La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los años 2000, cuando algunos funcionarios de Hugo Chávez, sobre todo militares, fueron incorporados a la lista negra del narcotráfico estadounidense. Sin embargo, fue en 2015 cuando Estados Unidos inició una nueva etapa de su relación con Venezuela y comenzó a presionar a altos funcionarios de todos los poderes públicos del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo reseña un reportaje de Maru Morales P. para Crónica Uno.
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Violación de derechos humanos, conducta antidemocrática, haber contribuido al socavamiento de la democracia y las instituciones, participar en la organización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, usurpar las funciones de la Asamblea Nacional son algunas de las razones que Estados Unidos y otros países han tenido para incluir en la lista negra a individuos venezolanos. Por ejemplo, 94 % de los magistrados del TSJ fueron sancionados por usurpar las funciones de la AN.
Entre 2015 y mayo de 2019, 133 funcionarios públicos venezolanos, encabezados por Nicolás Maduro, fueron blanco de sanciones no solo por Estados Unidos, sino por los 27 miembros de la Unión Europea, Canadá, Colombia, Panamá y Suiza. Para ese momento ya eran más de 30 los países a los que ni Maduro ni sus operadores políticos o militares podían entrar ni hacer transacciones financieras.
162 funcionarios vetados en 41 países
Pero esos números aumentaron a partir de junio de 2019. En los últimos 21 meses, la comunidad internacional ha sancionado a 66 funcionarios del gobierno de Maduro, de los cuales 29 debutan en las listas negras y 37 son reincidentes. Esto elevó a 162 el total de colaboradores de Maduro sancionados desde el año 2015, entre civiles y militares.
Por otro lado, el retorno de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a mediados de 2019, marcó otro hito en el alcance y aplicación de sanciones internacionales.
El 3 de diciembre de 2019, 11 países del TIAR (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana) impusieron una sanción colectiva a altos cargos del gobierno venezolano “involucrados en la corrupción y los crímenes humanitarios en Venezuela”. Una semana después, el recién juramentado presidente de Argentina, Alberto Fernández, desaplicó la resolución en su territorio.
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En total, los países del TIAR designaron a 27 altos funcionarios y dos empresarios clave para los esquemas comerciales y de dominación social de la administración de Maduro: Alex Saab (empresario de los Clap) y Raúl Gorrín (propietario de medios de comunicación). No obstante, estas dos personas no fueron contabilizadas para efectos de esta investigación por no ser funcionarios públicos.
El 23 de diciembre de 2019, un país ajeno a Venezuela se sumó a la lista de gobiernos alertas ante la penetración de fondos sospechosos de la denominada Gran Corrupción de Venezuela: Nueva Zelanda detectó y congeló varios millones de dólares vinculados a un exabogado de Pdvsa investigado en Estados Unidos.
La entrada del TIAR en el tablero de las sanciones y la actuación de Nueva Zelanda elevaron a 42 el número de países del mundo donde los fondos vinculados a figuras del chavismo-madurismo son rastreados y congelados, y donde los operadores políticos de Maduro tampoco son bienvenidos. Estos son:
– Estados Unidos.
– Canadá.
– Nueva Zelanda.
– Panamá.
– Reino Unido.
– Suiza.
– Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.
– TIAR: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana (se excluye a Estados Unidos para no contarlo dos veces).
Esta investigación no incluye a “426 funcionarios del gobierno de Maduro” sancionados por Estados Unidos el 7 de junio de 2019, ni tampoco las sanciones impuestas por Chile el 5 de julio de 2019 contra “un centenar de funcionarios del gobierno venezolano”, pues las autoridades de esos dos países no han hecho público el listado de nombres de los afectados ni el tipo de sanción en su contra.
Disidentes de la oposición en la lista negra
Dos novedades destacan en la aplicación de sanciones individuales contra el entorno político y militar de Maduro. Uno, la incorporación de disidentes de la oposición en las listas de sancionados. Y dos, como ya se mencionó, la incorporación de Nueva Zelanda como destino de fondos venezolanos presuntamente malhabidos.
Sobre el primer elemento, 11 de los 29 colaboradores del gobierno de Nicolás Maduro que debutaron en la lista de sanciones desde junio de 2019 son disidentes de la oposición, es decir, 38 %.
