En una misma semana, mineros de la mina Atenas (Bolívar, Venezuela) recibieron ataques por parte de funcionarios del Ejército venezolano, quienes con disparos al aire, amenazas y agresiones desalojaron el yacimiento ubicado entre la sabana de Tumeremo y El Miamo (Guasipati). Con información de Jhoalys Siverio / Correo del Caroní.
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La primera vez fue el viernes 23 de abril, la segunda arremetida fue el lunes 26, la última vez que intentaron ingresar.
“Comenzaron a echar tiros y bombas, y nos sacaron de la mina donde estábamos trabajando. Salí corriendo porque eran como las 7:00 u 8:00 de la noche y todavía estaban echando plomo para sacar a la población. No hubo heridos, pero sí aporreados y maltratados”, relató un testigo de lo que ocurrió ese lunes cerca de las 5:00 pm.
El trabajo para los mineros artesanales en ese yacimiento se volvió clandestino, con todos los riesgos que eso implica. Es por ello que los mineros protestaron para exigir su reapertura desde la entrada del camino que conduce a la mina Atenas.
La mayoría lleva 10 y hasta 20 años dedicado al trabajo de la minería. Uno de ellos es un hombre de 29 años de edad, de los cuales 16 los ha dedicado a la actividad aurífera.
“De allí es donde me sustento y mantengo a mi familia. Ese es el pan de cada día de todos. De allí es donde se sostiene la mayoría, de la pequeña minería”, agregó.
Rosa Oronoz, ama de casa, también obtenía ingresos del trabajo en esta mina.
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“Los militares no nos dejan trabajar. Nos recibieron con tiros en el aire. Nos amedrentaron, nos dijeron que trabajábamos con los malandros. Nosotros no trabajamos con malandros, trabajamos con el pueblo. Hemos tratado de hablar con el general Carlos Osorio (presidente de la Corporación Venezolana de Minería) y no nos quiere dar la cara. No sé qué es lo que quiere hacer con esa mina el general Osorio que no nos deja pasar”, denunció Oronoz.
De profesionales a mineros
Destacó que de las aproximadamente 800 personas que se ven afectadas directa e indirectamente hay doctores, abogados y otros profesionales que vieron en la minería una mejor forma de sustento económico.
“Toda esta población (de Tumeremo) quiere que les abran la mina Atenas para trabajar, esta es la mina del pueblo, no son de los militares (…) Ahorita la situación económica y el sueldo no da. Los profesionales prefieren trabajar en la mina que de un sueldo que apenas alcanza para una harina PAN. En una mina podemos sacar en un día dos puntos, tres puntos, depende de los lavados que uno haga o hagan los mineros”, explicó.
Actualmente un punto de oro se cotiza en 3 dólares, y una grama de oro entre 30 y 40 dólares.
Entre esos profesionales, que ahora dedican su vida a la minería, está Neftalí Mendoza, ya con 20 años como minero artesanal y de profesión ingeniero.
“El bajo salario me obligó a dejar mi puesto de trabajo y venirme a trabajar en la mina, porque la mina es un paliativo mucho mejor y más remunerado de lo que pagan las empresas. Si uno trabaja una semana completa puede sacar una grama o grama y media, y eso equivale a 60 dólares. Mientras que uno en la empresa apenas le pagan en todo el mes 10 o 15 dólares. Por eso muchos profesionales nos vemos en la obligación de dejar de trabajar en una empresa y venirnos a la mina”, argumentó.
Militares y paramilitares
Las denuncias del control arbitrario de la zona minera no solo recaen en el Ejército, también en presuntos paramilitares.
“Estoy en esta lucha por el rescate de las minas que nos han quitado, están secuestradas. Nos han quitado poco a poco el derecho de trabajar en las minas, como es el caso ahorita de la mina Atenas, donde un grupo de padres de familia estamos necesitando ingresar a esa mina para trabajar, y un grupo de militares, es decir, el Ejército venezolano, impide llegar hasta esa mina”, dijo Mendoza.
“El lunes intentamos entrar y fuimos hostigados fuertemente por el Ejército, específicamente por una parte del Batallón de Infantería de Selva Luis Sucre, que está acantonado en esa mina que queda entre Tumeremo y El Miamo. Supuestamente esa mina fue entregada a dos generales y ellos están explotando esa mina conjuntamente con un grupo de paramilitares. No todos son militares, allí hay civiles vestidos de militares que los están usando para perseguir y reprimir a los pequeños mineros que como nosotros intentamos ingresar a esas minas”, agregó.
Desde el cierre de este yacimiento, el ingreso a la mina se volvió clandestino, con todos los riesgos que ello implica.
“Entramos clandestinamente a la mina, como si fuéramos ladrones, como si vamos a robar. El grueso, el macizo de la mina se lo quedan los grupos militares o paramilitares que trabajan con el gobierno o los mismos militares. El lunes fuimos hostigados con balas y eso nos obligó correr, retirarnos más de un kilómetro corriendo montaña adentro para resguardar nuestra seguridad porque entran disparando a diestra y siniestra. No están viendo si hay niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas. Entran disparando porque nos califican de vulgares maleantes”, denunció Mendoza.
Antonio Sánchez recuerda estar en la mina Atenas desde el año 1975. Desde entonces es su forma de sustento para su familia.
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“Primero eran los grupos subversivos y ahora es el Ejército venezolano que nos impiden trabajar. Queremos la libertad para uno trabajar allí, tranquilos. Si no quieren que uno trabaje, ¿cómo vamos a sobrevivir? El problema es que los soldados no quieren que nosotros trabajemos allí, ellos están cuidando eso y lo que tienen que cuidar es un batallón, una frontera”, manifestó Sánchez.
Las denuncias por el cierre y control de yacimientos a manos militares data desde 2019, cuando la población protestó en contra del cierre de al menos 30 minas de las zonas Corre Gente, Bochinche y Los Candados.
Los yacimientos quedaron entonces bajo el control del Ejército, para entonces liderado por el comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís, asesinado el 6 de abril de 2020. Sobre él recayeron denuncias de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, robos en casas del pueblo y hasta abusos contra mujeres.
El 4 de marzo de 2016 en la mina Atenas ocurrió la masacre de al menos 17 personas, responsabilidad que recayó en Jamiltón Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, presuntamente con la orden de limpiar la zona y entregarla a transnacionales. En octubre de 2019, Nicolás Maduro de forma arbitraria ofreció una mina del estado Bolívar a cada gobernador.
