El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias el cese de Juan Manuel Vega Serrano, director del Servicio Ejecutivo de esta Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Vega Serrano lleva en el cargo desde 2013; fue nombrado por el anterior Gobierno del PP y se mantuvo con el actual Ejecutivo desde 2018. Con información de El País.
El sucesor propuesto por estos dos organismos será Pedro Comín, veterano ejecutivo del Banco de España y antiguo jefe de la inspección de Bankia. Comín fue imputado en el caso Bankia y dimitió de su cargo de director general adjunto de Supervisión, en febrero de 2017. Posteriormente el tribunal le retiró la imputación.
Fuentes conocedoras de este relevo consideran que Vega Serrano ha terminado su etapa en este organismo, que ahora tendrá que adaptarse a nuevas normativas sobre el blanqueo de capitales y mantener convenios con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la dirección general de Seguros.
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
El Sepblac aparece en los medios por las multas que impone a algunos bancos por no cumplir las normas antiblanqueo, que exigen conocer el origen preciso de los fondos de los clientes, sobre todo a los que tienen o han tenido cargos políticos o han ocupado altos puestos en diferentes administraciones. En ocasiones pone el foco en las entidades con filiales en Luxemburgo y Suiza, así como las que mantienen operativa con paraísos fiscales. También realiza un papel muy importante en evitar la financiación del terrorismo.
Uno de los casos más sonados del Sepblac ha sido el de Banco Madrid: la entidad terminó intervenida y liquidada en marzo de 2015 por los problemas de su matriz, Banca Privada de Andorra (BPA), y, sobre todo, por un informe del Sepblac que le acusaba de ser una entidad dedicada al blanqueo de capitales con magnates rusos, chinos, mexicanos y venezolanos. Tres años y 10 meses después de que se interviniera y cerrara Banco Madrid, la Justicia determinó que la entidad no había incumplido los preceptos contra el blanqueo de capitales ni tampoco acumulaba clientes que evadieran al fisco.
