminales. En este contexto descuella el papel de la sociedad civil, tanto en el terreno de la denuncia como en el de la identificación de los activos, y el de los más de 6 millones de venezolanos integrantes de la diáspora, aliados clave de este proyecto global, quienes residen en las ciudades y países escogidos por los pillos para disfrutar de su botín.
Se suma el respaldo de los medios de comunicación y periodistas de todo el orbe,
sensibilizados ante la violación sistemática de los derechos humanos y la tragedia
humanitaria que padecen los venezolanos. Nos reconforta la derrota del estruendoso
silencio guardado por mucho tiempo por algunos medios de comunicación que hoy
muestran las evidencias de un régimen corrosivo, creador de miseria.
Gracias a las unidades de investigación de los medios de comunicación se ha podido
documentar los tentáculos, las turbias y complejas conexiones de los “enjambres depredadores y ensangrentados”. Siguiendo la pista del dinero muestran el carácter delincuencial del régimen. Organizaciones como la Guardia Civil en España desnudaron el entramado de la Banca de Andorra, poniendo en evidencia una de las prolongaciones de esas complejas redes.
Los aportes de todos ellos han resultado fundamentales en la identificación y localización de los activos ilícitos. La razón medular del proyecto es recuperar los recursos expoliados, lo cual no está necesariamente asociado al establecimiento de sanciones penales que podrían ralentizar y obstaculizar el proceso de devolución. La experiencia internacional documentada indica que el mecanismo más efectivo para ese fin es el decomiso, ya que pareciera ser más persuasivo que instrumentos como la privación de la libertad o las multas. Además, disuade la participación de otros y favorece la confesión de quienes están involucrados en actos dolosos.
Otra estrategia relativamente exitosa es la “Al Capone”, “la cual grava impositivamente los activos de origen ilícito y permite sancionar penalmente a los maleantes por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública”. Entre las políticas exitosas se encuentra la de favorecer a los denunciantes de actos ilícitos y a quienes desean minimizar las consecuencias de sus propios delitos.
En los acuerdos internacionales, tratados y convenios señalados, los Estados se obligan a cooperar en el decomiso de los activos robados a los ciudadanos y ello favorece esta propuesta de investigación. Los países parte de estos acuerdos están convencidos de que expolios como el realizado a los venezolanos perjudica y desmejora la calidad de vida de los más pobres. En Venezuela, el saqueo y la impunidad han catapultado la delincuencia organizada y la descomposición social y, como consecuencia de ello, el país ocupa el deshonroso lugar de honor en el índice de miseria.
Los países signatarios de estos convenios reconocen los avances realizados en el combate en contra de los saqueos, pero ello no les impide admitir lo mucho que aún queda por hacer. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial han estimado entre 20 y 40 mil millones de dólares el monto del robo anual en el mundo como consecuencia de la corrupción. En el caso de Venezuela, los cálculos más conservadores sitúan el latrocinio en 300 mil millones de dólares, lo que conduce a pensar en la necesidad de mejorar los sistemas de cálculo, medición y cuantificación utilizados por los organismos internacionales.
La cifra estimada por Naciones Unidas “equivale al PIB de los 12 países más pobres del mundo, en los cuales habitan 240 millones de personas”. Los maleantes, como en un teatro, se presentaron como portavoces del interés de los desvalidos, del “bien público” y del “interés general de todos los ciudadanos”, fachada tras la cual intentan escudar la gran farsa. Esos datos reafirman la necesidad de ejercer un mayor control por parte de los ciudadanos sobre los administradores de sus recursos.
La participación de la diáspora facilita el acceso a la información y análisis de los marcos legales, la relación con instituciones, organizaciones y asociaciones, y su posición privilegiada favorece la recopilación de pruebas, el rastreo de los activos derivados del delito, y el abordaje de los aspectos prácticos de la dimensión jurídica para garantizar una adecuada gestión de los casos. Para los estados es importante la información que puede aportar los equipos de la diáspora y las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
El contexto internacional y la experiencia acumulada, la exitosa y la no tanto, y la de organizaciones que combaten la corrupción, como Transparencia Internacional, auguran al proyecto un ambiente propicio el logro de su cometido. La información que circula en las redes, proveniente de muy diversas fuentes, facilita la ejecución del proyecto, y la coordinación global evita la innecesaria duplicación de esfuerzos. Las asociaciones diaspóricas añaden mucho valor, aportan confianza, credibilidad y flexibilidad el logro del objetivo.
