Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia en el país, resultará fundamental el tener en consideración la estructura de poder sobre la que se afinca el gobierno de Nicolás Maduro.
La dinámica sociopolítica de los últimos años ha dejado una clara evidencia de cómo el oficialismo ha basado la continuidad del gobierno y del proyecto chavista/madurista no sólo en el monopolio de las armas del Estado y de algunos grupos ilegales, sino en un sistema de acuerdos, relaciones y prácticas sociales distintas a las que regularon la vida y convivencia de los venezolanos durante la democracia. Maduro ha venido edificando una nueva institucionalidad político-criminal para garantizarse el control político y social de la población venezolana y el financiamiento ilegal de sus aliados. La mayor expresión de esta institucionalidad está representada en el denominado ejército cívico-militar-policial que se ha constituido en el soporte del régimen de Maduro.
En este “nuevo ejército” las milicias bolivarianas y, especialmente, los militares profesionales fueron ubicados como un eslabón más de una cadena que está integrada por militantes del PSUV y Consejos Comunales, los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, pequeños grupos delictivos anárquicos, los Colectivos, mega-bandas criminales, las disidencias de las FARC, grupos guerrilleros del ELN y paramilitares.
Surgido inicialmente en los barrios populares del oeste de la ciudad de Caracas cuando los colectivos sociales fueron incorporados a la defensa de la revolución bolivariana y el gobierno, la iniciativa se fue extendiendo por distintos barrios y regiones del país a través de experiencias y actores distintos. Es decir, en aquellas zonas en las que hay una presencia relevante del crimen organizado, el régimen de Maduro los ha ido incorporando como aliados a sus planes de control social, represión e intimidación política, al igual que los colectivos.
Para la construcción de este nexo entre la política y el crimen organizado el régimen y sus principales líderes no solo han actuado con descarada complicidad y tolerancia hacia la operación de estos grupos, sino que incluso les han delegado roles y funciones inherentes al Estado. Esto incluye, entre otras, responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, gestión de programas sociales, administración de justicia, control territorial, gestión de la economía local, oferta de servicios públicos y manejo de infraestructura física pública.
Otro de los aspectos que destaca en la alianza entre Maduro y los integrantes de su red de poder se relaciona con el autofinanciamiento. De hecho, en las alianzas se establece que tanto algunos componentes policiales y militares, así como dirigentes políticos, guerrilleros, paramilitares, colectivos y, en general, bandas del crimen organizado, están autorizados para operar una red de negocios legales e ilegales. Es decir, el delito autorizado.
Entre esas actividades se encuentran, el tráfico de drogas, el contrabando de combustible, alimentos, medicinas y minerales, el tráfico de armas y de personas, el secuestro, el robo, el sicariato, la extorsión, el abigeato. Adicionalmente, en diferentes regiones del país hay suficientes registros y evidencias que permiten afirmar que los gobiernos regionales y municipales usan dinero proveniente de las economías criminales para financiar sus obras, proyectos, programas e, incluso, los salarios de sus trabajadores. Este dato ratifica que Maduro mantiene una economía oscura que le permite financiar su proyecto político sin control de las instituciones del Estado.
Es decir, perfila un nuevo orden social cuyo rasgo principal se encuentra en esos puentes en los que se autoriza la convivencia entre lo legal y lo ilegal; lo permitido y el delito; el crimen y la política; el mercado formal y el mercado negro. Después de todo, esa complicidad cívico-militar-policial es lo que nosotros hemos definido como un Estado delincuente.
Entre estas interacciones han destacado las alianzas establecidas con organizaciones criminales nacionales, como son los casos de la mega banda del “Coqui” que opera en el sector de la Cota 905 y la de “Wilexis” en la comunidad de Petare, en la ciudad de Caracas; así como la conocida como el “Tren de Aragua”, dirigida por el líder negativo de reclusos (pran) Héctor Guerrero Flores (alias Niño Guerrero), quien opera desde el Centro Penitenciario del estado Aragua o penal de Tocorón, donde cumple condena.
Precisamente, la fortaleza y el poder alcanzados a la fecha por estas mega bandas y la inmunidad de que disponen para el ejercicio de sus operaciones delictivas son producto de acuerdos y convenios alcanzados con líderes políticos, instituciones y altos cargos del gobierno. Destacan entre estos la conformación de las denominadas “Zonas de Paz”, creadas en 2013 por iniciativa del gobierno, en donde se delegó en los grupos delictivos el control y la gestión de seguridad de determinadas áreas o zonas, sin interferencia alguna o participación de los organismos de seguridad del Estado.
Por supuesto, la publicidad del gobierno proclamaba que el acercamiento con esos grupos criminales perseguía fines pacíficos, exclusivamente; pero después de ocho años los hechos muestran una realidad diferente. Los datos dicen que el programa “Zonas de Paz” fue el medio que Maduro utilizó para ampliar el ejército cívico-militar como escudo de protección para su ambición desmedida de poder.
Es el caso, que las mega bandas beneficiados con estos acuerdos siguen coordinando desde sus enclaves de “paz” o “zonas despejadas” bajo su control, las operaciones de secuestro, asesinato, tráfico de drogas , minerales y personas, extorsión y robo de vehículos, entre otros. Todo ello sin que los cuerpos de seguridad del Estado intervengan en los territorios y zonas donde operan.
