La nueva política exterior de Estados Unidos, hacia los países del norte de Centroamérica, va dirigida a perseguir a los funcionarios corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Para esto la Casa Blanca diseñó un paquete de leyes, además de las estrategias políticas, que buscan erradicar la corrupción endémica. Con información de Manuel Chocano Estrada / Factor Cuatro.
Dentro de esas nuevas leyes la Ley de Recompensas de Recuperación de Activos de Cleptocracia, establece un programa piloto que tendrá una duración de 3 años y ofrecerá recompensas de hasta 5 millones de dólares a denunciantes que ayuden a identificar y recuperar activos extranjeros vinculados a la corrupción en cuentas o instituciones financieras de EEUU.
Una de las leyes a implementar será la “Ley de Transparencia Corporativa” (CTA), que impone obligación federal hacia las instituciones financieras y bancos de revelar a los verdaderos beneficiarios de empresas. La CTA es una herramienta para investigar delitos relacionados a la corrupción en países de Centroamérica, esto debido a la identificación del uso de empresas fachada y otras estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios de negocios que son sospechosos de lavar dinero o que sus activos sean producto de corrupción.
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La aplicación de la FCPA será apoyada desde la Bolsa de Valores, esto se hará a través de una enmienda a la Ley de la Bolsa que amplía la limitación a restitución por violaciones internacionales.
El presidente Joe Biden, busca evitar la migración a través de esta lucha contra la corrupción una prioridad, para esto la administración utilizará la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte, aprobada recientemente. La referida ley se enfoca en la corrupción y violaciones a los Derechos Humanos y ordena la presentación de un informe anual disponible únicamente para el Congreso de EEUU, este identificará a los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras que han participado en casos graves de corrupción, cuyos nombres serán conocidos a través de la Lista Engel.
La gran corrupción, la extinción de dominio y recuperación de activos
La ley no significa necesariamente que se impongan sanciones, sin embargo, es casi seguro que estas personas, sus parientes, socios, subalternos, estén sujetos a investigaciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU. Esto resultaría en bloqueos de activos y otras sanciones como las descritas en la Ley Magnitsky que autoriza sanciones a personas que se han involucrado en abusos de Derechos Humanos o Corrupción.
Las acciones incluyen la creación de un plan estratégico de 5 años, para fortalecer la gobernabilidad y combatir la corrupción, fortalecer la seguridad, y promover la prosperidad económica, este plan estará a cargo del Departamento de Estado junto con el Director de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID.
