Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca una de nombre peculiar: Capital Sins LLC., que traducido al castellano significa Pecados Capitales. Sin duda, la corrupción con la importación de alimentos fue un pecado capital que ocasionó desnutrición y enfermedad en millones de venezolanos.
El martes 3 de agosto de 2021 por la mañana, la Unidad de investigación de la Seguridad Nacional (Homeland Security) de EEUU llegó al lujoso condominio Residences at Vizcaya de la avenida Hiawatha de Coconut Grove para arrestar a Naman Wakil.
Se cumplía así la orden judicial de detener al residente de la Florida de origen sirio y pasaporte venezolano, protagonista principal de un vasto caso de soborno y lavado de dinero proveniente de contratos de alimentos y petróleo, con el que adquirió más de una decena de propiedades en el lujoso mercado inmobiliario de Miami-Dade.
El viernes Wakil fue impuesto de los cargos contemplados en la acusación: Conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos; Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (por sobornos a funcionarios de CASA y Pdvsa); Conspiración para lavar dinero; Lavado Internacional de Instrumentos Monetarios y Participación en transacciones de propiedades derivadas del delito. Las penas suman un total de 75 años de encarcelamiento y se ordena la confiscación de propiedades inmobiliarias y dinero de cuentas bancarias.
Wakil no está solo en la acusación, resultado de una investigación de tres años adelantada por el fiscal Michael Berger de la Fiscalía del Sur de la Florida. El texto señala a diez venezolanos, a los cuales denomina funcionarios y co-conspiradores. Naman Wakil es el único proveedor señalado y los co-conspiradores serían operadores y gestores. Los altos funcionarios venezolanos 1 y 2 de CASA presuntamente serían los militares Sergio Caldera García, quien fuera presidente de la institución entre 2010 y 2011 (residente en EEUU), y Carlos Osorio Zambrano, responsable de CASA entre 2011 y 2014, fechas que se mencionan específicamente en la acusación. Osorio es en la actualidad presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM).
Fue precisamente a través del general Carlos Osorio que Wakil se involucró en la importación de alimentos para organismos públicos, no solo de CASA, sino también de Pdval y Bariven, responsables de la trama conocida como Pudreval por la cual el Estado venezolano dejó vencer miles de toneladas de alimentos que aparecieron en estado de descomposición en puertos, depósitos y vertederos de varias zonas del país.
La relación entre Wakil y Osorio quedó develada con la denuncia que formulamos en 2016: Dos cuñados del general recibieron casi 6 millones de dólares de una empresa de Wakil entre diciembre de 2012 y junio de 2013 cuando el militar era ministro de Alimentación. Las evidencias fueron entregadas a la Asamblea Nacional que produjo un voto de censura contra Osorio, así como a la Fiscalía General, la cual abrió una investigación contra el general y Wakil sin resultados conocidos.
No era la primera vez que el nombre de Naman Wakil aparecía involucrado en hechos irregulares.
En el libro El Gran Saqueo (Tablante & Tarre, 2015) analizamos la organización, planificación y ejecución del gran asalto realizado a las arcas públicas cuyas trágicas consecuencias padecemos hoy los venezolanos.
Como ejemplo de las operaciones ilícitas concretadas en base al diferencial cambiario, señalamos el caso del proveedor Naman Wakil, protagonista del capítulo “Trece millones de dólares en mortadela” en el que se explica el modus operandi utilizado por seudo empresarios como Wakil para apropiarse de millones de dólares provenientes de contratos de importación de alimentos.
A través del sistema de subastas, Naman Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada, obtuvo millonarios contratos. Sin embargo, su verdadero objetivo era obtener dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y obtener inmensas ganancias. Para ello no vaciló en negociar productos cárnicos a punto de caducar o de ínfima calidad, muchas veces rechazados por otros países. Adquirió un frigorífico en Brasil para re-empacar y re-etiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a Venezuela donde muchas veces llegó en estado de descomposición.
Con el tiempo, y con el objetivo de obtener más ganancias ilícitas, Wakil consolidó su esquema fraudulento y creó una red de empresas de maletín de nombres similares a las compañías proveedoras de Brasil (empresas-espejo) para enmascarar los enormes sobreprecios de los productos, que en algunos casos ni siquiera eran aptos para el consumo humano.
