Un análisis de médicos nicaragüenses basado en documentos «hackeados» por Anonymous y divulgado por la oposición concluyó que el Gobierno de Nicaragua ha estado «ocultando» los datos reales de la pandemia. Con información de EFE.
De acuerdo con ese análisis, coordinado por el epidemiólogo Álvaro Ramírez y presentado por la oposición, el Ministerio de Salud lleva registro de 9,683 casos positivos de coronavirus y no de 4,115 que reconoce hasta hoy, lo que supera incluso los 9,646 reportados por el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19.
Ramírez, quien dijo que en el informe se corroboró la autenticidad de supuestos documentos oficiales «hackeados» por Anonymous, destacó que la situación de la pandemia en Nicaragua podría ser más crítica si se toma en cuenta que hasta ahora solamente se ha tenido acceso a los casos graves.
«Eso significa que por cada caso ha habido de 96 a 98 más circulando en la calle, que no son graves, y si hablamos de 9,683 confirmados, podríamos pensar que hasta el 24 de julio pudo haber unos 100,000 infectados de COVID-19», explicó el epidemiólogo nicaragüense desde su oficina en Irlanda.
Una de cada dos pruebas dan positivo
Según el informe, los documentos del Ministerio de Salud «hackeados» y que el Gobierno «ha ocultado» demuestran que el 56 % de las pruebas de COVID-19 dan resultado positivo, lo que el experto calificó como «el porcentaje más alto de positividad en el mundo».
El médico, que insistió en que el estudio está «regido por los más altos estándares éticos», indicó que en marzo pasado, una semana después de que se reportara el primer caso, el Gobierno admitía la existencia de dos pacientes, cuando en sus bases de datos tenía 14.
Dos meses después, dice el experto, las autoridades admitían 254, a pesar de que en sus datos aparecían 2,558, con 974 trabajadores de la salud afectados.
Ramírez afirmó que el estudio ya fue presentado ante el Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que realice sus propias verificaciones.
La oposición critica datos del gobierno
Dirigentes de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que se encargó de presentar y divulgar la investigación, criticaron el manejo de la información por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega y lo señalaron de haber violado al menos tres leyes, incluyendo la Constitución, así como dos normativas internacionales, relacionadas con la salud y los derechos humanos.
«Estamos viviendo una situación muy difícil y peligrosa, ocultar información es característico de este régimen y de todos los regímenes dictatoriales. El estudio demuestra la irresponsabilidad criminal del régimen de Ortega, y reconoce el trabajo que hacen los médicos de Nicaragua y del Observatorio Ciudadano», señaló la dirigente de la Unidad, Violeta Granera.
El también dirigente opositor Guillermo Incer dijo: «ahora tenemos pruebas de ello (de la mentira), de la negligencia y la irresponsabilidad del régimen».
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«La cantidad de médicos y niños contaminados (120) es alarmante, todo esto estaba a vista y paciencia del régimen, y nos lo ha ocultado. Estamos ante una dictadura criminal que desprecia la vida, la salud y las leyes», agregó.
En un documento presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aspirar a un préstamo por 43 millones de dólares para enfrentar la pandemia, el Gobierno aceptó que no tiene capacidad para detectar de forma eficiente los casos positivos y que solo cuenta con un laboratorio para los test.
Según los datos oficiales, 133 personas han muerto por la COVID-19 en Nicaragua.
Mientras, el Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta 2,626 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia.
El manejo de la pandemia en Nicaragua ha sido criticado por la comunidad internacional, incluyendo la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA).