Armando.Info recolectó las relaciones extraoficiales llevadas por médicos de tres grandes hospitales públicos de Caracas y el interior del país. Solo esas cuentas superan con amplitud las cifras nacionales de víctimas de la Covid-19 que los portavoces del Gobierno ofrecen. El sistema establecido por las autoridades lleva por diseño al subregistro y al retraso: pruebas poco confiables, escasos laboratorios y la opacidad en los protocolos hacen que las muertes aumenten a una tasa más rápida que la capacidad -y la voluntad- para contarlas. Así lo reseña Isayén Herrera para Armando Info.
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Luz Balza, de 52 años de edad, murió el 11 de julio luego de 19 días padeciendo síntomas que parecían propios de la Covid-19. Presentó fiebre, tos, dolor en el cuerpo y dificultad para respirar. La primera prueba rápida que le aplicaron -que solo mide anticuerpos de la enfermedad- resultó negativa. Apenas fue después de 16 días postrada en cama y con una creciente dificultad para respirar cuando la misma prueba de diagnóstico dio positivo. Ya era muy tarde.
Mientras, el gobierno de Nicolás Maduro anunciaba cada noche, desde ese mismo mes de julio, el número de fallecidos en cada jornada como producto de la pandemia. La cifra rara vez superó las cuatro víctimas fatales por jornada. Pero en ese reporte no es seguro que se hayan incluido casos como el de Luz Balza.
Los boletines oficiales denotaban un empeño por transmitir control sobre la situación más que por confirmar las estadísticas. Todavía hoy, a principios de agosto de 2020, cuando hasta las cifras oficiales muestran un repunte exponencial, la puesta en escena de la comunicación oficial en pantalla -que contrasta con los cada vez más frecuentes anuncios de medianoche por Twitter- presenta al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ataviado con su bata de médico, como con ello queriendo asegurar que las autoridades saben lo que hacen y que no hay motivo de alarma en un país que no sufre los estragos del coronavirus como, en cambio, sí ocurre en Colombia y Brasil, naciones vecinas.
Pero puertas adentro de los centros de salud, la realidad es todo lo contrario.
Los pacientes mueren más rápido que lo que la limitada capacidad de diagnóstico con pruebas moleculares tarda en reaccionar. En cinco meses de pandemia el Ministerio de Salud no ha informado qué hacer exactamente con los casos sospechosos de muerte por Covid-19 que carecen del examen confirmatorio; pero, a la vez, tampoco ha autorizado que se descentralicen las pruebas diagnósticas, concentradas todavía en Caracas. La consecuencia inevitable de esta paradoja es el subregistro de casos. Muchos hogares pasan por el luto sin siquiera saber si fue la pandemia la que mató a su familiar. Mientras, las salas de urgencia se acercan al punto del colapso.
En consultas con personal sanitario de tres grandes hospitales del sistema público -el Hospital Universitario de Maracaibo, el Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona y el Universitario de Caracas- Armando.Info recopiló el número de fallecidos por Covid-19 en cada uno de esos centros. Aunque parcial, la radiografía resultante comprueba que la incidencia real de la pandemia y las muertes que ha causado exceden la cuenta ofrecida por las autoridades. Ello pone en duda la gestión que se hace de la pandemia, agudizada además por la erosión del sistema de salud y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde hace al menos dos años.
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En el Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia -extremo noroccidental del país, frontera con Colombia- fue a donde llegó Luz Balza con su emergencia. Le tomaron una muestra nasofaríngea que a la postre permitió confirmar el diagnóstico de Covid-19. Pero a esas alturas había poco que hacer. Murió al tercer día de hospitalización. Entre tanto, el resultado de la prueba confirmatoria del virus, que solo se puede procesar en Caracas, a 700 kilómetros de distancia, jamás fue notificado a sus familiares.
Por su cuenta, los médicos de este centro de salud de la capital zuliana ya suman 216 fallecidos con síntomas de Covid-19. El gobierno central, por su parte, hasta el 7 de agosto solo admitía 63 decesos en toda la entidad.
La premisa adoptada por el gremio médico en estos días de pandemia es que toda persona que muera con problemas respiratorios debe considerarse un caso de Covid-19 hasta que se demuestre lo contrario. Aunque los médicos comparten ese principio a la hora de llenar las actas de defunción, desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud aún no tienen un protocolo establecido para el registro. Al final del día, los médicos se percatan de que los casos sospechosos no forman parte de las estadísticas que cada noche anuncia la Comisión Presidencial.
Se trata de una zona gris que ya no debería generar dudas y ni tan solo plantearse. Tan pronto como el 17 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) marcó la pauta para incluir los casos sospechosos de Covid-19 en el conteo de la mortalidad.
Mientras el 16 de febrero la cifra mundial de casos detectados con Covid-19 ofrecida por la OMS fue de 51,857 (de los que 51,174 estaban en China), la multilateral informó un día después que los casos detectados aumentaban a 71,429.
