La Corte Penal Internacional informó en un comunicado que su fiscal general, Fatou Bensouda, determinó que “existe una base razonable” para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes que son competencia de la Corte que deben ser investigados. Así lo reseña un reportaje de Osmary Hernández para CNN.
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El anuncio se dio a conocer tras un encuentro entre Bensouda y una delegación oficial venezolana, en la cual participaron el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
Saab publicó en Twitter una fotografía del encuentro realizado en La Haya, Países Bajos. Y destacó que el objetivo de la reunión fue aportar detalles de los avances del sistema de justicia de Venezuela “para sancionar violaciones a los derechos humanos”. El fiscal agregó que existe un compromiso por parte de Venezuela y sus instituciones “para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de violar derechos humanos”.
El comunicado se da en medio de dos análisis preliminares. El primero, identificado como Venezuela I, se refiere a crímenes supuestamente cometidos en medio de diversas protestas desde al menos 2017. El segundo, Venezuela II, consta de referencias sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio venezolano desde 2018. La Corte destaca que ha logrado avances y espera tomar decisiones.
Maduro está cada vez más cerca del banquillo de la Corte Penal Internacional
La asociación civil Acceso a la Justicia, un observatorio de derechos humanos en Venezuela, publicó en Twitter que la declaración de la Corte Penal Internacional es trascendental.
Explicaron que en la siguiente etapa el análisis se debe determinar si se han juzgado en el país a los presuntos responsables de esos crímenes.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, criticó que la Corte Penal Internacional haya recibido al fiscal Tarek William Saab, a quien considera supuestamente “sin cualidad” por haber sido designado por la controversial Asamblea Nacional Constituyente en vez del Parlamento.
Sin embargo, el líder opositor y reconocido por al menos 55 países como presidente encargado de Venezuela considera que es “una cachetada a la dictadura” decir que sí hay motivos para que se investigue al gobierno por supuestos delitos de lesa humanidad. Dijo que es un paso más, aunque no el definitivo.
