Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado. Así lo reseña un reportaje de Carlos Crespo para Armando Info.
Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
El 11 de enero de 2016, Albino Ferreras Garza sufrió el que acaso fue el peor revés de su dilatada carrera. Ese día, el Tribunal Constitucional de Andorra desestimó el recurso de amparo que el abogado venezolano había presentado poco antes, solicitando se suspendieran las comisiones rogatorias enviadas por ese país a Estados Unidos, España y Venezuela, en busca de información sobre 30 ciudadanos venezolanos, entre ellos, él mismo.
Según los cargos judiciales, Ferreras era sospechoso de participar en una trama de lavado de dinero cuyos montos superaron los 2.000 millones de euros. El esquema, que usó como caja de caudales uno de los mayores bancos del principado pirenaico, la Banca Privada de Andorra (BPA), fue denunciado en primer lugar por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y a la larga dio al traste con el propio banco, con su sucursal en España, el Banco Madrid, y con la reputación de Andorra como un confiable paraíso fiscal, impenetrable al escrutinio de intrusos.
La red que saqueó PDVSA usó 100 empresas fantasma y lavó el dinero a través de Andorra
La denuncia de Washington detectó tramas corruptas con clientes rusos, chinos y venezolanos. Esta última terminó por ser la causa 2015-23 i 25-RE de la justicia andorrana, ante la cual Ferreras interpuso su recurso, que terminó pareciéndose más a una confesión que a un descargo. Los alegatos del jurista dejaron en claro el rol que venía desempeñando en la red que se tejió en torno a la petrolera estatal Pdvsa, por la que funcionarios y familiares del entonces presidente de la empresa, Rafael Ramírez Carreño, cobraban millonarias comisiones ilegales a empresas, disfrazadas de “asesorías”, para otorgar contratos con el Gobierno venezolano. Las comisiones se pagaban a empresas en Panamá constituidas para tal fin, que luego giraban a la BPA.
Con “vigor”, según refiere el dictamen, Ferreras Garza argumentó ante el juzgado que no era funcionario público ni director de una subsidiaria de Pdvsa, como se señalaba en la rogatoria, sino tan solo “asesor jurídico de los Sres. Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez”, revelando así el servicio que viene prestando dentro de las altas esferas del chavismo: el de un coach de soluciones jurídicas para redes financieras que permitan mover los dineros habidos de mala manera.
Lo que Ferreras no pudo negar ante esta corte fue que recibió dos pagos en una cuenta a su nombre en el principado de Andorra y que estas transferencias, cuyos montos el Ministerio Fiscal de ese país calificó de “ingentes”, fueron hechas por Diego Salazar y Javier Alvarado, dos de los principales protagonistas del esquema irregular investigado por las autoridades del país de los Pirineos.
“El hecho esencial que justifica la indagación es la recepción no discutida por su parte de unas cantidades de dinero que no son insignificantes procedentes de ciertas personas, indiciariamente o hipotéticamente involucradas en hechos graves de blanqueo de sumas muy elevadas de dinero”, sentenció el juzgado para desestimar los alegatos del jurista sobre la violación al debido proceso y el derecho a la intimidad.