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La OMS aclaró en su boletín que ese salto de casi 50% en el número de casos detectados de un día al otro se debió a que incluyeron en el conteo a los que tenían el diagnóstico clínico, es decir, a los que tenían los síntomas compatibles con el virus. Desde ese momento el organismo internacional avaló el sistema de codificación y clasificación de casos en el contexto de la Covid-19, que, si bien diferencia entre aquellos donde el virus ha quedado identificado en el paciente que muere y los que no tienen el virus confirmado pero evidenciaron ser un caso probable, los junta. En este caso no se trata de sumar peras y manzanas: el término “caso sospechoso de Covid-19” tiene validez técnica y debería incluirse en la contabilidad.
Mientras el coronavirus avanza más rápido que la capacidad de detección del virus, no parece haber una buena explicación para que se continúe sin adoptar unos protocolos que permitan tener una imagen más ajustada y fidedigna de la realidad -y, con ello, una aproximación más efectiva-. El subregistro persiste a sabiendas de todas las partes interesadas. La escasa cantidad de laboratorios habilitados para procesar las muestras, la falta de pautas para notificar y clasificar los decesos, y la confianza puesta en el uso masivo de pruebas rápidas que solo detectan anticuerpos -pero no confirman la enfermedad-, conforman juntas una receta para la ceguera.
Las autoridades venezolanas solo avalaron al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), ubicado dentro del campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, para realizar la prueba molecular de diagnóstico llamada PCR. Allí se procesan las muestras de los pacientes de todo el país.
A esta opción se sumó un laboratorio móvil que fue habilitado en la frontera del estado Táchira con el departamento de Norte de Santander, en Colombia, para agilizar las pruebas de los migrantes que retornan. Se sabe poco sobre la capacidad de esa instalación. El 21 de julio se anunció además que el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), con sede en las afueras de Caracas, también quedaba autorizado para realizar pruebas de PCR (en español RCP o reacción en cadena de la polimerasa).
Aún con esas nuevas adiciones, la capacidad de diagnóstico resulta ínfima para un país de 30 millones de habitantes: dos laboratorios y una unidad móvil. En contraste, Colombia cuenta con 81 laboratorios trabajando en la detección del virus; Perú, con 19; Ecuador; con 21.
La consecuencia más evidente es que hay un retraso en las confirmaciones. “Las pruebas duran entre 15 y 18 días en llegarnos. Los pacientes mueren más rápido que eso y se mandan a enterrar o cremar”, cuenta un médico que trabaja en el Hospital Universitario de Maracaibo y pide mantener su identidad en resguardo.
Esto quiere decir que la fotografía epidemiológica que muestra la Comisión Presidencial para la Covid-19 cada noche es, cuando menos, la que corresponde a tres semanas antes. Las decisiones son atemporales y el virus avanza a una velocidad desconocida. “Estamos viendo una epidemia en diferido”, sentencia el exministro de Salud, José Félix Oletta.
Para colmo, el número total de muestras que el país tiene capacidad de hacer y procesar cada día es un secreto bien guardado e innecesario.
Hasta ahora se ha podido inferir ese número a través de las estadísticas que publica la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (Ocha). Según la Ocha, al 28 de julio, el Gobierno venezolano aseguraba que había hecho 1,511,433 pruebas diagnósticas de Covid-19, de las que calculaba que alrededor del 5 a 6 por ciento eran pruebas PCR. En proporción, se podría concluir que apenas había capacidad para procesar entre 90 y 100 pruebas PCR diarias.
Una de las propuestas del asesor de Salud de la Asamblea Nacional -opositora- desde el inicio de la epidemia, el infectólogo Julio Castro, ha sido la de ampliar el número de laboratorios autorizados para seguirle la pista a la enfermedad. Asegura que hay diez laboratorios que practican pruebas PCR de otros virus que podrían sumarse y así descentralizar el trabajo.
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“El ministerio conoce la información de laboratorios del país que ya hacen PCR de otros virus, que tienen los equipos y certificación. No entendemos cuál es la razón para no ampliar los sitios”, explica.
La Academia Nacional de la Medicina y sociedades médicas científicas recomendaron en un comunicado del 30 de julio que se aumentaran las pruebas diagnósticas hasta no menos de 8,000 al día, esto es, un incremento del mil por ciento. Además, habría que garantizar la obtención de resultados en no más de tres días a partir de la toma de las muestras.
“Es posible que al Gobierno le convenga el subregistro para mostrar un éxito extraordinario”, supone el exministro Oletta, enfrentado a las cifras oficiales, que señalan un índice de mortalidad de 1,7%, ligeramente superior al promedio global de la OMS (0,6%), pero significativamente menor al de países vecinos. “Lo que ocurre es que no tiene la capacidad. Y esto último está pasando porque no se ha esmerado para hacer las pruebas”.
Es cierto que las dificultades para conformar las estadísticas de la Covid-19 y su saldo de muertes no son exclusivas de Venezuela. Es un proceso sobre la marcha, como todo con esta emergencia sobrevenida. Pero la diferencia es que en distintos países, desde China a España o Ecuador, las autoridades han sometido sus protocolos de registro a constante revisión y enmienda, de modo de sincerar sus números. En Venezuela no.
