El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres…Entre acusaciones de sabotaje, el Gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de esos socios que se ha granjeado durante décadas. Entre ellos a un grupo de mexicanos. Lo que en un primer momento se planteó como un acercamiento para tratar de paliar las carencias energéticas de un sistema socavado por décadas de corrupción y dinamitado durante el apagón derivó con los meses en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de petróleo, dinero y otros recursos, como oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info revela cómo se urdió esta red que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco multimillonario. Con información de Javier Lafuente, Elías Camhaji, Zorayda Gallegos, Georgina Zeregas, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg.
Cómo la red de Alex Saab y sus cómplices venden el petróleo venezolano
En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo se podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad, muy similares a las que se utilizaron durante la guerra de Irak, que sirvieran para paliar los efectos de la escasez energética. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones de hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios miembros del Gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro.
EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluso con algunos implicados —que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias— atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego pasó a cobrar el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.
El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde 2014, principalmente por Estados Unidos, para presionar al Gobierno de Maduro y tratar de forzar un cambio que nunca ha llegado. Hoy las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y la Administración para lograr una salida a la crisis del país. Lo que sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por temor a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Y en el centro de toda la presión ha estado Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Después de que la petrolera estatal sufriese de escasez de divisas, que el Gobierno utilizaba para todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a operaciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.
Delcy Rodríguez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del Gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso ‘número dos’ del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista, y un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Se plantearon distintos negocios. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad, se formuló la posibilidad de lograr unos camiones cisterna de agua potable. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en el puerto de Veracruz, una puerta que les permitiría entrar y sacar de México cargamentos a gran escala. Ni Delcy Rodríguez ni el Gobierno venezolano han respondido a las solicitudes de entrevista para esta investigación.
La siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis Sandoval —el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es próximo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA— , quienes pusieron sobre la mesa la posibilidad de hacer negocios con maíz blanco y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se harían en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían vía Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos proveedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él había participado en la trama de los CLAP, los comités de distribución de alimentos promovidos por el chavismo. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas —cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico vinculada al cartel de Bogotá— idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.
Esa serie de contactos fue cobrando forma al regresar a México. Entonces aparece en escena, según la reconstrucción a partir de la investigación de EL PAÍS y Armando.info, Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que por aquel entonces trabaja en Diversidad, la empresa de José Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les han planteado.
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En mayo de 2019, Murat regresa a Caracas, esta vez con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo era concretar las operaciones habladas. Aunque en ese momento se planteó que los pagos se hicieran en euros o en rublos, finalmente la opción que fructificó un mes después fue el intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable. La moneda que se baraja para las transacciones es el euro. Zerpa aseguró que pedirían a un tercer actor que efectúe el pago, el 70% como anticipo. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que el mismo se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.
Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa —hoy también sancionada por Estados Unidos—, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32.9 millones de euros (el equivalente a 36.3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.
Protagonistas de la trama
La operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo, Joaquín Leal y Zepeda Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del dinero. Los resultados, sin embargo, son ínfimos. El pasado 18 de mayo, la UIF presentó ante la Fiscalía una denuncia, a la que ha tenido acceso El País, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo, Leal, Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza, socia de la empresa.
El de aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a Caracas. El primero asegura que dejó el negocio en manos del segundo al regresar de Caracas. Cuando Leal le comentó que los venezolanos le dijeron que las operaciones incluían un intercambio de petróleo, Murat le pidió que no siguiera adelante. “Le dije que había sanciones de Estados Unidos y no podíamos meternos en ese lío”, afirma Murat quien, asegura, no fue consciente de que Leal siguió adelante con el negocio con Libre Abordo. Murat rompió con Leal meses más tarde, a finales de 2019, al percatarse de que había seguido adelante con el negocio pese a las advertencias. El joven empresario mexicano no ha querido dar su versión ni responder a las peticiones de entrevista para esta investigación.
Los intercambios humanitarios eran mera fachada
A partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal organizó desde México una red secreta al servicio del Gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo —algunas offshore—, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América, y paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas.
El modus operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los tratos con el petróleo se prolongaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.
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Una vez que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano de un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles. Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia a sus principales clientes. En las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes centros de refino mundial.
En una primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en el mercado mundial energético. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en febrero de 2020 tras ser sancionada por EEUU por sus tratos con Venezuela. Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema diseñado desde el Gobierno de Maduro, como Alessandro Bazzoni, un italiano con un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos fueron sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca al ser partícipes de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.