Se trata de un pacto que se está acelerando a la misma velocidad con la que se radicalizan la crisis socioeconómica y la incapacidad de la cleptocracia para atender la demanda social desbordada por la crisis humanitaria.
Después de todo, el chavismo/madurismo pareciera ir perfeccionando cada día los términos del modelo de asociación con el mundo criminal, un paso indispensable para incorporarlos como eslabón de ese ejercito cívico- militar-policial que en un supuesto escenario de revueltas populares o intervención militar internacional, saldría en defensa del régimen y la supuesta revolución bolivariana.
En este contexto hay un caso que requiere una especial mención, el referente a la mal llamada mega banda “el tren de Aragua” (TdA). En la última década, el TdA ha pasado a convertirse en la más poderosa, violenta y criminal mega banda venezolana, que cuenta con unos 2.700 integrantes con un alto poder de fuego. Estos operan en los estados Aragua, Carabobo, Guárico, Trujillo, Miranda, Bolivar, Sucre, Lara y Táchira. En la actualidad ha sido comprobado su despliegue transnacional a países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. El crecimiento experimentado por la banda es expresión de las ventajas derivadas del apoyo y la inacción del Estado venezolano.
Por un lado, esto ha sido posible gracias a una medida adoptada por la ministra de Prisiones (2011-2020) Iris Valera, por la cual la cárcel de Tocorón (con cerca de 7.000 internos) quedó excluida del denominado “Nuevo Régimen Penitenciario” diseñado para controlar la criminalidad en las prisiones. Con esta decisión, la autoridad del Estado en el penal resultó sustituida por la autoridad criminal del “Niño Guerrero”. Tal acción convirtió a Tocorón en una fortaleza desde donde se dirigen amplias redes de microtráfico, sicariato, robo de vehículos, secuestros, extorsión, etc.
En las instalaciones del penal, se ha desarrollado una poderosa red criminal de control penitenciario que les ha permitido acumular cuantiosas ganancias económicas. Parte proviene de la imposición a cada uno de los presos de una cuota de extorsión o “causa” de la cual obtienen cerca de 1.500.000 de dólares anuales. Además, el penal es favorecido por el Ministerio de Prisiones con la autorización del traslado de presos desde otros penales. Estas gestiones implican pagos en efectivo para la banda y le permiten también la renovación de sus miembros. Adicionalmente, han desarrollado una red de negocios dentro de las instalaciones, tales como: restaurantes, salas de apuestas, discotecas, salas de fiestas, parques infantiles, zonas de alojamiento, áreas deportivas y hasta un banco para gestionar el depósito de deudas y créditos a los internos. En el penal se organiza y ordena la ejecución de los diversos delitos por parte de los miembros de la banda y se colecta el dinero recaudado. Los miembros de la banda cuentan con sofisticados equipos de comunicación móvil. El modelo de organización criminal establecido en Tocorón ha sido exportado a otros centros del sistema carcelario venezolano.
Igualmente, un acuerdo tácito alcanzado con el gobierno le permitió a la mega banda el establecimiento de una “Zona de Paz” en la populosa comunidad de la zona industrial de San Vicente, ubicada al sureste de Maracay, a 30 km de Tocorón. En esta área, que cuenta con 20 barrios populares, fueron eliminadas las estaciones de policías y se suspendió el patrullaje preventivo y los operativos por parte de los organismos de seguridad. Los rumores señalan que tales actuaciones estuvieron alentadas y coordinadas desde su inicio por personeros vinculados al régimen. Podemos decir que las denominadas “zonas de paz” son en realidad laboratorios sociales para ensayar la relación entre la política y la delincuencia organizada.
Los jefes del TdA ejercen en esta área una autoridad cuasi legítima por medio de la cual establecen las normas de convivencia y seguridad, intervienen en problemas maritales y de convivencia, ordenan desalojo de bienes inmuebles, gestionan la venta de alimentos y licores, etc. Bajo la figura de la Fundación “Somos el Barrio JK” Movimiento Social, este grupo criminal ha desarrollado capacidades organizativas y de logística para suplantar algunas funciones del Estado. Por su cuenta o conjuntamente con la gobernación del estado y la alcaldía del Municipio Giraldot, realizan programas de mejoramiento de servicios básicos e infraestructuras locales. Igualmente coordinan los programas sociales del gobierno (como el CLAP), gestionan la entrega de ayudas sociales y económicas, promueven y financian actividades recreativas, ofrecen supuestos servicios de custodia para los comercios minoristas, ejercen el control sindical de las empresas ubicadas en la zona, coordinan mercados populares, estaciones de gasolina y el transporte público. Incluso, en estos barrios han llegado a decretar “toque de queda” de obligatorio cumplimiento para sus habitantes y los comercios.
Bajo tales circunstancias, la perversa y estrecha relación que se ha establecido entre el régimen de Maduro y las organizaciones del crimen organizado, debe ser considerada como una de las grandes amenazas de una eventual transición hacia la democracia, que al mismo tiempo representa un inmenso desafío para la política, obligada a encontrar de manera creativa las respuestas apropiadas frente a esta compleja situación.
