Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de Andorra expropió 2.000 millones de euros de 23 inversionistas mexicanos sin ningún juicio jurídico que demostrara que el origen de los recursos fue a través de lavado de dinero. Con información de Forbes México.
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“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno”, afirma el abogado del despacho jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico Cohepza.
El experto en Litigio penal y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita señala que los 23 empresarios mexicanos desde hace más de cinco años no acceden a sus ahorros, que fueron generados por trabajos de años, de herencias, de inversiones y de circunstancias propias de la vida.
El 1 de marzo de 2015, el Gobierno de Andorra intervino a la Banca Privada de Andorra, una de las cinco entidades financieras que operan en dicho país, ante la denuncia del Tesoro de Estados Unidos de que la entidad llevó a cabo labores de blanqueo de capitales para redes de criminales.
El alto nivel de corrupción de los gestores de BPA y los débiles controles antiblanqueo de capitales han hecho de la Banca Privada de Andorra un sencillo vehículo para el lavado de dinero de fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos, afirmó Jennifer Shasky Calvery, responsable de Fincen, el organismo norteamericano que combate los delitos financieros en ese día a través de un comunicado.
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Detrás de la tragicomedia y la cacería de brujas del principado de Andorra hay empresarios colombianos, japoneses, estadounidenses, mexicanos y de distintas nacionalidades, declara el abogado a Forbes México.
“Sí ha sido mucho más gravoso para los empresarios mexicanos, porque se le tiene bajo la concepción de que quien tiene dinero es narcotraficante o lavador de dinero”, comenta el abogado, quien fue parte del despacho Barrera Siqueiros y Torres Landa, ahora Hogan Lovells, en el área de litigio civil, mercantil y administrativa.
“En México ninguno de mis clientes está vinculado judicialmente a nada, de hecho no ha llegado imputación, pues son solo indiciados y se respeta su presunción de inocencia”, manifiesta Padilla Estrada.
Recuerda que las carpetas de investigación existentes en México señalan que fueron abiertas como consecuencia de que el lavado de dinero se persigue de manera trasnacional de oficio.
“Pero en México no hay indicios de lavado de dinero desde 2017, cuando iniciaron las investigaciones, y ahora las carpetas están archivadas, en reservas, incluso hemos conseguido el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas”, declara el representante legal de los ahorradores de la Banca Privada de Andorra.
De 12 empresarios se logró conseguir el no ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General de la República (FGR), una certificación dada por la autoridad ministerial para no seguir una investigación por falta de pruebas.
Las indagatorias de otros 8 empresarios están en reservas y algunas activas sin ningún tipo de trascendencia mayor en la FGR.
“Andorra es un lugar muy bonito para vivir, pero para efectos de inversiones y certeza jurídica está muy por debajo de los estándares nacionales e internacionales”, afirma el litigante.
