Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases escolares; por el otro, un despacho de pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica. Pero el consignatario de ambos era una misma empresa en Panamá, hasta entonces desconocida, y con unos empresarios líbano-venezolanos, muy poderosos y amigos del chavismo de vieja data, por detrás. Así lo reseña un reportaje de Marcos David Valverde para Armando Info.
Quedaba claro en el contrato: por la importación de comida y útiles escolares, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) debía pagar más de 134 millones de euros a la empresa con sede en Panamá. Pero ciertas condiciones aplicaban, y no para beneficio del cliente, el Estado venezolano.
Por la comida, el pago era de 117.5 millones de euros, de los que 29 millones (casi 25%) debían pagarse en efectivo. Al mismo tiempo, los útiles escolares iban a costar 17 millones de euros, de los que 8.5 millones debían pagarse en efectivo: esto es, la mitad en cash.
Ante esas condiciones inusuales el comprador no puso reparo alguno. Es más: otorgó garantías adicionales. Por ejemplo, si no podía completar el saldo restante en efectivo, pagaría con commodities, como chatarra o coque de petróleo.
La contraparte privada de este negocio llevaba, pues, todas las de ganar. ¿Quién era el vendedor mimado? Sigma International Services Inc., una compañía panameña sin actividad conocida en Venezuela. Pero el apellido de sus dueños sí que era conocido en el país: Khalil, el patronímico de dos hermanos que, si no son los contratistas más frecuentes del chavismo, con toda probabilidad son los más longevos.
También fueron de las personalidades ligadas al chavismo que más temprano recibieron algún tipo de reprimenda desde Washington. En junio de 2004, el Miami Herald dejó saber que el Departamento de Estado había suspendido la visa de Majed, el menor de los hermanos Khalil Majzoub, a cuenta de su participación, a través de una empresa de su propiedad, en “la sistematización de la sección de inteligencia del Ejército de Venezuela”.
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Pero esa penalidad -que antecedió por lustros las aplicadas luego a los Alex Saab o Samark López- no disuadió ni a Majed ni a Khaled Khalil Mazoub, hoy de 51 y 56 años de edad, respectivamente, de seguir expandiendo su coto empresarial al amparo de conexiones políticas.
La consolidación económica de la familia Khalil comenzó en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez. Así, las empresas del grupo han prestado servicios al Gobierno que van desde adecuaciones tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta aprovisionamiento de comida y servicios de aseo urbano.
Recientemente, en 2020, una de las últimas jugadas de los Khalil fue la de hacerse con el control, por la vía de la asignación de un Estado siempre benévolo con ellos (lo que implica sin licitaciones ni explicaciones y mediante terceros), de la destartalada empresa Lácteos Los Andes, expropiada por Hugo Chávez en el año 2008, venida a menos y, ahora, entregada a la empresa privada Venilac, otra fachada de los hermanos.
En aquellos años los negocios entre los Khalil -beneficiados entre 2004 y 2012 con el otorgamiento por Cadivi de al menos 91 millones de dólares a tasas preferenciales- y el Estado venezolano ocurrían siguiendo un patrón: contratos obtenidos sin licitaciones ni explicaciones a empresas en cuyos documentos no aparecen los dueños o lo hacen de manera fluctuante y con retribuciones en moneda extranjera. Estos tres factores compendian también la historia del contrato entre Sigma y Corpovex y que se origina en Panamá, país que no es ajeno para los Khalil pues allí, entre 2004 y 2007, los hermanos constituyeron las compañías KK Inversiones y Brambech INC.
Los dos ligaditos
El origen de Sigma International Services, con Khaled a la cabeza, se remonta a 2010, de acuerdo con documentos que reposan en el Registro Público de Panamá. El 19 de enero, Khaled Khalil registró la empresa, junto con Khaled Ahmad Mansour, Mohamed Daya y, quien figuraría años después, Khalil Ahmad Mansour. El capital inicial, según lo que quedó asentado en el documento, era de un millón de dólares.
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La contraparte de estos contratistas -entre decenas de negocios multimillonarios- ha sido Corpovex, la estatal venezolana que se convirtió desde su fundación en 2014 en un tinglado con el que un militar próximo a Diosdado Cabello, Giuseppe Yoffreda, concentró el control de las importaciones del Estado venezolano al mismo tiempo que las hacía inaccesibles para el sector privado.
En 2019, un año después de la salida de Yoffreda de la presidencia de la empresa, seguía al frente de esta Xabier Fernando León Anchustegui, exvicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y exviceministro de Comercio, cercano a Tareck El Aissami, actual vicepresidente sectorial de Economía y Ministro de Industrias. Fue en la presidencia de León cuando Sigma International Services firmó los contratos con Corpovex para importar comida y útiles escolares.
Para ello hubo dos contratos por separado, pero casi simultáneos, ambos, de julio de 2019. Uno avalado por el Ministerio de Educación e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0071-2019 para la adquisición de útiles escolares, y otro avalado por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0067-2019.
La lista de útiles incluía cajas de borradores, colores, juegos geométricos, cuadernos, pegamentos, lápices, pinturas y tijeras. La de comida, cajas de pasta, arroz, atún enlatado, aceite, leche, mayonesa, granos, salsa de tomate y azúcar.
El contrato para útiles escolares fue suscrito por poco más de 17.14 millones de euros. El de la comida, por 117.5 millones. Además de las condiciones establecidas para el pago en efectivo y, eventualmente, en materias primas, en los contratos se hacía referencia al “remanente en moneda china”, es decir, en renminbis. Pero se trata de un supuesto que este reportaje no pudo verificar.
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La panameña Sigma International Services Inc, de los Khalil, terminó por despachar la mercancía pero no desde el istmo, sino embarcada en el puerto de Mersin, Turquía. De allí navegaron por el mar Mediterráneo, atravesaron el Atlántico y llegaron al puerto de La Guaira entre julio y agosto de 2019.
