Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales. Así lo reseña un reportaje de Javier Mayorca para el blog Crímenes Sin Castigo.
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Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorégimen”.
Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cártel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.
No es la primera vez que la palabra narcorégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EEUU, que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.
Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar. En el caso venezolano, se indica la permanencia en el poder gracias al reemplazo de la renta petrolera.
La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.
Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.
Según la ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas Mildred Camero, por el país pasan unas 300 toneladas de cocaína al año. Si se toma esta cifra como cierta para 2019, estaríamos ante un incremento de 20% en el paso de esta sustancia, si se compara con lo señalado por ella misma para 2018, y de más de 100% con respecto a los años iniciales del régimen de Maduro.
Aunque los estimados de producción mundial de cocaína difieren según sea el organismo, la última cifra arrojada por la Organización de Naciones Unidas indica que salieron al mercado 1,723 toneladas de la mayor pureza. Se trata de una industria ilegal que se concentra básicamente en Perú, Bolivia y Colombia.
Colombia ocupó el primer puesto entre los países productores, con aproximadamente 950 toneladas, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés).
La cocaína de Perú y Bolivia tiene sus rutas de salida naturales hacia Brasil, Argentina y el Pacífico, mientras que la colombiana puede ir por este océano o por el mar Caribe. Por Venezuela pasa, entonces, el 30% de la cocaína producida en Colombia.
¿Cuál sería la relación establecida entre los operadores venezolanos y los productores de la droga? Los casos consignados en EEUU contra Hugo Carvajal y los generales Reverol y Molina pueden ser tomados como referencia, aunque hay otros. De acuerdo con las acusaciones ventiladas en cortes de Nueva York y Florida, ellos no eran los propietarios de la mercancía sino los facilitadores de su paso. Es decir, los manejadores de las rutas internas. Entonces, la ganancia solo derivaría de un servicio prestado a los verdaderos carteles.
Un aspecto que ha sido objeto de debate en foros cerrados tiene que ver con el mayor involucramiento de efectivos policiales y militares venezolanos en el manejo de la ruta interna, en especial luego de la muerte de Hugo Chávez. Pareciera que durante los primeros años de este siglo no hubo un control férreo, pero en todo caso concentrado en el grupo reducido de oficiales que mencionó Walid Makled en entrevistas a distintos medios, antes de su extradición a Venezuela, y también el coronel Eladio Aponte, mientras era llevado a EEUU para convertirlo en informante. Eran los funcionarios que manejaban los puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad de alcance nacional.
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Al morir Chávez ocurrió una dispersión, y entre 2015 y 2018 empezaron a verse casos de militares de baja graduación detenidos mientras llevaban alijos en sus propios vehículos, o en los de sus unidades.