Cuando surgía el reclamo oficial ante la prematura e inocultable descomposición de la mercancía en los puertos, Wakil ofrecía compensar el daño en bolívares. Es decir, que el proveedor sólo tenía que cambiar en el mercado paralelo una parte de los dólares recibidos de CASA para conseguir los bolívares necesarios para cubrir la indemnización y se embolsaba el diferencial cambiario, obteniendo así millonarias ganancias. Hacía negocio hasta con la carne podrida.
La acusación de la fiscalía del Sur de la Florida, señala que a partir de 2014 los intereses de Naman Wakil se diversificaron hacia el sector petrolero, repitiendo el modus operandi del tema alimentario, llegando a registrar varias compañías de maletín en EEUU, con sus correspondientes cuentas bancarias, para realizar negocios irregulares con Petropiar y Petromiranda. La acusación apunta a directivos de ambas filiales a los que identifica como Funcionario venezolano No. 3, alto cargo en Petromiranda entre 2015 y 2017 y Funcionario venezolano No. 4, alto cargo en Petropiar entre 2015 y 2017.
El documento se refiere específicamente al contrato entre una de las empresas de maletín de Wakil con Petropiar por un monto de 11.2 millones de dólares para la adquisición en China de tuberías cuyo valor real era de 1.3 millones de dólares. Un grotesco sobreprecio.
En la audiencia de presentación, el juez acordó una fianza de 21 millones de dólares, mas 50 millones de garantía y la colocación de un grillete electrónico para el acusado mientras se realiza el juicio. Ante una declaración de culpabilidad y una posterior diligente colaboración, Naman Wakil podría obtener una reducción de la pena, como en su día consiguieron Alejandro Andrade y Matthias Krull, lo cual sin embargo, es más difícil en el caso de Wakil y además no lo eximirá de cumplir gran parte de la sentencia en prisión.
Los Papeles de Panamá calcularon la fortuna de Wakil en unos 400 millones de dólares solo en el Citigroup, sin contar con cuentas en otros bancos de EEUU y de otras jurisdicciones. Una riqueza asombrosa si se considera los orígenes humildes de este sirio nacido en Alepo que arribó a Venezuela en 1972.
Su vida en Miami transcurría entre residencias de lujo como la que posee en Coconut Grove, Miami, valorada en 4 millones de dólares. Allí se podía ver parte de su colección Ferraris, Lamborghinis, Porsches, Range Rovers y Astin Martins. A bordo de su avión privado Cessna Citation y del yate marca Azimut de 75 pies atracado en la Marina Monty´s de Coconut Grove, fungió de anfitrión de altos funcionarios del gobierno de Chávez y Maduro, como el coronel Sergio Caldera, quien también fuera presidente de CASA.
Mientras Wakil exhibía de manera grotesca su ilegal fortuna proveniente de la corrupción en la importación de alimentos, en Venezuela empresas líderes del sector agroalimentario como Agroisleña eran expropiadas y entregadas a militares y enchufados que finalmente la quebraron.
Sin lugar a dudas, la prioridad de Venezuela es restablecer la institucionalidad democrática, es decir, el estado de Derecho, la seguridad jurídica y paralelamente iniciar los trámites a nivel internacional a través de acuerdos bilaterales y multilaterales para recuperar parte del patrimonio de los venezolanos que ha sido extraído por la vía de la corrupción y que debe constituirse en un gran fondo de activos recuperados para reconstruir a Venezuela, con atención urgente a la crisis humanitaria que hoy padecen las mayorías.
Para alcanzar este objetivo ya existen instrumentos legales e iniciativas de organizaciones no gubernamentales a fin de ubicar y recuperar lo robado como en los casos de Naman Wakil y Alejandro Andrade, entre otros.
Queremos enfatizar que los delitos contra el patrimonio público no prescriben, según el artículo 271 de la Constitución de Venezuela.
Como lo hemos denunciado, estamos frente a un Estado delincuente que se ha convertido en motor de la corrupción y la impunidad, permitiendo la existencia del mercado solo en lo indispensable para facilitar los negocios ilícitos de la casta gobernante y de seudo empresarios y enchufados. Es decir, promoviendo un capitalismo de casino donde unos pocos juegan con el dinero de la mayoría, socializan la pobreza igualando hacia abajo y privatizan lo que es de todos por la vía de la corrupción.
Artículo publicado en El Pitazo el 9 de agosto de 2021
