En julio de 2016, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) —supeditada a la administración de Nicolás Maduro— presentó una demanda arbitral contra Petróleos Paraguayos (Petropar) ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París, por el incumplimiento de una deuda que había sido renegociada en 2009. Así lo reseña un reportaje de Carlos Seijas Meneses para Tal Cual.
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La empresa paraguaya, que atravesaba dificultades financieras luego de años de presunta corrupción, no realizó los pagos oportunos entre 2006 y 2008 de los 18,600 barriles diarios de crudo, productos refinados y gas licuado de petróleo (GLP) que recibía de Venezuela bajo condiciones preferenciales de pago, según lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas suscrito en 2004 por los entonces presidentes Hugo Chávez y Nicanor Duarte. En 2009 Petropar reconoció adeudar a Pdvsa unos 269 millones de dólares.
La estatal venezolana sostenía que el pago íntegro de la deuda era exigible desde noviembre de 2013. Petropar, en cambio, insistió en que el tratado permitía el pago hasta el año 2023.
Pero el rechazo por parte de la oposición y de la comunidad internacional del segundo mandato de Maduro y la proclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado de Venezuela» a partir de su jefatura en 2019 de la Asamblea Nacional electa en 2015, generaron un tiempo muerto en el proceso de arbitraje en la capital de Francia.
El 7 de marzo de 2019, Petropar solicitó al tribunal arbitral la suspensión temporal del proceso debido al desconocimiento de Maduro como legítimo presidente de Venezuela. La presidenta de la empresa, Patricia Samudio, había declarado que el objetivo era evitar que la deuda se abonara a la administración chavista. Paraguay fue uno de los primeros países que reconoció como mandatario encargado a Juan Guaidó, quien apenas casi dos meses atrás se había proclamado como tal en una concentración en Caracas. El 19 de marzo, la corte de Arbitraje de la CCI congeló temporalmente su mediación sobre el pago de la deuda y canceló las audiencias sobre el fondo de la disputa fijadas para junio de 2019 en París.
«No es posible hacer ningún pago a Pdvsa mientras se encuentre bajo la dirección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro», indicó Petropar. «Lo resuelto por el tribunal arbitral abre la puerta a una negociación entre los Estados paraguayo y venezolano para el pago de la deuda en un escenario en que la democracia sea reinstaurada en la República Bolivariana de Venezuela».
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Ante el reconocimiento por parte del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez a Guaidó como presidente interino de Venezuela, el entonces recién designado procurador especial de la república, el abogado José Ignacio Hernández, también había solicitado, el 13 de marzo de ese mismo año, la suspensión del arbitraje. Consideraba que no se justificaba mantener los costos del arbitraje cuando la única diferencia que había era sobre la tasa de interés aplicable.
Luego, con el nombramiento de una junta administradora ad hoc de Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional, el 10 de abril de 2019, empezaron a llevarse a cabo conversaciones oficiales entre los representantes de la estatal venezolana designados por el gobierno interino de Guaidó, Hernández y Petropar, para buscar una solución del conflicto.
Según información suministrada por exfuncionarios del interinato, Pdvsa ad hoc proponía reconocer el monto íntegro de la deuda, pactar un cronograma de pagos y designar una comisión técnica para resolver la única disputa existente: los intereses, sin necesidad de designar a terceros mediadores ni comprometer el pago de honorarios por gestiones de mediación o recuperación.
Lo que ocurrió no se acerca a esa propuesta.
Negociaciones en paralelo
Mientras se desarrollaban las conversaciones oficiales entre ambas empresas, un recién nombrado funcionario de Guaidó decidió estrenarse en el cargo decidiendo resolver por su cuenta y con un mediador el conflicto entre las petroleras, aun cuando no tenía —y sigue sin tener— las atribuciones para representar a la estatal venezolana ni para llevar a cabo negociaciones sobre deudas y activos relacionados con Venezuela en el exterior.
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Se trata del comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Guaidó, Javier Troconis, cuyo nombramiento por parte del presidente del Parlamento se hizo público a través de Twitter el 28 de agosto de 2019. A pesar de que la junta administradora ad hoc es el único órgano autorizado para actuar en nombre y por cuenta de Pdvsa frente a Petropar, Troconis llevó a cabo en noviembre de 2019 reuniones con el abogado argentino Sebastián Vidal —quien trabajó con Pdvsa entre los años 2011 y 2018 en reestructuraciones de deudas entre la petrolera y otros países— y el jefe del Gabinete de la Presidencia paraguayo, Juan Ernesto Villamayor.
El 2 de enero de 2021, el periódico estadounidense The Washington Post publicó un reportaje que reveló los irregulares esfuerzos de Troconis para capturar activos extranjeros de Venezuela. La investigación descubrió acuerdos propuestos por el comisionado, entre ellos el proceso de negociación de la deuda de Petropar con Pdvsa. Los documentos conseguidos por Tal Cual permiten ahondar en detalles de esos hallazgos.
En noviembre de 2019, el abogado Vidal comunicó a funcionarios del gobierno interino a través de un correo electrónico que había estado realizando gestiones para «lograr una solución amistosa de la disputa» en reuniones mantenidas con Troconis y Villamayor en la ciudad de Asunción.
El mensaje confundió a los representantes de Guaidó, quienes anteriormente habían rechazado una oferta de Vidal de trabajar en el caso debido a que ya estaba siendo atendido por Pdvsa ad hoc y la Oficina del Procurador Especial directamente con Petropar.
De manera paralela a las conversaciones oficiales, Troconis, Vidal y Villamayor estaban negociando un acuerdo que establecía una propuesta absolutamente distinta a la presentada por la junta ad hoc de la estatal venezolana. El comisionado de Guaidó, el abogado argentino y el funcionario paraguayo discutían un descuento de 50% de la deuda de Petropar con Pdvsa, condonación de todos los intereses y un pago de prima de éxito del 20% del monto acordado al abogado. Como la deuda pasaba de 265.8 millones a 132.9 millones de dólares, eran 26 millones y medio de dólares de honorarios, que iban a salir del bolsillo de Venezuela.
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Según las fuentes consultadas, se trataba de un acuerdo que violaba la Ley Contra la Corrupción porque se le estaba ocasionando un perjuicio patrimonial al país. Además, no había ninguna razón para acordar una quita de 50% a un país que no estaba mal económicamente.
Dos documentos soportan esta propuesta de convenio. Las diferencias entre ambos, uno mostrando fecha 2019 y otro 2020, se componen de detalles que no tienen que ver con la deuda. Se registraron cambios en descripciones de cargos y definición de las partes: en uno eran solo Petropar y José Ignacio Hernández, y en otro se sumaban Troconis y Luis Pacheco, entonces presidente de la junta ad hoc de la estatal. También se ajusta el monto asignado al ‘amigable componedor’ Sebastián Vidal, al que en un papel se le asignaba 10% del dinero y otro 10% se repartía entre dos socios, y en otro subía su cuota a 20% sin otros involucrados.
