La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el pueblo de Guinea Ecuatorial recupere los recursos apropiados indebidamente, afirmaron las organizaciones Transparencia Internacional Francia, Human Rights Watch y EG Justice. La CIJ sostuvo que la incautación por Francia de una mansión del vicepresidente de Guinea Ecuatorial, como parte de un caso de blanqueo de dinero, no violó los privilegios diplomáticos, ya que el edificio en cuestión no formaba parte de las instalaciones de la misión diplomática de Guinea Ecuatorial.
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La usurpación masiva de recursos estatales por parte de la familia presidencial de Guinea Ecuatorial ha contribuido a que el país tenga algunos de los indicadores de salud y educación más bajos a pesar de la enorme riqueza petrolera. Francia necesita aprobar urgentemente una ley para garantizar que los ingresos procedentes de la venta de la mansión, valorados en unos 110 millones de euros, y otros bienes confiscados en el caso, se devuelvan de forma responsable para que los ecuatoguineanos se beneficien de esos recursos.
«Dependiendo de la decisión del Tribunal de Casación, Francia podría estar a punto de recuperar alrededor de 150 millones de euros en activos robados, poniendo a sus tribunales a la vanguardia mundial de la lucha contra la corrupción», dijo Sara Brimbeuf, responsable de recuperación de activos de Transparencia Internacional Francia («TI-Francia»). «A menos que Francia apruebe una ley que evite que este dinero se revierta al tesoro francés, este hito sería desbaratado».
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La mansión privada de 101 habitaciones, en el número 42 de la avenida Foch en París, es, con mucho, el activo más valioso en el centro de un caso de «bienes mal adquiridos» contra “Teodorin” Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente, iniciado en 2008 por varias organizaciones no gubernamentales francesas, entre ellas TI-Francia. El valor de los demás bienes confiscados asciende en total a 40 millones de euros.
Nguema utilizó la mansión como residencia privada. Esta fue confiscada en 2017 cuando un tribunal de primera instancia condenó a Nguema por comprarla con fondos procedentes de la malversación y lavado de fondos públicos. En 2021, el Tribunal de Casación decidirá en apelación sobre posibles cuestiones legales. Guinea Ecuatorial había tratado de hacer descarrilar el caso pidiendo a la CIJ que declarara la mansión como un edificio diplomático, la cual gozaría así de inmunidad diplomática en virtud del derecho internacional. En la sentencia del 11 de diciembre, la CIJ rechazó las alegaciones de Guinea Ecuatorial.
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Si ahora el Tribunal de Casación confirma la condena de los tribunales inferiores, las autoridades francesas controlarán unos 150 millones de euros de los bienes confiscados de Nguema. Esto confirma la urgencia de que Francia adopte una ley que garantice que se devuelva de manera responsable los activos confiscados como parte de los casos de corrupción, dijeron las organizaciones.
En la actualidad, la legislación francesa no permite la repatriación de fondos en casos de «bienes mal adquiridos». A menos que se apruebe una nueva ley, estos capitales revertirán en el presupuesto general del Estado francés en lugar de regresar al país de donde fueron robados.
