Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue a raíz de que un terrorista se inmolara en 2003 en un autobús en Jerusalén, matando a siete personas y dejando heridas a otras 20. Uno de los supervivientes, Steven Averbach, decidió llevar el Arab Bank a los tribunales de Estados Unidos, acusándolo de haber movido dinero que había servido para financiar el atentado del autobús y otros ataques terroristas. A medida que el proceso judicial avanzaba, los reguladores estadounidenses encontraron en 2005 fallos en los controles del banco jordano contra el blanqueo de dinero, ordenándole que redujera sus transferencias hacia Estados Unidos. Así lo reseña un reportaje de El Confidencial.
Pese a ello, Standard Chartered miró para otro lado y siguió ayudando a los clientes del Arab Bank a acceder al sistema financiero de Estados Unidos, incluso después de que las autoridades norteamericanas avisaran al banco británico —que luce como patrocinador principal de la camiseta del Liverpool— de que detuviera las transacciones a favor de clientes sospechosos. Las advertencias se transformaron en diciembre de 2012 en una multa de 227 millones de dólares por haber «conspirado con el Gobierno de Irán» para mover 250.000 millones de dólares en transacciones secretas, obteniendo «cientos de millones en comisiones» y dejando «el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y regímenes corruptos».
A pesar de sus promesas oficiales de mantenerse alejado de los clientes sospechosos, Standard Chartered procesó 2,055 transacciones por un importe total de más de 24 millones de dólares a favor de clientes del Arab entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014. Ese mismo mes, se conoció el fallo del proceso judicial iniciado por Averbach, el superviviente del atentado en Jerusalén muerto en 2010 como consecuencia de las heridas sufridas. Un jurado de Brooklyn encontró al Arab Bank responsable de haber apoyado a sabiendas el terrorismo al transferir dinero camuflado como donaciones en beneficio de Hamás, el grupo terrorista palestino. Pero incluso tras la sentencia —posteriormente anulada por fallos en el procedimiento judicial—, Standard Chartered siguió moviendo dinero con origen o destino en el Arab Bank: casi 12 millones de dólares hasta febrero de 2016.
La relación comercial entre los bancos británico y jordano se puede reproducir a través de los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) enviados por los responsables de cumplimiento de Standard Chartered a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Más de 2,100 de estos documentos, hasta ahora secretos, constituyen la filtración FinCEN Files, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) después de que BuzzFeed News obtuviera estos archivos y los compartiera con un equipo formado por más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países. Durante los próximos días, El Confidencial y La Sexta publicarán en exclusiva en España el contenido más relevante de estos archivos.
Los archivos filtrados ofrecen una visión única del secreto mundo del sistema bancario internacional. Clientes anónimos, delitos financieros y los fallos de los grandes bancos internacionales a la hora de controlar cualquier transferencia sospechosa e informar al FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos, equivalente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) español. Los documentos recogen transferencias marcadas como sospechosas por los departamentos de cumplimiento de los bancos por un importe superior al menos a dos billones de dólares entre 1999 y 2017, equivalente al PIB de un año de Italia. Los informes SAR reflejan las preocupaciones de los vigilantes dentro de los bancos, pero no son necesariamente evidencia de delitos financieros o malas prácticas.
Aunque representan una gran cantidad, los dos billones de dólares identificados como transacciones sospechosas son solo una gota en un océano aún más grande de dinero sucio moviéndose a través de los bancos de todo el mundo. Los FinCEN Files representan menos del 0,02% de los más de 12 millones de informes SAR que las instituciones financieras remitieron a la agencia estadounidense entre 2011 y 2017.
Los documentos muestran que cinco gigantes bancarios mundiales —JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon— continuaron beneficiándose de los negocios de poderosos y peligrosos personajes incluso después de que las autoridades de Estados Unidos les advirtieran de estas relaciones comerciales e incluso los multaran por fallos en el pasado a la hora de contener los flujos de dinero negro.
