La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por haber evadido millones durante años, supuestamente, prevaliéndose de su condición en Cataluña (España). Con información de Miguel Ángel Campos / Cadena SER.
Fortuna de los Pujol suma 290 millones de euros en 40 años de corrupción
Anticorrupción dice en su escrito que el expresident Jordi Pujol aprovechó su posición política para “tejer una red de clientelismo” mediante la cual el propio Pujol y empresarios afines a Convergència se repartían “cuantiosos beneficios de adjudicaciones públicas” amañadas en Cataluña.
Los beneficios de Pujol fueron repartidos y ocultados por la familia en cuentas en el extranjero, preferentemente en Andorra, desde “al menos 1991”.
Toda la familia, excepto su mujer, a quien le han archivado la causa por demencia, se sentará en el banquillo. La fiscalía pide 9 años de cárcel para el expresident por asociación ilícita y blanqueo, pero la petición de pena se eleva a los 29 años para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
Parte de la fortuna de los Pujol ha sido trasladada desde Andorra a Panamá
Las peticiones de condena también son muy elevadas para sus otros seis hijos por asociación ilícita, blanqueo, falsedad, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. Josep Pujol se enfrenta a una solicitud de pena de 14 años, mientras que para sus hermanos Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, la solicitud de Anticorrupción alcanza los 8 años de cárcel para cada uno.
El Ministerio Público también reclama multas millonarias a la familia, equivalentes a las cantidades de las que dispusieron en sus cuentas, que superan los 130 millones de euros, a los que hay que añadir las multas por los fraudes fiscales detectados y la conformación de la asociación delictiva.
Para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés, a quien la Fiscalía considera relevante en las operaciones de “ocultación y afloramiento” de capitales, le es reclamada una pena de 17 años de prisión.
Además, a cada uno de los 10 empresarios acusados de cooperar con la familia en las operaciones de blanqueo y falsedad de documento mercantil, la Fiscalía les reclama 3 años de cárcel y multas que superan los 70 millones de euros.
