Néstor Marcelo Ramos, el abogado argentino titular de Helvetic Services Group e imputado en la causa de presunto lavado de dinero contra Lázaro Báez, figura en dos reportes de actividades sospechosas de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN). Ramos activó dos alertas del organismo antilavado por sus vínculos con otro empresario de la construcción en la región: Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de Venezuela que concretó negocios con el gobierno chavista. Así lo reseña un reportaje de Emilia Delfino para el diario argentino Perfil.
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El vínculo de Ramos con la familia Ceballos surge de los FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2,600 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante el organismo FinCEN. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios de 109 medios de todo el mundo.
Ramos aparece en dos SARs (Suspicious Activity Reports), o reportes de operaciones sospechosas de una empresa por un total de 262 millones de dólares, emitidos por la FinCEN en diciembre de 2013 y febrero de 2014. El argentino fue reportado ante el organismo por el Banco Espírito Santo de Miami por el movimiento de fondos en la cuenta de una sociedad, Sarleaf, de la que Ramos era “accionista nominal” y director.
Sin embargo, de acuerdo al informe bancario, los verdaderos beneficiarios finales de los fondos que receptó la cuenta de la empresa son seis miembros de la familia Ceballos: el magnate Alejandro Jesús Ceballos Jimenez; su madre, Maura Betty Jimenez de Ceballos; y cuatro hermanos del empresario venezolano.
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El banco informó al organismo antilavado que la cuenta de Sarleaf había sido creada en 2012 para “proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela”, según el reporte. La compañía recibió fondos millonarios del gobierno venezolano, según el informe del organismo estadounidense basado en el reporte del banco.
Ramos es abogado y titular de Helvetic Services Group, la sociedad suiza utilizada por Baéz para comprar la financiera “La Rosadita” y luego sacar del país fondos a través de sociedad offshore y cuentas en Suiza. A través de la operatoria que le posibilitó Helvetic, Báez habría lavado alrededor de 60 millones de dólares, según la acusación del juez Sebastián Casanello. El fiscal Abel Córdoba sostiene la imputación en el juicio oral conocido como “la ruta del dinero K” y pidió en julio 12 años de prisión para el empresario kirchnerista.
El juez Casanello busca indagar a Ramos por su rol en la maniobra de presunto lavado de activos, pero el abogado, aunque es argentino, tiene pasaporte italiano y vive en Suiza. Su pedido de extradición está en trámite, ya que las autoridades suizas no autorizan la medida solicitada por el magistrado argentino. Además, Ramos aduce graves problemas de salud.
Sarleaf Limited fue registrada en Londres en 2007 y estuvo inactiva hasta 2012, según los registros. Ese año, abrió la cuenta en el Banco Espírito Santo y la utilizó para recibir, entre otros motivos, fondos del gobierno de Venezuela por la construcción de viviendas populares en San Francisco de Yare, en el estado de Miranda. Se trata del plan conocido como “Gran Misión Vivienda”, sostiene el informe del gobierno estadounidense.
En los SARs (Suspicious Activity Reports) del organismo antilavado de Estados Unidos, también aparecen reportados otros cinco abogados residentes en Suiza, que actuaron como los otros “accionistas nominales” de Sarleaf, entre los cuales está Claudio Giovanni Fontana, primer titular de Helvetic; y el sobrino de Ramos, el argentino Javier Martín Vanella, representante legal de la firma suiza en Argentina.
