El líder opositor venezolano Juan Guaidó contó con el reconocimiento de Estados Unidos y el apoyo de millones en las calles. Pero con Nicolás Maduro aún ocupando el palacio presidencial y al mando de las fuerzas de seguridad de Venezuela, el llamado gobierno interino de Guaidó necesitaba dinero para proyectar poder en el exterior y debilitar al régimen. Así lo reseña un reportaje de Anthony Faiola y Ana Vanessa Herrero para el Washington Post.
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Ahora, dos empresarios de Miami estaban ofreciendo un plan para conseguirlo.
Jorge Reyes y Pedro Antar dijeron que habían identificado hasta 40 mil millones de dólares en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe. Las tenencias, incluidas acciones de empresas, automóviles de lujo, lujosas casas y deudas no cobradas, estaban vinculadas a la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA.
Guaidó, dijo Reyes a The Washington Post, llamó a los hombres él mismo en abril de 2019 para expresar interés. Eso llevó a más de una docena de reuniones con altos miembros de la oposición de Guaidó respaldada por Estados Unidos y sus agentes.
Pero durante una reunión en diciembre de 2019 en Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía de la cual fue entregada a The Post, con una lista de lo que describió como demandas «impactantes».
Esas demandas incluyeron un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18% que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.
“Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión…O pagamos o no obtenemos el contrato».
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Después de que Maduro se adjudicó la victoria en las elecciones consideradas fraudulentas, la administración de Trump en 2019 reconoció a Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional electa democráticamente de Venezuela, como el líder legítimo del país. Los funcionarios estadounidenses describieron al autoritario Maduro como el jefe de un imperio criminal corrupto involucrado en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales; El Departamento de Justicia acusó a Maduro y a varios miembros de su círculo íntimo el año pasado por cargos de narcoterrorismo.
El abrazo de Guaidó como presidente interino conllevó una promesa implícita: su gobierno estaría sujeto a un estándar más alto que el de sus predecesores; la corrupción no sería tolerada.
Los dos funcionarios del gobierno de Guaidó con quienes Reyes y Antar discutieron el acuerdo de Miami, Javier Troconis y Fernando Blasi, niegan haber actuado mal. Dicen que el descubrimiento tardío de un caso de fraude anterior que involucró a Reyes los llevó a rechazar el trato. (Reyes está apelando los cargos en ese caso).
Cuando las acusaciones de Reyes y Antar fueron reportadas por primera vez por el sitio web Factores de Poder con sede en Miami, el gobierno interino emitió un comunicado en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se realizara una investigación interna, realizada por un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Los ganadores de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, serán juramentados en la Asamblea Nacional el martes. Tres de los cuatro principales partidos de oposición han votado para extender el mandato de la asamblea liderada por Guaidó y mantenerlo como líder interino, pero con nuevos límites a su poder. La administración de Trump ha dicho que seguirá reconociendo a Guaidó, y los asesores del presidente electo Joe Biden han dicho que harán lo mismo.
En un informe preliminar, el comité planteó preguntas sobre «irregularidades administrativas» en los tratos de Troconis con Reyes y Antar, pero no encontró evidencia de corrupción, según una persona familiarizada con la investigación. El comité está recomendando una investigación adicional por parte de la oficina del contralor del gobierno interino.
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El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha pedido al gobierno estadounidense que lleve a cabo su propia investigación sobre el caso.
«No pongo mis manos en el fuego por nadie», dijo Vecchio. «Creo que si hay pruebas, tenemos que investigar».
Antar dijo que el FBI lo entrevistó en octubre. El Departamento de Estado y el FBI no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Una investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, descubrió múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis que habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato prospectivo con el gobierno de Paraguay con una comisión de 26 millones de dólares a pagar a terceros que generó alarmas dentro del propio equipo legal de Guaidó. Otro acuerdo propuesto, para recuperar activos en un banco británico, habría involucrado un contrato que los funcionarios de la oposición dicen que Troconis no estaba autorizado a firmar.
Troconis, un ex ejecutivo petrolero respaldado por poderosas figuras de la oposición, todavía se desempeña como comisionado especial de Guaidó para la recuperación de activos, trabajando desde el exilio principalmente en Miami; Bogotá, Colombia; y Washington. En una extensa entrevista, negó haber actuado mal. En una audiencia reciente del comité, pareció culpar a los enemigos de Guaidó por las acusaciones.
