Un reporte al que tuvo acceso Maibort Petit / Venezuela Política, revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción CLAP, habrían cobrado 3.500.000 dólares por hacer desaparecer el informe de la investigación sobre el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, encargado del negocio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programa de alimentación del gobierno venezolano, señalado de manejos irregulares y corrupción.
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El grupo parlamentario integrado por los diputados Conrado Pérez (Primero Justicia), Richard Arteaga (Voluntad Popular), Luis Parra Rivero (Primero Justicia), Adolfo Superlano (Cambiemos), José Brito (Primero Justicia, Chaim Bucaram (Un Nuevo tiempo) y Guillermo Luces (Voluntad Popular), sería el responsable de haber hecho “desaparecer” de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el informe de las investigaciones que se desarrollaron sobre Saab y la irregularidades por él cometidas en la implementación del programa CLAP.
Precisa el informe que cada uno de estos diputados habría supuestamente recibido 400.000 dólares a cambio de «esconder» el expediente de la investigación; 10.000 dólares mensuales durante el año 2019, y 100.000 dólares por cada gestión realizada. También se les aseguró —de acuerdo a la versión del reporte— continuidad como diputados en las elecciones parlamentarias programadas irregularmente por el Consejo nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional Constituyente. Para lograr tal propósito, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, se apropiarían de los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo tiempo. Desde el seno de estos partidos títeres, establecerían alianzas con el PSUV.
Igualmente, los citados parlamentarios se habrían encargado de una serie de jugadas destinadas a la destitución de Juan Guaidó de la presidencia del Poder Legislativo Nacional. Este hecho se materializó el 5 de enero de 2020, cuando los diputados CLAP se confabularon con los parlamentarios del PSUV para impedir la entrada de Juan Guaidó y los demás diputados de la fracción democrática de oposición al Palacio Federal Legislativo, para así poder defenestrarlos del poder parlamentario y designarse con directivos de la Asamblea Nacional.
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Esta jugada parlamentaria se conoció como “operación alacrán”, habiendo sido descubierta cuando el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia) publicó un video en el que intentaban sobornarlo para que se sumara a la Fracción CLAP.
La diputada de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, había denunciado previamente —el 19 de diciembre de 2019— que Nicolás Maduro había instrumentado la referida operación para evitar que Guaidó fuera reelecto titular del Parlamento el 5 de enero de 2020. “La dictadura ha intentado comprar conciencias ofreciendo un millón de dólares a parlamentarios para comprarle su voto el 5 de enero” y agregó que “como no lo lograron, encarcelan y allanan sus inmunidades”. Explicó que la propuesta oficialista consistía en pagarles a cambio de que no asistieran a la sesión en que se produciría la votación para así romper el quorum.
La Fracción CLAP también habría hecho paralizar leyes y deshacerse de la oposición democrática del parlamento, para lo cual presuntamente contaron con el financiamiento de Alex Saab en toda la trama de corrupción.
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Luis Parra, quien fue designado de manera fraudulenta como presidente de la Asamblea Nacional, fue protagonista de un nuevo escándalo recientemente, cuando circuló un video en el que se le veía contando un fajo de billetes —euros o dólares— en un baño cuando se encontraba de compras por Europa.
