La estatal de hidrocarburos Pdvsa corre el riesgo de perder algunos de sus activos en el exterior pese a la protección de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la ejecución de 150.000 millones de dólares en reclamaciones contra Venezuela y varias de sus empresas estatales, debido a nuevos procesos legales que deberá afrontar ante la justicia estadounidense. La información fue reseñada por la agencia de noticias Redd Latam, con sede en Nueva York.
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Una exención en la Ley de Seguro de Riesgo de Terrorismo de Estados Unidos le permite a las víctimas del terrorismo la incautación de activos pese a lo que establecen las sanciones, algo a lo que han recurrido personas que padecieron acciones criminales o la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que ahora buscan confiscar activos de Pdvsa tras haber obtenido órdenes judiciales por señalamientos que califican a la estatal, algunas de sus unidades y funcionarios venezolanos, como instrumentos de las Farc, según reseñó Redd Latam.
De acuerdo con lo precisado por la agencia, entre los activos en riesgo se encuentran una deuda de 117 millones de dólares de un banco neoyorquino con la empresa conjunta de Pdvsa Petrocedeño; un monto no revelado de la empresa de riesgo compartido Petrowarao, y 41 millones de dólares en la cuenta de corretaje de una unidad salvadoreña de Pdvsa.
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«Los demandantes también persiguen a personas sancionadas cercanas al liderazgo de Venezuela, confiscando y subastando casas y yates», precisó Redd Latam.
Según lo publicado por la agencia de noticias, Pdvsa, que no figuraba en procesos legales en EEUU por casos de terrorismo desde 2019, reapareció ante tribunales estadounidenses el pasado 2 de febrero, cuando solicitó la oportunidad de defenderse por las acusaciones sobre presuntos vínculos con las Farc en una corte federal de Carolina del Sur y días después abogados de la empresa acudieron a un tribunal federal en Buffalo, en Nueva York, para exigir la oportunidad de hablar antes de que fueran entregados 7 millones de dólares en una cuenta bancaria local a uno de los demandantes.
