«El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles». Pese a que esto lo ordena el artículo 26 de la Constitución, en la práctica los distintos órganos que conforman el sistema de administración de justicia no se cansan de dar muestras de su alineación y de su subordinación a lo que ordena Nicolás Maduro. El caso más reciente ha sido el del escándalo de corrupción que sacude a la estatal Lácteos Los Andes. Así lo reseña un reportaje de Transparencia Venezuela / Suprema Injusticia.
Aunque desde hace varios años organizaciones como Transparencia Venezuela vienen denunciando irregularidades en las empresas propiedad del Estado, incluyendo Lácteos Los Andes, tales como su bajo rendimiento, el incumplimiento de sus planes y proyectos y hechos de corrupción, las autoridades han decidido hacerse de oídos sordos. Sin embargo, el pasado 7 de mayo los focos se posaron en la compañía estatizada en 2008, luego de que una trabajadora realizara una serie de denuncias contra la junta directiva y Maduro ordenara una investigación.
“Los trabajadores en algunas empresas no somos escuchados por los patronos. Nosotros como trabajadores, teniendo el conocimiento de la producción y los enlaces con los productores y las comunas no nos escuchan”, afirmó Nerenni Rodríguez, miembro del Consejo Productivo de Lácteos Los Andes, durante una videoconferencia con Maduro, en la cual agregó: “Es importante que la clase obrera sea escuchada y que sea incorporada en las distintas juntas administradoras de las empresas públicas y privadas”.
“Eso es lo que necesitamos: ¡Claridad! Que nadie taparee nada. Que nadie esté tapando. Necesitamos la crítica directa, que destapa las ollas”, afirmó Maduro, quien –acto seguido- le ordenó a su ministro de Educación, Eduardo Piñate, que en 48 horas le informara: “¿Qué pasa en Lácteos Los Andes? ¿Por qué no se escucha a la clase obrera?”.
A toda velocidad
Siete días después de la instrucción dada por Maduro, el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, informó que desmanteló una “trama de corrupción” en la empresa con la cooperación de la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Saab dijo que actuó “instrucciones expresas del presidente Nicolás Maduro Moros” y anunció la detención del presidente de la Lácteos Los Andes, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, quien se venía desempeñando en el cargo desde el 30 de agosto de 2019.
Saab reveló que Lácteos Los Andes contrataba con numerosas empresas, muchas de ellas de “maletín”, que eran propiedad de familiares o allegados al militar y que muchas de ellas vendían con sobreprecio sus bienes o servicios. “Quisiera, por ejemplo, destacar algunos datos, la empresa Corporación AA Hidalgo y Urdaneta C. A. fue contratada para el suministro de insumos para infraestructura, materiales de seguridad, uniformes, calzados, químicos, transporte, repuestos para las maquinarias, vehículos, baterías, aceite y cauchos, entre otros (…) En esta empresa figura como representante legal su hermano (de Piligra Jiménez) Pedro Pablo Álvarez Jiménez. Por otra parte, la empresa Novedades Miguel García 2019, C.A. suministraba a su vez la papelería y los artículos de oficina a Lácteos Los Andes, siendo la misma propiedad de Laura Yelitza Álvarez, hermana de Piligra Jiménez, y Amelis Aracelis Cabrera Gómez, pareja sentimental del mismo”, apuntó.
Saab anunció también la detención y procesamiento de la pareja del ahora expresidente de Lácteos Los Andes y no descartó que más personas se sumaran a la lista. Estas palabras habrían hecho que el gerente de Comercialización de la compañía, Reinaldo González, optara por lanzarse desde el piso 8 de la sede de la empresa, ubicada en Barquisimeto, el mismo día que el fiscal de la Constituyente hiciera el anuncio público sobre la investigación.
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Este martes 18 de mayo, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Control con Jurisdicción Nacional y Competencia en caso de delitos de Terrorismo acordó la detención preventiva del militar y de su pareja. A Piligra Jiménez se le imputaron los delitos de peculado doloso y concierto de funcionario con contratista, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción; posesión ilícita de arma de fuego; boicot, con la modalidad agravada de desestabilización de la economía; contrabando de extracción y legitimación de capitales, así lo informó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una escueta nota de prensa.
Versiones contradictorias
Aunque el caso de Lácteos Los Andes en apariencia parece que estalló porque una trabajadora descontenta aprovechó un contacto con Maduro para hacerle unas denuncias, el Fiscal designado por la Constituyente dio otra versión.
