Se está desarrollando una batalla de último minuto sobre el destino de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que el gobierno colombiano quiere que regrese luego de cumplir una larga sentencia (12 años) por tráfico de drogas en una prisión estadounidense. Así lo reseña Joshua Goodman para The Associated Press.
Mancuso permanece bajo la custodia de Estados Unidos mientras Colombia, donde los tribunales lo han juzgado responsable de más de 1,500 actos de asesinato o desaparición forzada, lucha contra una orden estadounidense que lo enviaría a Italia, donde también tiene la ciudadanía.
Los abogados de Mancuso afirman que lo matarían si regresa al país sudamericano que ha luchado por recuperarse de décadas del sanguinario conflicto en Colombia. Argumentan que ya ha cumplido con sus obligaciones en virtud de un acuerdo de paz que negoció en 2003, que limita las penas de prisión a ocho años para los jefes paramilitares que confiesan sus crímenes.
Las muchas víctimas que Mancuso dejó atrás dicen que está en juego la justicia que durante mucho tiempo les ha sido negada. Los funcionarios colombianos también se quejan que negar la solicitud de que Mancuso sea deportado de regreso a casa sería un desaire de alto perfil hacia un aliado incondicional que sufrió un conflicto civil de décadas que dejó 260,000 muertos y millones más desplazados. La matanza se vio agravada por la demanda en EEUU de la cocaína colombiana, que financió a grupos armados ilegales, incluidas las Fuerzas de Defensa Unidas de Colombia de Mancuso, conocidas como AUC.
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Los sucesivos gobiernos conservadores han enviado a varios miles de colombianos a enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Mancuso se encuentra entre los de más alto perfil, habiendo dirigido la fabricación y envío de más de 138,000 kilogramos de cocaína, según su acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos.
“Llevarlo a Italia sería una repugnante traición para las víctimas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si el gobierno colombiano está honestamente comprometido con la justicia por crímenes atroces, debería agotar todas las vías legales para llevar a Mancuso de regreso a Colombia, hacer que rinda cuentas y evitar esta humillación a las víctimas”.
La lucha subraya la asignatura pendiente del proceso de paz paramilitar, conocido como Justicia y Paz, que llevó a la desmovilización de 30,000 paramilitares, pero que quedó muy lejos de su ambicioso objetivo de decir la verdad y la reconciliación.
Esas heridas reaparecieron este mes cuando la Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto del expresidente Álvaro Uribe mientras investiga si ayudó a sobornar a los testigos para mantener a raya las sospechas que se arremolinaban durante mucho tiempo sobre su propia relación con los grupos paramilitares.
