El patrón de gran corrupción instaurado en Venezuela, durante las dos últimas décadas, es el causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos, en especial los sectores más vulnerables de la población. Este fenómeno, que supera en magnitud al registrado en cualquier país de América Latina, tiene un grave impacto sobre los derechos humanos de los venezolanos. Así lo reseña un reportaje de Transparencia Venezuela.
El sistema sanitario ha sido uno de los más perjudicados por la desviación de recursos y fondos públicos. La pandemia por COVID-19 ha profundizado la crisis y ha puesto en relieve la escasez de medicamentos e insumos médicos, la falta e inoperatividad de equipos esenciales, y el deterioro general de la infraestructura hospitalaria. Estas fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos. Todo ello ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones milmillonarias en rehabilitación y construcción de obras, adquisición de fármacos e insumos y equipamiento de los centros de atención.
Esta realidad es analizada por Transparencia Venezuela en el informe Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus, estudio que identifica una tipología del fenómeno en el sector y expone una selección de casos, como resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; así como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicación, tras superar la opacidad y las restricciones impuestas por las autoridades en el acceso a información pública.
Pacientes con Covid-19 en Venezuela son aislados en depósitos sucios
En los casos inventariados en el informe destaca la participación de militares y altos funcionarios del ministerio de Salud, institutos autónomos y empresas estatales. Los funcionarios -muchos de ellos provenientes del sector castrense- se presume que habrían actuado en complicidad con dueños de empresas, y usado cuentas en diferentes países para lograr contratos millonarios de importación, fabricación y transporte de medicinas, materiales o equipos médicos, así como contratos de obras.
El estudio, aunque no da cuenta de todos los casos de corrupción ocurridos, permitió hacer estimaciones sobre la pérdida de recursos sufrida por el país en estas operaciones. El daño ocasionado se incrementa cuando se considera que contratos de gran envergadura, como la construcción y remodelación de infraestructuras hospitalarias o complejos farmacéuticos, al igual que el mantenimiento de equipos médicos de alto costo, quedaron inconclusos o presentan fallas.
Hospitales sin agua, rayos X ni respiradores en Venezuela en plena crisis del Covid-19
En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela, de julio de 2019, se denuncia el crítico escenario del derecho a la salud, vinculado a “una falta generalizada de disponibilidad y acceso a fármacos y tratamientos esenciales; al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud”. Igualmente, un grupo de expertos y 10 organizaciones civiles presentaron ante una audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un dramático informe sobre el impacto de la corrupción en la vulneración del derecho a la salud y la vida de los venezolanos, en el contexto de la pandemia por COVID-19. En esa oportunidad, solicitaron a la instancia internacional priorizar las denuncias de violación de derechos humanos como consecuencia de la corrupción en Venezuela.