“Este es un ataque contra todos nosotros”, dijo. Insistió en que todas las pruebas presentadas por Reyes y Antar eran «falsas».
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“Soy el más interesado en que salga la verdad porque soy yo quien dice la verdad”, dijo.
Pero dentro de la oposición venezolana, crece la consternación por la decisión del gobierno interino de mantener a Troconis en su puesto.
“Moralmente, no tiene sentido que siga ocupando su cargo”, dijo Elimar Díaz, miembro del comité de la Asamblea Nacional que investiga a Troconis.
Funcionarios actuales y anteriores dentro del gobierno interino han expresado su preocupación por al menos otros dos acuerdos propuestos negociados por Troconis.
José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, dijo que advirtió a altos funcionarios del gobierno interino «repetidamente» que Troconis estaba actuando más allá de su autoridad (estaba destinado a identificar los activos del gobierno, pero no buscar personalmente su recuperación) cuando intentó negociar el trato con Paraguay en 2019.
Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría perdonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares). Hernández dijo que se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó. Habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de 26 millones de dólares.
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Vidal le dijo a The Post que había sido contratado por Troconis sin recibir ningún anticipo con la esperanza de cerrar un trato. Dijo que la comisión propuesta era «más baja» de lo que normalmente cobra, y dijo que Troconis nunca le pidió una parte de ella.
Troconis le dijo a la Asamblea Nacional que los paraguayos se le habían acercado con el trato. Negó haber contratado a Vidal.
Los funcionarios paraguayos disputan esas afirmaciones. Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, dijo que Vidal se presentó como “un representante de PDVSA”, la petrolera estatal de Venezuela, a la que Guaidó nombró un nuevo directorio. En octubre, dijo Villamayor, Vidal solicitó una reunión entre funcionarios paraguayos y Troconis. Al mes siguiente, dijo, Vidal y Troconis presentaron el acuerdo propuesto.
Troconis le dijo a The Post que había sido puesto en contacto con Vidal por miembros de la oposición venezolana cuyos nombres no podía recordar. Dijo que Vidal lo llamó para sugerirle que se convirtiera en mediador, y estuvo de acuerdo. Desafió la afirmación de Hernández de que su trabajo no le otorgaba el derecho legal para negociar acuerdos y presentó una carta de Guaidó que, según dijo, autorizaba su participación en las conversaciones de Paraguay.
Troconis dijo que envió una carta a Vidal en enero pasado poniendo fin a las negociaciones porque había concluido que «no era un buen negocio». Pero Villamayor dijo que Guaidó le pidió al gobierno paraguayo en marzo que enviara la propuesta a Hernández para su revisión. Hernández dijo que recibió el contrato en marzo y les dijo a los paraguayos que no era legalmente válido y que no sería aceptado. Hernández renunció como fiscal general de Guaidó ese mes.
Guaidó, a través de un portavoz, se negó a responder preguntas para este reportaje.
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El comité de la Asamblea Nacional también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi 1.7 mil millones de dólares del Ministerio de Alimentos de Venezuela. Tanto Troconis como la firma dijeron que firmó el contrato con la firma en nombre del gobierno de Guaidó. El comité no comentó sobre el acuerdo en su informe preliminar. Pero el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, dijo que Troconis no tenía autoridad para firmarlo.
“El único autorizado para firmar contratos con bufetes de abogados o empresas de recuperación, en nombre de la República o empresas estatales, es el Fiscal General de la República”, escribió Falcón en un correo electrónico a The Post. “Cualquier contrato firmado por personas distintas de las mencionadas en la respuesta anterior será ilegal y por lo tanto inválido”.
Troconis dijo que fue presentado a Reyes y Antar por el miembro de la Asamblea Nacional Carlos Prosperi, líder de uno de los cuatro principales partidos de oposición que respaldan a Guaidó, en diciembre de 2019. Dijo que Magin Blasi también estuvo presente en la reunión. Blasi es hermano de Fernando Blasi, el jefe de la sección comercial de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Troconis dijo que había contratado a Magin Blasi como “asesor” para el trato: «Fue mi decisión. Tenía experiencia».
