Bandas dedicadas a la trata y el tráfico de personas actúan en el país en las narices del gobierno de Nicolás Maduro. La crisis generalizada que vive la nación y la migración que esto generó convirtió a los venezolanos en blanco fácil para estas redes dedicadas a transar a connacionales para lucrarse. Así lo reseña un reportaje de Tal Cual.
Venezolanos están altamente expuestos a ser víctimas de trata de personas
El brazo de la trata y el tráfico de personas se extiende por todo el territorio nacional. En uno de los estados donde se ha hecho seguimiento al tema es en Bolívar, entidad que debido a la presencia de grupos irregulares y por el resurgir de la actividad minera se convirtió en el escenario propicio para que estos delitos se ejecuten.
La coordinadora de la oficina de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Guayana, Eumelis Moya, advirtió que «en el estado Bolívar el precio de una mujer oscila entre los cinco y los diez gramos de oro. Eso es el equivalente a 47 dólares».
Eumelis Moya acotó que en la entidad 74% de las personas captadas por redes de tratas de personas son mujeres y 26% son hombres.
Detalló que en el estado la captación de la víctimas sigue el patrón de raptos o secuestros y por experiencias de supuestos amigos. Sobre lo último, relató que la oficina que coordina supo de un caso hace dos meses de una joven -que pese a las restricciones de movilidad que entraron en vigor en el país tras reportarse los primeros casos de coronavirus- que llegó a Bolívar desde Caracas que invitó a una amiga a una reunión de trabajo. No se supo más de las jóvenes desde entonces.
«De cada cinco casos que hemos logrado entrevistar, tres y medio hablan de ofertas laborales engañosas«, dijo Mora durante el seminario El auge de la trata de personas en Venezuela desde 2018.
Agregó que cuando se habla de ofertas engañosas se trata de explicaciones falsas sobre el tipo de trabajo que se ofrece o las condiciones en las que laborará.
La abogada explicó que en los municipios mineros de Bolívar como Roscio o El Callao a las mujeres las contactan ofreciéndoles trabajos como cocineras y lavanderas en los campamentos mineros y cuando llegan no son contratadas sino obligadas a prostituirse.
De acuerdo a lo señalado por la experta, muchas de estas redes actúan a través de las plataformas sociales o por medio de supuestas academias de modelaje, canto o deportes.
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Los grupos armados en la entidad también incurren en estos delitos. Moya develó que estas bandas en muchas ocasiones se fijan en personas que no tienen la posibilidad de decidir si unirse o no y que en el caso de las mujeres si cumplen con características físicas las raptan.
Eumelis Moya detalló que en un estudio realizado desde la oficina de Derechos Humanos de la UCAB se documentaron casos de mujeres prostituidas por sus esposos que son los que negocian las condiciones de seguridad.
Trata y tráfico de personas
Aunque están estrechamente vinculados, el tráfico y la trata de personas son delitos diferentes, así lo aclaró el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño, quien explicó que el fenómeno de tráfico de personas habla de trasladar a la personas de un lugar a otro, inclusive dentro de un mismo país, como por ejemplo lo que ocurre con las personas que son llevadas al Arco Minero.
En este sentido, expuso que generalmente quienes son víctimas de tráfico posteriormente son sometidas a un esquema de trata, pero que no siempre las víctimas de trata son traficadas.
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Cedeño señaló que desde 2015 se comenzaron a conocer sobre casos de venezolanos víctimas de estos delitos en países destino como Estados Unidos, España, Colombia y algunos países de Europa.
Según el experto, a los países destino también les interesa acabar con estas redes, pues es en su territorio donde se socavan las libertades de las personas.
«Este es un delito con una altísima cifra negra. Hay un subregistro, es un delito muy sofisticado y complejo que tiene varias cadenas dentro de su fenomenología. La persona que capta, no es la misma que trafica y que en el país de destino la trata», apuntó.
A su juicio, para desmontar estas redes es necesario que se implementen políticas binacionales en las que el gobierno de Venezuela pueda trabajar con los países de destino. Cedeño aseguró que la decisión de no denunciar de las víctimas hace más imperceptible la presencia de estas redes.
