No importa si los pueblos mineros se han convertido en focos de contagio del COVID-19. Tampoco si allí el suministro de agua es un problema desde hace cinco años. Y menos si los centros de salud de la zona están dotados o no para atender a quienes caigan enfermos por el virus. En el Arco Minero del Orinoco no ha habido ni hay cuarentena radical como ha ordenado el gobierno de Nicolás Maduro. La muestra es que la violencia y los operativos militares en la zona, así como los accidentes fatales dentro de los yacimientos, han llenado titulares pese al encierro. La producción de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal que impera en Bolívar no se ha frenado. Así lo reseña un reportaje de Lorena Meléndez para Runrun.
A finales de abril, cuando ya Venezuela había cumplido casi mes y medio en confinamiento, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dejó claro que seguía su actividad.
“Ante la pandemia del coronavirus, el ‘motor minero’ continúa su compromiso con el fortalecimiento de la economía venezolana, con el programa Cuarentena Productiva, para garantizar el aporte de este sector a la nación. Los complejos industriales auríferos Manuel Carlos Piar y Domingo Sifontes, se encuentran totalmente operativos, cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19”, dice una nota de prensa publicada el 28 de abril en la web de la institución. En julio pasado, el propio titular de la cartera, Gilberto Pinto, informó vía Twitter que la agudización de la pandemia no ha detenido el sector.
Para Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, la actividad minera aupada por Nicolás Maduro ha seguido para mantener tanto a los altos funcionarios como a los grupos armados que les rodean y mantienen en el poder.
“La única explicación es la formalización del saqueo. Es más importante que el saqueo no se pare porque si se para, paran también los recursos para los saqueadores. Y los saqueadores están ávidos de oro, diamante, coltán y de mantener sus huestes, o sea, a sus grupos terroristas, paramilitares y violentos que comen todos los días. Le puede faltar la comida a un médico, a un maestro, y eso no le preocupa al régimen. Pero si le falta a uno de los pranes que administra la hacienda minera, eso se puede convertir en un motín armado”, apuntó el parlamentario desde Italia.
Al menos 66 desaparecidos entre 2012 y 2020 en las minas del sur de Bolívar
Al inicio de la cuarentena venezolana, el codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), Frédéric Massé, dijo a Runrun.es que la hipótesis que manejaba para el momento era que en los sectores mineros más remotos de la región no habría mayor impacto en la producción del oro, porque suelen ser zonas sin cuerpos policiales que ejerzan un control. Sin embargo, advirtió, que “la pandemia podría expandirse a zonas mineras” si llegase algún actor contagiado a la zona.
Eso, según De Grazia, fue lo que pasó, aunque hasta ahora no haya un registro oficial que lo demuestre. Asegura que en los pueblos mineros, las personas mueren de COVID-19 sin mayores protocolos sanitarios para que “siga el saqueo”.
“Según el régimen, nadie muere de COVID-19 y menos en el sur de Bolívar, ni en Guasipati, El Callao, Tumeremo, Upata, El Manteco. Todas las muertes son por otras razones: infartos, asfixia… Y nadie se atreve a desmentirlo porque hacerlo significa entrar en un conflicto infeliz con el régimen, porque hay persecución y hostigamiento. No vas a tener nunca cifras oficiales, como no se tienen de cuánto ingresa por coltán o diamante. Todos son números bien guardados porque no se registran”, sentenció el diputado.
Oficialmente, Bolívar es el quinto estado con mayor cantidad de contagios de COVID-19 (2,026 al 21 de agosto), pero apenas ha reportado ocho muertes en cinco meses. La administración de Maduro ha explicado que la alta cifra de enfermos corresponde a la cantidad de venezolanos con el virus que han ingresado a través de la frontera con Brasil. No ha mostrado cuántos hay en cada municipio y menos en el Arco Minero.
Lo que sí se conoció en mayo pasado fue que se detectó un caso de COVID-19 en Delta Amacuro y que se trataba de un minero que se había contagiado en Bolívar. En julio, el alcalde del municipio Sifontes (Tumeremo), Vicente Rojas, dijo a los medios de comunicación que en la jurisdicción había un “foco activo” de la pandemia y que había al menos 24 personas con el virus. En declaraciones a El Pitazo, aseguró que todos los mineros cumplían con un protocolo sanitario que consistía en acudir a un centro de salud para ser sometido a una evaluación y así obtener un permiso para entrar a las minas. No se pudo confirmar si esta práctica continúa activa en la zona.
La autoridad única de Salud de Bolívar y presidente del Instituto de Salud Pública (Ispeb), Franklin Franchi, informó en esos días que ese “foco” provocó una alarma en el estado y motivó una reunión con los alcaldes de la zona minera y distintos actores del lugar. Para ese momento se ordenó el “refuerzo de los protocolos de prevención” (que no se detallaron) y el aislamiento de los casos positivos de la enfermedad.
“El objetivo es crear un conjunto de normativas para prevenir la expansión de cualquier foco comunitario de COVID-19, que se complementarán con las acciones que venimos realizando en la frontera con Brasil y otras zonas vulnerables de la entidad”, indicó Franchi de acuerdo con una nota publicada en la web de VTV. Nunca se dieron a conocer públicamente esas normativas.
2020 con tapiados y masacres
Justo antes de que comenzara la cuarentena, los pueblos mineros habían sido noticia por hechos como la masacre de ocho personas en El Manteco, supuestamente a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el derrumbe en una mina en El Callao que dejó tres fallecidos; una balacera entre bandas en la que murieron cinco personas en la zona minera de Casacoima, en Delta Amacuro; y la entrada de un contingente de presuntos guerrilleros a Tumeremo, en el municipio Sifontes de Bolívar. La intención del grupo, de acuerdo con los reportes periodísticos de esos días, era apoyar al Ejército venezolano en la captura de los miembros de los “sindicatos” o bandas mineras que operan en la zona.
Ya en confinamiento, los uniformados (contingentes conformados por la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) ejecutaron varias incursiones armadas en las minas y hasta la fecha, de acuerdo con data recogida por Runrun.es, han cobrado la vida de al menos 22 personas y apresado a más de cuarenta entre civiles y militares que supuestamente colaboraban con los presuntos criminales en La Paragua y El Callao. En este último, las bandas mineras de la zona “El Perú” han figurado en la mayoría de los enfrentamientos.
Parte de estas muertes están dentro de las cifras que la ONG Fundaredes expuso en su estudio “Curva de la violencia en seis estados fronterizos”. Su balance del segundo trimestre de 2020 reveló que Bolívar fue, en ese lapso, la entidad limítrofe con mayor cantidad de homicidios: 186 en total, ocurridos en los municipios Caroní, Sifontes y El Callao. Los dos últimos son jurisdicciones ubicadas dentro del Arco Minero.
La organización también indicó que el estado había sido el segundo de los seis en donde se registraron más supuestos enfrentamientos: 64, con 91 víctimas entre heridos y muertos. “Otro indicador que enciende las alarmas en Bolívar es el salto registrado en el número de desapariciones, 13 casos, al compararlos con los siete que se registraron en el mismo lapso de 2019”, se lee en el documento.
