Mucho se sabe del paso huracanado del antiguo coloso brasileño por América Latina, de su práctica característica de presupuestar bajo para aumentar precios en plena obra, y de su generosa disposición a recompensar a políticos y funcionarios por los contratos. Pero en Venezuela esos abusos se hipertrofiaron. Si acaparó asignaciones de proyectos de infraestructura por 34.000 millones de dólares, esa factura nominal se multiplicó con otros métodos que incluían la especulación con la paridad cambiaria, la ampliación del pago inicial para obras que ni se habían empezado -ni se completarían-, la incorporación de nuevas partidas presupuestarias, y otros que ahora se dan a conocer por nuevos documentos a los que tuvo acceso Armando.info. Así lo reseña un reportaje de María Antonieta Segovia para Armando Info.
Transparencia Venezuela desnuda la intocable corrupción bolivariana en Odebrecht
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un reporte en el que detalló los pagos de sobornos realizados por la compañía brasileña Norberto Odebrecht a funcionarios gubernamentales venezolanos entre los años 2006 y 2015. Meses después de la revelación, y en una comparecencia ante la Corte del Distrito Este del estado de Nueva York, en Estados Unidos, los representantes de la empresa -liquidada en su país de origen y cuyos restos reagrupados ahora exhiben el nombre de Novonor, bajo el lema de “inspirada en el futuro”-, admitieron haber pagado en Venezuela hasta 98 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y al de su delfín, Nicolás Maduro, para obtener contratos para la construcción de obras públicas. Esas contrataciones por lo general contaron con el amparo de una estrecha relación política de Chávez y Maduro, en Caracas, con los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasilia, con Lula Da Silva y Dilma Roussef a la cabeza; y, sobretodo, de los ingresos petroleros venezolanos, colosales hasta 2013.
Semejante cifra, destinada al pago de coimas, se hace pequeña frente a la contrapartida final: la obtención por parte de Odebrecht de contratos por, al menos, 34.591.978.697,31 dólares (se lee: 34 mil millones de dólares, o 34 millardos de dólares) en obras de infraestructura que, en su mayoría, quedaron inconclusas. Ese monto equivale a 56% del Producto Interno Bruto venezolano de 2020 y perfila lo que podría ser el escándalo de corrupción más grande de América Latina que pueda imputarse a una sola empresa.
Terminar las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela costaría el doble de lo presupuestado
En una entrevista del 30 de julio de 2017, la ex Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, cercana a Chávez y desde ese año en el exilio, ya asomaba una cifra aproximada. En ese momento afirmó que en 20 obras adjudicadas a Odebrecht y que estaban siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público, “el Estado canceló un monto aproximado de 30.000 millones de dólares”, y pronto advirtió “sin embargo, auditar las obras de Odebrecht hasta obtener una cifra consolidada es prácticamente imposible”. La escala del expolio parece inabarcable.
Pero cada vez se tienen más luces de cómo ocurrió el drenaje de recursos. Para ascender a esta astronómica suma, Odebrecht y sus socios venezolanos construyeron un esquema en el que confluyeron varias prácticas para inflar los montos de los contratos y empujar desembolsos de recursos cada vez más abultados. Aunque muchas de estas prácticas no constituyen ilícitos, a la luz de la Ley de Contrataciones Públicas, fueron usadas y abusadas hasta el descontrol, constituyendo un verdadero sistema de desviación de recursos públicos.
Así se desprende de un estudio detallado a contratos, puntos de cuentas, transferencias y otros documentos obtenidos por el Ministerio Público durante un allanamiento en las oficinas de la constructora brasileña en febrero del 2017 y a los que tuvo acceso Armando.info. Estos reflejan un patrón de modificaciones constantes a los contratos, porcentajes excesivos en la entrega de anticipos y peripecias cambiarias (sin contar con los ilegales pagos de sobornos y operaciones paralelas) que fueron analizadas con ayuda de un economista independiente, quien analizó los montos correspondientes a cada contrato y los ajustó de acuerdo a las variaciones del tipo de cambio oficial.
