El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de pagar casi 180 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios brasileños, a cambio de financiamiento respaldado por el estado utilizado para realizar compras en Estados Unidos. Así lo informaron David Biller y Joshua Goodman para The Associated Press.
J&F Investimentos, con sede en Sao Paulo, el accionista controlador de JBS SA, se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn de un cargo de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas extranjeras (FCPA). Como parte del acuerdo de conciliación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, debe pagar multas de 256 millones de dólares, de las cuales la mitad se descontarán de las fuertes multas que ya acordó pagar a las autoridades brasileñas por los pagos de sobornos revelados anteriormente.
En un acuerdo relacionado, JBS dijo que pagaría a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos 26.8 millones de dólares por irregularidades contables en su filial estadounidense Pilgrim’s Pride.
El asesor legal de J&F, Lucio Martins Batista, dijo al tribunal que la empresa de su familia entregó dinero en efectivo y obsequios, incluido un apartamento de 1.5 millones de dólares en Nueva York comprado a través de una empresa fantasma, a cinco funcionarios brasileños entre 2005 y 2017 para asegurar el financiamiento de J&F de los bancos estatales.
Algunas de las ganancias de los acuerdos de financiamiento se utilizaron para financiar la expansión de JBS en EEUU, donde en un lapso de unos pocos años a partir de 2007 adquirió importantes competidores, incluidos Swift & Company y Pilgrim’s Pride.
JBS, la proveedora de carne del régimen que desaparece sin dejar huella
En ese momento, la economía de Brasil estaba en auge y la familia Batista, que controla a J&F, llegó a personificar la imagen de los bravucones “brasileños” cuyas empresas impulsadas por materias primas dependían del financiamiento estatal para empujar agresivamente más allá de las fronteras del país.
Hoy en día, las empresas controladas por J&F emplean a más de 250,000 personas en 190 países, según su sitio web.
Los destinatarios de sobornos incluyen a un funcionario anónimo descrito como un ejecutivo de alto rango en el banco estatal de desarrollo BNDES entre 2004 y 2006, que pasó a ocupar otros cargos ejecutivos superiores en los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff, hasta 2015.
Esas fechas coinciden con la trayectoria profesional de Guido Mantega, quien dirigió BNDES de 2004 a 2006 y luego pasó a desempeñarse como ministro de Hacienda de Lula y Rousseff.
JBS, empresa con la que negoció Diosdado Cabello, envuelta en escándalo de corrupción en Brasil
Las acusaciones en un tribunal federal de Estados Unidos se producen cuando la familia Batista está tratando de limpiar su reputación de corrupción en Brasil y en América Latina.
En 2017, se impuso a J&F una multa récord de 3.200 millones de dólares por su papel en los escándalos de corrupción. La sanción superó la impuesta contra el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que en 2016 también recurrió a los tribunales estadounidenses para resolver sus propias acusaciones de soborno en todo el mundo.
El senador Marco Rubio, republicano de Florida, y el senador de Nueva Jersey, Robert Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también han estado presionando a las autoridades estadounidenses para que investiguen los vínculos de JBS con el gobierno socialista de Venezuela. JBS había sido un importante vendedor de productos protéicos para el gobierno de Venezuela, que Estados Unidos ha sancionado como parte de su esfuerzo por sacar al presidente (ilegítimo) Nicolás Maduro del poder.
