La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó la lista de funcionarios del régimen de Maduro sancionados. Entre ellos figuran David De Lima, Indira Alfonzo, José Luis Gutiérrez (nuevo rector del CNE) y Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador general de la República dispuesto en el cargo por el TSJ ilegítimo.
“El corrupto régimen de Maduro está intentando tomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela a través de elecciones fraudulentas”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.
En abril de 2020, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza fue nombrado Procurador General de la República. La Asamblea Nacional del presidente Juan Guaidó rechazó esta decisión y la usurpación de ese cargo, y posteriormente instó a los tribunales extranjeros, tribunales de arbitraje internacional y otras autoridades extranjeras a no aceptar la representación de Muñoz Pedroza o abogados designados por él como representantes del gobierno venezolano. La Asamblea Nacional también instó a sancionar a Muñoz Pedroza por su colaboración con el régimen de Maduro.
TSJ ilegítimo suspende la actual directiva de Voluntad Popular
En junio de 2020, el TSJ de Maduro nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral. Dos de los nuevos funcionarios serían Indira Maira Alfonso Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra. Esta acción forma parte del plan para dar lugar a la farsa electoral parlamentaria el 6 de diciembre de 2020.
Corrupción pública
Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, el ex gobernador venezolano David Eugenio De Lima Salas, en colaboración con Tareck El Aissami y el colombiano Alex Saab, fue el líder de dos esquemas de corrupción de compra de votos conocidos como “Operación Maletín Verde” y “Operación Alacrán” que orquestó en nombre de Maduro.
De Lima Salas habría comprado los votos de diputados de la oposición en la Asamblea Nacional en montos de hasta 1 millón de dólares de dóalres. Estos sobornos se realizaron con el propósito de evitar la reelección en enero de 2020 de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El dinero en efectivo para los sobornos supuestamente fue proporcionado por las redes de lavado de dinero y corrupción de El Aissami y Saab.
