Panamá es uno de los países emergentes de Centro América. Desde 2010, el país ha registrado un crecimiento económico entre 3,7% y 11,3 %. Los rascacielos ahora dominan el horizonte de la ciudad capital en la costa Pacífica. Con información del diario suizo Tages-Anzeiger.
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Pero ese rápido crecimiento tiene su contraparte. La infraestructura existente no era capaz de mantener el ritmo. Para prevenir el inminente colapso del tráfico, Panamá invirtió en un nuevo subterráneo: la construcción de las dos primeras líneas del Metro costó 3.3 mil millones de euros. La construcción empezó en 2010, y la segunda sección fue abierta en abril del año pasado.
El billonario contrato fue otorgado a la empresa española de construcción Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), el grupo brasileño Odebrecht y la francesa Alstom Group, que también opera en Suiza con su división de transporte.
Según documentos a los que tuvo acceso el periódico Tages-Anzeiger: 82 millones de euros fueron pagados en sobornos, a través de un banco suizo, para obtener el contrato. Este es el resultado de la sentencia de la Tribunal Penal Federal, a mediados de mayo.
De acuerdo con la decisión, el intermediario financiero involucrado se resiste a entregar la información de las cuentas bancarias suizas a los fiscales en Madrid. El juez en Bellinzona, sin embargo, resolvió que le correspondía al juez en España decidir si los documentos muestran una conexión criminal relevante.
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Como los documentos fueron útiles para alcanzar un veredicto, por lo tanto fueron remitidos. No queda claro en la sentencia qué institución financiera está involucrada.
La empresa constructora se presentó como víctima
El escándalo de corrupción sobre la construcción del Metro ha sido ampliamente reportado en los medios de comunicación españoles, pero hasta el momento, el caso ha pasado desapercibido en Suiza. La empresa constructora FCC está siguiendo una ofensiva en su política de información hacia el diario español El País, y también hacia el fiscal que investiga el caso. La compañía, que más recientemente tuvo una facturación de 5.5 mil millones de euros, no niega la acusación de corrupción.
Pero, la compañía, que tiene su casa matriz en Barcelona, volteó la mesa y afirma que ha sido una víctima. Mauricio Cort, un abogado y consultor de la ciudad de Panamá, que fue contratado por FCC, es responsable de los pagos corruptos ilegales. Su misión: darle apoyo a la compañía en su propuesta por el multimillonario contrato.
De acuerdo con una investigación interna, resultó que Cort ha enviado a la compañía 38 facturas por un total de 82 millones de euros, por las cuales, sin embargo, no había una contraprestación.
El dinero fluyó a Panamá, vía Andorra
Para disfrazar el flujo de sobornos, el dinero de Suiza fue canalizado por la Banca Privada d’Andorra, en el pequeño Estado del mismo nombre. De allí, fueron enviados a funcionarios en Panamá.
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La investigación en Andorra reveló que las cuentas no solo fueron utilizadas para pagar los sobornos del Metro, sino para otros contratos de FCC en países latinoamericanos. El consultor Cort transfirió un total de 434 millones de euros a Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.
Millones para el expresidente
El dinero también fluyó así en el caso de corrupción del Metro de Panamá y llegó a las cuentas de los tomadores de decisiones en la asignación de los contratos. De acuerdo con declaraciones de un representante de FCC ante el despacho de los fiscales de Madrid, parte del dinero de los sobornos fue para un anterior presidente del país. Ricardo Martinelli, quien gobernó del 2009 al 2014, ya está siendo investigado por corrupción en otro caso.
De acuerdo con las publicaciones periodísticas de medios panameños, los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, también se beneficiaron de los sobornos. Varios millones estaban depositados en Pictet and Lombard Odier, un banco con base en Ginebra, y en una cuenta del banco privado Notenstein La Roche, que posteriormente se integró al Vontobel Group.
En su caso, los sobornos fueron supuestamente pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht. Para ocultar el origen de los fondos, las cuentas fueron abiertas por empresas con sede en las Bahamas.
El dinero casi siempre termina en bancos privados suizos
De hecho, los procesos conducidos ahora por la fiscalía española son parte de una investigación a Rodrigo Tacla, un exabogado de la empresa Odebrecht. Los investigadores que siguieron el flujo del dinero en este caso, casi siempre terminaron en bancos privados suizos.
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Los sobornos pagados por Odebrecht han sido un tema de preocupación de la Oficina del Procurador General de Suiza desde 2015, cuando inició procesos contra la empresa, por blanqueo de capitales y pagos de sobornos. En el curso de la investigación, otras 60 investigaciones penales fueron iniciadas y se congelaron 620 millones de francos suizos.
La oficina del Procurador General de Suiza investiga
La oficina del Procurador General de Suiza también actuó contra dos bancos: el PKB Privatbank, en Tesino, y J. Safra Sarasin. Recientemente, J. Safra Sarasin confirmó que la Oficina del Procurador General de Suiza abrió una investigación en su contra. La institución financiera es acusada de deficiencias organizacionales. La entidad falló en la prevención de sobornos de funcionarios públicos extranjeros y de evitar el lavado de dinero.
Las investigaciones siguen en curso, pero para los responsables en el banco, esto se trata de un asunto del pasado. En la conferencia de prensa realizada por el J. Safra Sarasin, en marzo pasado, Jürg Haller, el ‘chairman’ de la junta directiva, dijo sobre la investigación: estas son responsabilidades heredadas, “hoy tenemos los riegos de cumplimiento bajo control”.
