El hijo del expresidente (Angola) José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue condenado a cinco años de cárcel por un fraude cometido cuando dirigía el Fondo Soberano angoleño.
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Dos Santos, de 42 años y conocido popularmente por el alias de «Zenú», fue condenado por el Tribunal Supremo en Luanda por los delitos de fraude y tráfico de influencias.
En 2018, la Fiscalía le acusó de defraudar unos 500 millones de dólares del Banco Nacional de Angola (BNA, central) y transferirlos a una cuenta de un banco suizo en Londres, por lo que le prohibió salir del país.
Dos Santos, que dirigió el Fondo Soberano de Angola de 2013 a 2018, fue exonerado del delito de blanqueo de capitales, aunque sus abogados ya han adelantado que interpondrán un recurso de apelación contra la condena.
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En el mismo caso fue condenado el exgobernador del BNA Valter Filipe da Silva a ocho años de prisión, entre otros imputados, por los mismos delitos.
«Zenú» es el primer miembro de la antigua familia presidencial en ser procesado como parte de una campaña contra la corrupción impulsada por el presidente angoleño, João Lourenco, quien llegó al poder en 2017.
Su hermana, la empresaria Isabel Dos Santos, fue formalmente acusada por la Justicia de su país de delitos de mala gestión y malversación de fondos, supuestamente cometidos mientras estuvo al frente de la petrolera estatal de Sonangol.
Nepotismo y corrupción convirtieron a una mujer en la más rica de África
Esa decisión llegó después de la divulgación del dossier llamado «Luanda Leaks», con unos 700,000 documentos que exponen el entramado de sociedades pantalla, empresas en paraísos fiscales y favores políticos que hicieron de Dos Santos «la mujer más rica de África».
La lucha contra la corrupción es una de las prioridades de Lourenço, quien reemplazó en septiembre de 2017 a José Eduardo dos Santos después de que éste dirigiera el país con mano de hierro durante casi 40 años.
Desde entonces, el Gobierno angoleño ha cancelado contratos de Isabel dos Santos realizados de manera irregular con el Estado angoleño y valorados en más de 20.000 millones de dólares.
