El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual les concede impunidad en el país pero también puede ser relevante en procedimientos judiciales abiertos en otras jurisdicciones por lo que dificulta la recuperación del dinero o bienes robados a Venezuela.
Documentos a los que ha tenido acceso Cuentas Claras Digital muestran los pasos seguidos por la trama que coadyuvó para que un tribunal venezolano sobreseyera la causa penal contra Raúl Gorrín por los ilícitos cambiarios de una opaca operación realizada con Pdvsa.
Se trata del crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital CA, el 17 de diciembre de 2014. Dos semanas después, Rantor cedió el contrato de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong. Raúl Gorrín es el beneficiario final de la primera y el dueño del 100% de las acciones de la segunda, tal como denunció Cuentas Claras Digital en 2017. En ambos casos, se trata de empresas de maletín.
Durante los años que estuvo en vigencia el control cambiario en Venezuela, no existió mejor negocio que comprar dólares baratos a la denominada tasa preferencial y luego venderlos caros en el mercado negro. Es lo que se denomina ganancia por diferencial cambiario.
El 17 de diciembre de 2014, fecha del contrato entre Pdvsa y Rantor Capital CA, la tasa oficial era de 6,30 bolívares por dólar, pero en el mercado paralelo alcanzaba los 182,23 bolívares por dólar, siempre con tendencia al alza por la especulación. Obtener 1.143 millones de dólares de Pdvsa a cambio de 7.200 millones de bolívares fue una operación que dejó obscenas ganancias a los integrantes de la trama, tanto en la petrolera como en las empresas involucradas.
¿Por qué, existiendo una extensa red de bancos públicos, se prefirió recurrir de manera secreta a instituciones financieras privadas casi desconocidas?
¿Por qué Pdvsa recurrió a una línea de financiamiento con un particular, no regulado por la Sudeban, sin estructura ni programa de prevención de legitimación de capitales?
¿Por qué la administración de Eulogio Del Pino y específicamente el vicepresidente de finanzas Víctor Aular, no realizó una subasta pública, una operación transparente, más aún cuando se trata de la empresa estatal “de todos los venezolanos”?
¿Dónde están las declaraciones fiscales y los libros contables de Rantor Capital CA?
¿Por qué fue catalogado el contrato entre Pdvsa y Rantor CA como “confidencial” ?
¿A qué tasa preferencial fue convenido el negocio? A una de las tasas oficiales o a una tasa no oficial?
A pesar de todas estos graves señalamientos, el 16 septiembre de 2020 el Juzgado 11 de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas, decretó el sobreseimiento de la causa (hasta ese momento desconocida por la opinión pública) supuestamente seguida a Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Víctor Aular y otros, sobre estos hechos.
El fiscal Farik Karin Mora Salcedo (el mismo que sembró armas en la casa de Roberto Marrero y manipuló evidencias contra el diputado Juan Requesens) y la jueza Luisa Romero firmaron la decisión claramente sesgada a favor de los denunciados.
Cuentas Claras Digital tuvo acceso a la correspondencia oficial que supuestamente intercambiaron el Ministerio Público y la consultoría jurídica de PDVSA y cuyo objetivo final era tratar de exonerar a los acusados.
Se trata de un oficio firmado por el fiscal Mora Salcedo con fecha 28 de noviembre de 2017 dirigido a la consultoría jurídica de PDVSA, que a su vez acusa recibo de la misma el 30 de noviembre y procede, con una diligencia inusual, a responder en el lapso de una semana el 7 de diciembre de 2017, con el respectivo oficio en el cual en lugar de proteger el interés público, a todas luces beneficia a los acusados.
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Varios delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Código Penal, entre otros instrumentos, fueron cometidos en este caso por funcionarios, particulares, cómplices y encubridores, como los operadores de justicia que hoy están tratando de lavar el botín esquilmado al patrimonio nacional.
