Por cuenta de una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación que se le sigue en Colombia a Alex Saab por operaciones de lavado de activos, varios bancos del país están en una encrucijada legal. Con información de El Tiempo.
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El Tiempo estableció que en una audiencia reservada, que se inició a las 8 de la mañana del pasado 11 de febrero y duró al menos 2 horas, su defensa pidió y obtuvo acceso a información que tiene el rótulo de ‘reservada’.
El señalado testaferro de Nicolás Maduro es acusado de haber sacado del país cerca de 16.4 millones de dólares, simulando la figura del reintegro de exportaciones, la mayoría a Venezuela, a través de la empresa Shatex S.A., de la que tenía un 84 por ciento de acciones y su representación legal.
Para la Fiscalía es claro que esa firma tuvo un crecimiento exponencial de un 923 por ciento y que realizó millonarias exportaciones que nunca ingresaron al país. De hecho, se habla de una manipulación de su contabilidad y del ocultamiento de su realidad económica.
Aunque Saab alega ahora ser venezolano y embajador plenipotenciario de la dictadura de Maduro en África, dentro de este caso se presenta con cédula colombiana.
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En la audiencia, a la que El Tiempo tuvo acceso, su abogado de confianza, el penalista Camilo Bocanegra, dijo que pasó, sin suerte, varios derechos de petición a un ministerio, a la Dian y a bancos, solicitando información que él califica de conducente, necesaria y pertinente para defender a su cliente, hoy preso en Cabo Verde y a la espera de que se defina su extradición a Estados Unicos.
“La información reservada se requiere para desarrollar nuestra teoría de defensa y para el dictamen forense contable que se va a presentar como prueba en el juicio oral”, señaló el penalista Bocanegra en la audiencia, y así se lo ratificó a El Tiempo.
Y dijo que acudió a un juez constitucional porque ni la Dian ni ninguno de los bancos le quiso entregar la información, alegando que es reservada.
“Les dieron un plazo de 15 días y ya uno de los bancos me respondió. Además, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público ni el abogado de víctimas (Bancóldex) se opuso a mi petición”, explicó Bocanegra.
Para Guillermo Puyana, penalista experto en delitos financieros, acceder a información sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) va en contra la ley.
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“Los ROS no tienen valor probatorio, son informes de inteligencia y solo son un criterio orientador exclusivo para la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) y para la Fiscalía”, explicó Puyana.
Y, en su criterio, el juez de control de garantías debió negar el acceso a esa información, porque la defensa le puede dar un uso como prueba que la ley excluye: “Si esa información no tiene valor en juicio, entonces hay que ver cuál es el verdadero objetivo de vulnerar el sistema de manera tan grave”.
Además, sería un daño al sistema bancario, de cara a escenarios internacionales; opinión que comparten expertos en inteligencia financiera consultados por El Tiempo.