Samark López, el empresario venezolano señalado testaferro de Tareck El Aissami, demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que «es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo internacional del narcotráfico». Con información de Joshua Goodman / The Associated Press.
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La demanda presentada por López en la corte federal de Washington dice que las sanciones en 2017 que lo designaron como un «capo de la droga» habían devastado su riqueza, reputación y sustento económico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC), acusó en 2017 a López de servir como testaferro de su amigo y entonces vicepresidente Tareck El Aissami, quien fue sancionado ese mismo día.
Posteriormente, los dos fueron acusados penalmente en un tribunal federal de Nueva York por supuestamente violar esas sanciones cuando utilizaron varios proveedores con sede en Miami para organizar vuelos fletados a Rusia y otros lugares. En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU los agregó a su lista de los fugitivos más buscados.
López, de 46 años, quien también tiene ciudadanía italiana, ha mantenido su inocencia en todo momento y, de hecho, ni él ni El Aissami han sido procesados por narcotráfico o lavado de dinero.
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No obstante, Samark López ha visto más de 160 millones de dólares en activos estadounidenses, incluido un jet Gulfstream 200, dos yates y una mansión de 12.5 millones de dólares en Miami, incautados por tribunales de EEUU y entregados a estadounidenses bajo demandas legales separadas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) financiadas con drogas. Las sanciones de 2017 contra López y El Aissami no mencionan al grupo rebelde colombiano, incluso cuando vinculan a El Aissami con tráfico de drogas desde México, Colombia y Venezuela.
«Las acusaciones de la OFAC y sus pruebas de apoyo son falsas, si no totalmente fabricadas», según la denuncia. López es «un hombre de negocios internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los demandados».
La denuncia también argumenta que López no pudo haber actuado «en nombre de un narcotraficante», como alega Hacienda, porque El Aissami no había sido sancionado en el momento de sus supuestos tratos comerciales juntos.
Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, con sede en Miami, dice que la demanda de López puede tener más que ver con el acceso a la inteligencia clasificada que el gobierno de EEUU tiene sobre su supuesta participación y la de El Aissami en el tráfico de drogas que con la eliminación de las sanciones.
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Señaló que una demanda del oligarca ruso Oleg Deripaska que buscaba la exclusión de otro objetivo de las sanciones estadounidenses, fue desestimada recientemente por un juez federal. López está representado por el mismo abogado, el experto en sanciones con sede en Washington Erich Ferrari.
A diferencia de los procesos penales, el tema de las sanciones no tiene los mismos derechos de debido proceso a las pruebas y la información. Sin embargo, las designaciones que se consideren arbitrarias o un abuso de discreción se consideran ilegales.
