Segura de que «no existen países limpios» de corrupción, la fiscal general europea Laura Codruta Kövesi está «muy orgullosa» de protagonizar el «momento histórico» de la puesta en marcha el 1 de junio de la Fiscalía Europea, y alerta del «alto riesgo» de delitos ligados al Fondo de Recuperación de la pandemia. «Estoy muy orgullosa de ser la primera fiscal jefe europea y de empezar esta nueva Fiscalía Europea contra el Fraude, pienso que el comienzo de la EPPO (sus siglas en inglés) es un momento histórico», afirma Kövesi en una entrevista desde Luxemburgo. Así lo reseña un reportaje de Catalina Guerrero para Noticias de Navarra.
Creada para investigar y enjuiciar a los infractores del presupuesto de la Unión Europea (UE), la EPPO es una «herramienta» para «proteger nuestros intereses económicos», por eso «tiene que ser fuerte, eficaz y eficiente», dice la renombrada fiscal rumana, al frente de un pequeño equipo que supervisará además el multimillonario Fondo de Recuperación.
La corrupción, la malversación y el fraude en sus múltiples formas hacen perder a la UE unos 500 millones de euros anuales, según sus propios cálculos, en tiempos de presupuestos normales.
Una sangría monetaria que podría intensificarse por el coronavirus, que llevó a la UE a crear un fondo de unos 800.000 millones de euros. España será la segunda beneficiaria con unos 140.000 millones de euros.
La UE aprueba ayudas de medio billón de euros por crisis del coronavirus
«Con esa gran cantidad de dinero y flexibilidad hay un alto riesgo de más crímenes en Europa, especialmente en el sistema de sanidad, agricultura, investigación y en los contratos públicos», advierte Kövesi.
Para la tarea titánica de identificar y perseguir corruptelas, la EPPO cuenta con una financiación anual de 44.9 millones de euros. «Tenemos dinero para 140 fiscales», según Kövesi, quien subraya la necesidad de «cincuenta investigadores y analistas financieros en Luxemburgo» donde tiene su sede la Fiscalía, ante los «desafíos» de «llevar a cabo investigaciones en 22 Estados miembros con 22 códigos criminales y con 22 procedimientos diferentes».
En caso de fraude del IVA superior a 10 millones de euros que tenga lugar en al menos dos países de la UE, los fiscales de Luxemburgo tienen jurisdicción. Además, el fraude en adquisiciones y subvenciones pertenece a su campo de actividad, así como la corrupción y el blanqueo de capitales asociados a estos fraudes. Kövesi explica que los analistas financieros son «muy importantes» porque, además de conectar datos, ayudan también a los fiscales «a identificar los bienes y las propiedades que pueden ser requisados».
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
Cinco países sin adhesión
Cinco países, Polonia, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Suecia, no se han unido a la EPPO por «decisión política», dice Kövesi, quien espera que la Comisión Europea les convenza para «sumarse»; mientras que Finlandia (por un «cambio de legislación») y Eslovenia aún no han designado a sus respectivos fiscales delegados.
Este último país es si cabe el más preocupante, ya que su Gobierno, dirigido por el populista de derechas Janez Jansa y que asumirá el 1 de julio la presidencia de turno de la UE, rechazó los fiscales delegados ya elegidos por su Parlamento por «inadecuados». «No hemos sido creados para dejar que cualquiera deje los asuntos eslovenos en un cajón (…) Esta manifiesta falta de cooperación de las autoridades eslovenas con la EPPO daña seriamente la confianza en los sistemas de control de los fondos en Eslovenia», sentenció Kövesi.
