Tres contratistas de defensa estadounidenses secuestrados durante cinco años por las FARC en Colombia, estarían cerca de cobrar 318 millones de dólares en el juicio contra sus captores, después de que un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado, cuyos activos buscan reclamar. Con información de The Associated Press.
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El juez se negó a tomar en cuenta una apelación de última hora por parte de Samark López, permitiendo que una orden de un tribunal federal de apelaciones confiscara inmediatamente 53 millones de dólares de las cuentas bancarias estadounidenses previamente incautadas del empresario, mientras se disputa la sentencia del tribunal inferior.
La decisión salió a la luz el jueves en un informe de Russ Dallen, jefe de Caracas Capital Markets.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando su avión fue derribado durante un vuelo de control de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes después de que el avión se estrellara.
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Los tres eran empleados de Northrop Grumman. Fueron liberados hace 12 años junto a la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt en un osado rescate por parte del ejército colombiano.
En 2012, un juez federal en Florida otorgó a los hombres 318 millones de dólares de cuentas bancarias incautadas de narcotraficantes vinculados a las FARC.
Pero en su mayoría no habían podido cobrar hasta que el presidente Donald J. Trump promulgó la Ley de Clarificación Antiterrorista en 2018, que permitió a las víctimas de grupos terroristas cobrar activos incautados por el gobierno de Estados Unidos bajo la ley de narcotráfico.
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La nueva ley permitió a los hombres perseguir los activos bloqueados de López en Estados Unidos, que incluyen una cuenta en Citibank con 269 millones de dólares, dos yates, un avión y bienes inmuebles de lujo en Miami.
López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna se disparó gracias a los contratos con el gobierno en las últimas dos décadas del régimen socialista. Fue sancionado por EEUU en 2017 como un «capo de la droga» junto con el entonces vicepresidente de Venezuela y ahora ministro de petróleo, Tareck El Aissami, por el supuesto lavado de ganancias del narcotráfico internacional.