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En el caso de Standard Chartered y su relación con el Arab Bank, un SAR del banco británico enviado un año después del fallo judicial por el atentado de Jerusalén admitía la «potencial financiación del terrorismo» del banco jordano. Standard Chartered detalló aún más estas actividades en un posterior SAR de seguimiento del caso, al advertir de que «actividades ilícitas» estaban siendo financiadas «bajo la apariencia de beneficencia» y donaciones.
El banco británico no contestó a las preguntas del ICIJ sobre el Arab Bank, y manifestó de forma genérica: «La realidad del sistema financiero global es que siempre habrá intentos para blanquear dinero y evitar sanciones. La responsabilidad de los bancos consiste en construir sistemas efectivos de detección y seguimiento. Nosotros trabajamos codo con codo con los reguladores y las autoridades para llevar a los autores ante la Justicia». En un comunicado, Arab Bank manifestó que «aborrece el terrorismo y no apoya ni fomenta las actividades terroristas». El banco jordano añadió que las acusaciones datan de hace casi 20 años, cuando las leyes antiblanqueo, las herramientas y las tecnologías eran diferentes de las actuales.
Jueces y parte
Los bancos tienen encomendada la misión de ser la primera punta de lanza contra el blanqueo de capitales. Cada banco cuenta con un departamento de cumplimiento o ‘compliance’ encargado de identificar y examinar transacciones que, por sus características (grandes cantidades de dinero, origen o destino en paraísos fiscales, uso de sociedades pantalla…), representen un indicio de lavado de dinero. Ante cualquier sospecha, los empleados de cumplimiento deben reportar las operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera del país en cuestión, el FinCEN en Estados Unidos o el Sepblac en España, que será la encargada de investigar a fondo los movimientos de dinero y en su caso denunciarlo ante los tribunales.
Pero al mismo tiempo que deben frenar los intentos de blanqueo de dinero, las instituciones financieras se embolsan comisiones millonarias por las transferencias que se realizan a través de sus cuentas. Por ejemplo, JP Morgan ingresó 500 millones de dólares de beneficios por ejercer de banco principal para Bernie Madoff, sentenciado a 150 años de prisión por un gigantesco fraude piramidal. Al igual que ocurre con las grandes auditoras, los bancos tienen pocos incentivos para reportar unas prácticas sospechosas que al mismo tiempo les están generando muchos beneficios en forma de comisiones bancarias. Ello se traduce, como muestran los FinCEN Files, en que en muchas ocasiones los gigantes financieros pasen años y años sin reportar movimientos sospechosos de dinero y, cuando lo hacen, lleguen tarde a las unidades nacionales de inteligencia financiera y tengan un efecto limitado. El propio Sepblac español ha advertido de este fenómeno en su última memoria anual.
El Sepblac advierte en su última memoria de que muchos indicios de blanqueo se reciben «con un importante retraso», lo que reduce «las posibilidades de explotación exitosa de la información».
«Es muy importante recordar que la comunicación por indicio [el equivalente español al SAR estadounidense] debe realizarse sin dilación (…). Gran parte de la eficacia del sistema de prevención se basa en que la información fluya con rapidez hacia los organismos que deben explotarla. La valoración de la calidad de las comunicaciones por indicio, en general, suele registrar en este apartado su peor calificación, por lo que existe margen de mejora», subraya el Sepblac. Y continúa: «En consecuencia, se deben optimizar los procesos de revisión de las alertas y exámenes especiales para que aquellas operativas relevantes o trascendentes que deban ser objeto de comunicación por indicio lo sean sin dilación. Un número significativo de comunicaciones se recibe con un importante retraso desde que se materializó la operación sospechosa, reduciéndose considerablemente las posibilidades de explotación exitosa de la información».
Pese a los procesos judiciales y las multas millonarias por comportamientos irregulares, los gigantes bancarios son proclives a tropezar dos veces —y varias más— en la misma piedra.