“Dicho funcionario (por Piligra Jiménez) estaba siendo investigado (…) desde hace varias semanas, por existir indicios de actividades de enriquecimiento ilícito, ya que este ciudadano comenzó, de manera vertiginosa, a poseer bienes valorados en altísimas sumas de dinero, y llevaba, de manera paralela, sin temor a nada, creyendo que aquí podía él gozar de una impunidad, que obviamente no la tiene, ni nadie la tiene en este tipo de hechos tan aborrecibles. Como dije ostentando esa vida tan escandalosa de mostrar y exhibir por ejemplo yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos de lujo, fincas en diferentes lugares del país que, obviamente, todos estos bienes mal habidos están siendo objeto de la debida incautación, tal como lo establece la Ley Anticorrupción, por parte de los órganos competentes”, agregó Saab.
El Fiscal de la desaparecida Constituyente dejó claro que Maduro estaba al tanto de las actuaciones de la Fiscalía. “Lo conversé personalmente con el presidente Nicolás Maduro (…) Es una traición porque se hunden en la corrupción, sin importar que arrastran a su familia y amigos”, añadió.
A Piligra Jiménez se le vincula con el expresidente de la cuestionada Constituyente y actual diputado oficialista, Diosdado Cabello, por lo que hay quienes ven en esta investigación un intento por golpear a quien fuera considerado alguna vez como el delfín del fallecido Hugo Chávez.
¿Pública, privada o mixta?
Antes de que este escándalo estallara Lácteos Los Andes ya había sido noticia. ¿La razón? Su supuesto traspaso a Majed Khalil Majzoub, quien junto a su hermano Khaled son propietarios por ejemplo de la atunera Eveba, y que han tenido un historial de negocios con la autodenominada Revolución, siempre con muy bajo perfil, aseguró el portal de investigación Armando.Info.
Los hermanos se habrían hecho con la empresa bajo la figura de una “alianza estratégica”, bajo la promesa de aumentar la producción y surtir las cajas de alimentos que distribuyen los polémicos Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
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El ascenso del coronel
Lo que saltó rápido a la luz es que el coronel Piligra Jiménez tiene al menos seis años en el centro del poder.
Es curioso que en algunas gacetas oficiales -documento oficial, como su nombre lo indica- a Piligra Jiménez solo se le identifica por su segundo apellido, como si se tratase de otra persona. En el portal Vendata.org se corroboran los cargos que ha tenido, a través de su cédula de identidad.
José David Cabello Rondón cuando ejercía como ministro de Industrias, en 2015, lo designó en cuatro cargos importantes que el militar asumió en mayo, agosto, septiembre y octubre de ese año.
En 2017, cuando el ministro de Transporte era Juan de Jesús García Toussaintt, fue designado presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). El militar salió de Bolipuertos en medio de señalamientos que indicaban que habría entregado la operación de tres muelles de Puerto Cabello a una empresa privada, que él mismo había seleccionado.
Pero el coronel siguió en el gobierno y en 2018 fue nombrado gerente general de Construpatria por el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi.
Su designación en Lácteos Los Andes en 2019, como presidente encargado, está en la Resolución Nº 009-19 de fecha 8 de agosto de 2019, según Gaceta Oficial N° 41.706, de fecha 30 de agosto de 2019. El ministro para la Alimentación, Carlos Augusto Leal Tellería firmó el nombramiento.
Como todas las empresas propiedad del Estado
El afán de estatizar, expropiar, controlar alcanzó en 2008 a Lácteos Los Andes. Una empresa merideña que en 1995 copaba el mercado nacional con varias marcas comerciales como Los Andes, Frutel, Ella, Bio y Cebú.
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Con la promesa del Estado empresario de incrementar la producción “para el pueblo” vinieron las inversiones. Un estudio realizado por Transparencia Venezuela titulado Empresas Propiedad del Estado, da cuenta de los desembolsos a Lácteos Los Andes en medio de la borrachera petrolera. En 2011 y 2012 recibió 50.78 millones de dólares del Fondo para el Desarrollo Nacional (Foden), que funcionó como una caja chica del gobierno.
En 2015 le asignaron 18.5 millones de dólares para un proyecto en una planta que no estaba activa. Y otros 297.000 dólares del Convenio Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, financiado también por Fonden. Entre 2014-2015 recibió Bs. 331.298.160 del Fondo Especial Ezequiel Zamora, cuando aún la moneda nacional gozaba de cierto sustento.
Pero en 2015, tal como lo muestra el informe Empresas Propiedad del Estado, de Transparencia Venezuela, la producción de leche pasteurizada ofrecía aires de debacle, pues cayó por debajo de los niveles de 2007, antes de la estatización, y la producción total de leche mostraba una caída de 49% en relación a 2012, año en el que se obtuvo el mejor registro: 109,809 toneladas. Lácteos Los Andes corrió así con la misma suerte de las compañías que cayeron en manos del Estado empresario impulsado por Hugo Chávez.
