«No hay datos oficiales». Esta es la respuesta más repetida a cualquier pregunta sobre Venezuela. No se sabe la cifra (oficial) de casi nada, pero ese «casi» excluye cada día más asuntos, mientras se extiende un manto de opacidad cada vez más denso. Con información de EFE.
No es el último pero sí el que ha desatado más preguntas últimamente. Circulan partes y videos acerca de combates de las Fuerzas Armadas con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC, pero no se obtiene ni una sola declaración oficial.
Sin embargo, cuando se filtra un video de un guerrillero -de notable acento colombiano- en armas y dialogando con militares venezolanos, el único dato parcial lo obtiene el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien se sube cada semana a la plataforma que le da la televisión pública para amenazar a medios y opositores.
Hasta la fecha, ni un solo dato del Ministerio de Defensa.
«Todos los días desaparece un dato»
En contra de esa opacidad constante, Transparencia Venezuela pugna por sacar adelante investigaciones que, al menos, dificulten la corrupción pese a que, como explica su directora ejecutiva, Mercedes de Freitas, cada día hay un dato que deja de publicarse.
«Todos los días hay un dato que desaparece, datos que parecen vitales. Hay más posibilidades de más corrupción», explica.
Esa escasez de información oficial lo abarca todo, desde el presupuesto nacional, que el Gobierno no publica, a la producción petrolera, pasando por las leyes aprobadas o los datos del Banco Central de Venezuela (BCV).
«Lo que es legal es la opacidad», subraya de Freitas, quien detalla que Venezuela está «entre los últimos países del mundo» en calidad de acceso a la información.
En su opinión, esa falta de datos favorece «a los que tienen oportunidad de tener esa información, que son los pocos que están cerca del Gobierno», y «tienen oportunidad de hacer negocios».
El resultado es evidente: «corrupción descarada, absoluta y sin cortapisas».
Una puerta cerrada
Para Transparencia, como para la mayoría de periodistas o ciudadanos que viven o trabajan en Venezuela, buscar información oficial es enfrentarse a una puerta cerrada.
La escasez afecta incluso a la vida cotidiana de cualquier persona, en situaciones que parecen extremadamente estrambóticas. Un incidente en el Metro de Caracas obliga a los ciudadanos a bajarse de los vagones y los vídeos inundan las redes sociales.
Al día siguiente, el usuario revisa las plataformas oficiales de un servicio básico, el que un día un teórico referente del Gobierno venezolano denominó «palacio del pueblo». Dicen que el servicio está restituido y piden no replicar noticias que causen confusión. Es decir, que nadie replique lo que sucede en los túneles.
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«No hay democracia sin que los ciudadanos sepan lo que está pasando en su Estado porque la democracia, principalmente, significa que son los ciudadanos lo dueños del Estado y que el Gobierno (…) está trabajando para el bienestar y el bien común de la ciudadanía»; subraya de Freitas.
Por eso, sostiene que los venezolanos, «como ciudadanos», no tienen país porque no tienen «información de cómo es ese país».
Del ELN a PDVSA
Llega el miércoles y Cabello espeta: «Hoy sacaron un video de un tipo, primero que es un video viejo, ese señor falleció en un enfrentamiento con la fuerza armada venezolana hace como dos meses (…) pa que sepan».
Se refiere a un video que circuló días antes de un hombre armado, con acento colombiano, rodeado de militares venezolanos y al que identifican como «guerrillero» en suelo del país caribeño. Así, con esa frase de Cabello, sin una sola respuesta por parte de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa, se da cierre a la polémica.
No hay un solo reporte oficial de un grupo armado colombiano. Apenas esa frase de Cabello que confirma, entre sin quererlo e insultando a los medios, que hay «guerrilleros» colombianos en Venezuela.
Y así todo. Puede haber un tiroteo de horas en las barriadas de Caracas o un helicóptero militar que cae en Maracaibo, segunda ciudad del país, que no habrá un informe. Solo opacidad. Tampoco se conoce el número de barriles de petróleo que se bombean o el precio al que se vende, datos que se han ido dejando de publicar con el paso del tiempo.
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Sostener ese derecho del acceso a la información, multiplicador de otros derechos, es una de las obsesiones del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), cuyo coordinador de monitoreo de libertades informativas, Yhoger Contreras, agrega que, «desde hace un par de años, la información de salud no se comparte» y «los boletines epidemiológicos dejaron de existir».
«Todo el territorio venezolano se encuentra en una opacidad total por la misma dinámica del Gobierno de centralizar los procesos. Los ciudadanos tienen serias dificultades para acceder a instituciones públicas en las diferentes regiones porque se encuentran con la repuesta de que debe tener autorización de un ente nacional o de un ministro», explica.
En esa situación, explica, IPYS ha podido notar que se trata de consolidar el discurso del Gobierno «que quiere siempre mostrar un escenario de normalidad en el país», pese a que la realidad sea otra.
La opacidad y la falta de información, unida al ataque diario a los medios para generar descrédito por su falta de datos, mientras desde las tribunas oficiales (mediáticas o no) se difunde la propaganda. Eso abre un espacio que deja a los ciudadanos sin datos, cifras con las que tomar decisiones o formar opiniones.
Todo parte de una estrategia, la de la «hegemonía comunicacional» del Gobierno, que, en opinión de Freitas y de la mayoría de los activistas, supone «matar la libertad de expresión».