Venezuela, Malasia, Rusia
En 2011, JP Morgan pagó 88.3 millones de dólares como punto final de las reclamaciones de los reguladores sobre la violación de las sanciones económicas contra Irán y otros países sujetos a embargos de Estados Unidos. Tres años más tarde, en enero de 2014, la multinacional financiera pagó 2.600 millones de dólares por su papel protagonista en el esquema Ponzi diseñado por Madoff. Pero estas multas no impidieron a JP Morgan continuar moviendo dinero para personas envueltas en supuestos delitos financieros, según muestran los FinCEN Files.
El gigante bancario estadounidense fundado en 1799 movió dinero de empresas y personas relacionadas con escándalos de corrupción en Venezuela que crearon una de las peores crisis humanitarias del mundo. Alejandro ‘Piojo’ Isturiz, un antiguo funcionario venezolano acusado por Estados Unidos como un actor en el esquema internacional de blanqueo de dinero, disfrutó de la ayuda de JP Morgan para mover más de 63 millones de dólares entre 2012 y 2016. Los fiscales estadounidenses acusaron a Isturiz de pedir sobornos para manipular los contratos de energía del Gobierno de Venezuela.
Otro de los venezolanos con quienes hizo negocios JP Morgan es el dueño de Hawkers, Alejandro Betancourt, propietario y fundador junto a su primo de Derwick Associates, una energética que ganó miles de millones de dólares en contratos a dedo para reparar el defectuoso sistema eléctrico venezolano. Los FinCEN Files muestran que Derwick utilizó cuentas en JP Morgan para mover al menos 2.1 millones de dólares en 2011 y 2012, y el banco procesó otras transacciones de cantidades no detalladas para Derwick y sus directivos al menos en 2013. «Mi cliente niega cualquier mala práctica», declaró un abogado de Betancourt.
JP Morgan también movió dinero de Jho Low, el banquero acusado de ser el autor intelectual de un fraude de 4.500 millones de dólares a partir de un fondo soberano de desarrollo económico de Malasia, 1MDB, popularmente conocido como ‘el atraco del siglo’. Low movió unos 1.200 millones de dólares a través de cuentas del banco estadounidense entre 2013 y 2016, según muestran los documentos secretos. Singapur emitió una orden de arresto contra Low en abril de 2016, y las autoridades de Estados Unidos, Malasia y Singapur todavía no han podido capturarlo.
Como muestran los FinCEN Files, a menudo los bancos que manejan transacciones internacionales tienen muy poca idea de con quién están tratando, incluso cuando están moviendo cientos de millones de dólares. Fue el caso de una sociedad pantalla misteriosa llamada ABSI Securities, que transfirió más de 1.000 millones de dólares a través de JP Morgan entre enero de 2010 y julio de 2015. Esta cantidad incluía transacciones a través de una cuenta directa en JP Morgan, que ABSI cerró en 2013, y a través de las cuentas corresponsales, en las que el gigante bancario permite a bancos extranjeros de menor tamaño procesar transacciones en dólares americanos a través de sus propias cuentas.
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A raíz de una investigación periodística rusa que vinculaba a ABSI con el ucraniano Semion Mogilevich, conocido como el ‘jefe de jefes’ de la mafia rusa, los empleados de cumplimiento de JP Morgan en Columbus, Ohio, intentaron en 2015 averiguar quién era el beneficiario real de ABSI. Los SAR filtrados muestran que los trabajadores de JP Morgan fueron incapaces de determinar quién se escondía tras la sociedad pantalla o cuál era su verdadero negocio. Mogilevich, que apareció en la serie documental de Netflix ‘Los más buscados del mundo’, publicada en agosto, manifestó con anterioridad: «No soy el líder o un participante activo de ningún grupo criminal».
Oleg Deripaska, un multimillonario ruso cercano al presidente Vladimir Putin y que en 2009 fue imputado por el entonces juez Baltasar Garzón por supuesto blanqueo de dinero, aparece en FinCEN Files relacionado con movimientos de más de 1.300 de millones de dólares entre 1997 y 2016 a través de cuentas bancarias del Bank of New York Mellon. En 2018, Estados Unidos incluyó a Deripaska en su lista de sanciones, pero este niega cualquier blanqueo de capitales o la comisión de delitos financieros y ha demandado al Gobierno americano para anular las sanciones contra él.
