Ha sido un verano difícil para Venezuela. De por sí debilitado y en plena batalla con un confinamiento riguroso, el país ahora experimenta además un desastre ambiental de enormes proporciones. En julio, una refinería estatal fue el origen de un considerable derrame petrolero que ha afectado el Parque Nacional Morrocoy, uno de los más biodiversos del país. Por si fuera poco, Venezuela también ha tenido que lidiar con una nueva crisis política. El gobierno asumió el control de la junta ejecutiva de varios partidos de oposición, lo que, en esencia, equivale a haberlos anulado. Así lo reseña un reportaje de Javier Corrales para The New York Times.
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Estas catástrofes en realidad son dos caras de la misma moneda. El creciente autoritarismo en Venezuela causó el deterioro de la gestión petrolera, que a su vez ha producido un deterioro ambiental. Encima, la mala gestión petrolera ha acentuado el carácter autócrata del régimen, lo que también está causando el fragmento de la oposición.
Los expertos regularmente debaten si la riqueza del sector petrolero contribuye al surgimiento del autoritarismo. Según esta hipótesis, las grandes cantidades de dinero que atrae el petróleo le permiten al gobierno que brinde un auge en el consumo del público en lugar de garantizar derechos políticos y también destinar un financiamiento generoso a fuerzas represivas para mantener el orden. Sin embargo, el caso de Venezuela parece demostrar que el deterioro del sector petrolero puede ser, al mismo tiempo, causa y efecto de un autoritarismo recalcitrante.
Venezuela solía ser uno de los productores de petróleo más competitivos del mundo. Por desgracia, la industria se fue desgastando en las dos décadas pasadas, primero bajo el mando de Hugo Chávez y ahora de su sucesor, Nicolás Maduro. En términos de reservas demostradas, es posible que Venezuela tenga más petróleo que Arabia Saudita. No obstante, en el área de producción la industria petrolera venezolana se ha ido a pique; basta señalar que la producción petrolera se encuentra al nivel más bajo en 77 años.
Chávez erosionó el sistema de controles tanto dentro como fuera de la petrolera estatal y la convirtió en su cajero personal. Se remplazaron ingenieros petroleros con miembros fieles al partido chavista. Dejaron de aplicarse protocolos de inversión. Se ignoraron los estándares de seguridad. Lo único que importaba era que la petrolera atrajera dólares para financiar las elecciones del partido gobernante.
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En consecuencia, la producción decayó entre 2003 y 2014, justo en una época de bonanza para los precios del petróleo. Ninguna nación petrolera con mercados abiertos vivió esta extraña situación. Aunque muchos opinan que se debió a las sanciones impuestas por Estados Unidos, existen abundantes pruebas de que el colapso sucedió en Venezuela y antes del mandato de Trump.
La debacle petrolera de Venezuela ha tenido un enorme costo ambiental. La corrupción, la falta de inversión y los controles débiles llevaron al colapso económico de PDVSA. También son responsables del aumento de accidentes y derrames petroleros. Según un informe, el país produjo 46,820 derrames tóxicos entre 2010 y 2018, que vertieron un total de 856,000 barriles de petróleo al medioambiente. Entre julio y agosto de este año, se calcula que unos 26,000 barriles de petróleo afectaron hasta 350 kilómetros de costa. Se trata del segundo derrame de mayor importancia este año. Por si fuera poco, hace unos días se dieron a conocer reportes sobre un enorme buque cisterna anclado en aguas venezolanas, el FSO Nabarima, que está a punto de hundirse por falta de mantenimiento adecuado. Si este buque petrolero se hunde, el derrame causado podría ser cinco veces mayor que el derrame del Exxon Valdez en 1989.
El derrumbe de los precios del petróleo desde mediados de 2014 hasta principios de 2016 también agravó una crisis económica sin precedentes. Como la producción ya era notoriamente baja en 2015, la economía de Venezuela se hundió más que otros Estados petroleros. La economía nacional se ha seguido contrayendo cada año desde entonces, causando una crisis humanitaria y de refugiados comparable a la experimentada en Siria.
Esta crisis petrolera también ha provocado un endurecimiento del autoritarismo. En circunstancias normales, una crisis económica como la que sufre Venezuela habría dado pie a alguna de estas dos consecuencias en el ámbito político: un cambio de políticas públicas o un cambio de gobierno. En Venezuela, sin embargo, ha producido más represión.
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Para los partidos gobernantes, un cambio en las políticas públicas por lo regular tiene sentido si les interesa mantener su competitividad electoral. El problema es que desde mediados de la década del año 2000, al régimen de Venezuela dejó de interesarle la competencia justa. Lo único que le interesa es no abandonar el poder.
Así que en lugar de hacer correcciones a sus políticas, Maduro ha recurrido a la minería ilegal del oro (también con un costo funesto para el ambiente y la seguridad humana), la represión de las protestas ciudadanas y a trucos electorales, lo cual derivó en la nacionalización de los partidos opositores.