De acuerdo con los países que dictaron las sanciones, las acciones de esos 11 sancionados contribuyeron a debilitar la posición de los partidos legítimos de la oposición democrática, socavaron el funcionamiento de la Asamblea Nacional y auparon la realización de unas elecciones parlamentarias sin garantías, pese a que provenían de las propias filas opositoras.
Conforman este grupo los diputados elegidos en 2015 por la Mesa de la Unidad y exmilitantes de PJ, AD, VP y UNT: Luis Parra, José Brito, Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez, Adolfo Superlano, Guillermo Luces y Chaim Bucarán; así como los dirigentes de esos mismos partidos Bernabé Gutiérrez, Negal Morales y Miguel Ponente. Todos penalizados por facilitar e instrumentar la maniobra política que intentó arrebatarle la presidencia del Parlamento a Juan Guaidó el 5 de enero de 2020.
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Un asesinato que trajo consecuencias
Los 37 funcionarios restantes, sancionados desde junio de 2019, son integrantes de las distintas ramas del Poder Público, militar o policial, al servicio de la gestión de Maduro y ya tenían sanciones previas.
Estos provienen de organismos como la Dgcim, el Ministerio Público, el CNE, el PSUV y otros partidos aliados, la Asamblea Constituyente, el Sebin, las FAES, la GNB, la Contraloría General, Corpoelec, distintos ministerios y gobernaciones oficialistas, el Ejército, el TSJ, la Procuraduría General, tribunales, el Seniat, la Cancillería, la Tesorería Nacional, el Conas, Pdvsa y Conatel. No quedaron por fuera la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; así como Nicolás Maduro Guerra y Cilia Flores, hijo y esposa de Nicolás Maduro, respectivamente.
Los delitos de los cuales son acusadas estas personas son de diversa naturaleza, como ya señalamos: desde lavado de dinero producto de la corrupción u otras actividades ilícitas, pasando por el socavamiento de las libertades políticas y civiles de los venezolanos hasta la violación de los derechos humanos.
Este último es el tipo de delitos imputados a los mandos altos y medios de la Dgcim identificados como responsables de la detención, torturas y muerte del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en junio de 2019.
Hasta en Nueva Zelanda
El otro elemento novedoso del período que va desde junio de 2019 al presente es la incorporación de Nueva Zelanda como destino de dinero producto de la corrupción. Nueva Zelanda es una inmensa isla ubicada en el océano Pacífico, que forma parte de Oceanía junto a Australia y Nueva Guinea. Queda a más de dos días de vuelo desde Venezuela.
Congelados 17 millones de dólares de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
Allí fueron a parar más de 17 millones de dólares presuntamente producto de la Gran Corrupción venezolana.
El movimiento de los fondos habría ocurrido en el primer trimestre de 2019, desde Bahamas. En diciembre de 2019, mientras el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República Juan Guaidó (artículo 233 constitucional) enfrentaba a lo interno los efectos de la Operación Alacrán, un tribunal de la lejana Nueva Zelanda actuó:
– El presunto delincuente: Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Pdvsa.
– El monto detectado: 17.5 millones de dólares.
– El presunto delito: lavado de dinero producto de la corrupción.
– La sanción: el congelamiento total del dinero.
La medida de Nueva Zelanda no se tomó bajo al amparo de un programa de sanciones contra el madurismo, como es el caso de Estados Unidos o la Unión Europea, sino basados en un instrumento legal local denominado Ley de Recuperación de Activos Criminales, cuya aplicación descansa en la Unidad de Recuperación de Activos de la policía neozelandesa. El Tribunal Supremo de ese país ordenó congelar los fondos.
La presunta trama tejida por el exabogado de Pdvsa (que en julio de 2018 admitió ante autoridades de Estados Unidos haber cobrado sobornos por la gestión de contratos públicos) es descrita por el periodista Jared Zavage en un artículo publicado en New Zealand Herald, el 23 de diciembre de 2019.
Venezuela es considerado el país más corrupto del continente americano
Cuenta Zavage que De León habría sido parte de una compleja red de fideicomisos, cuentas bancarias e inversiones, que fue utilizada, junto con otros cuatro exdirectivos de Pdvsa, para lavar el dinero de los sobornos. Se presume que Andreína Gámez Rodríguez, esposa de De León, fue la encargada de transferir “las ganancias criminales de la corrupción” a Nueva Zelanda.
