Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».
Según un documento al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, la empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8.8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Entre las misiones pactadas por Ilocad y PDVSA figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a PDVSA en la misma causa.
El documento, fechado el 15 de noviembre de 2016, es la autorización formal de PDVSA para contratar los servicios de Ilocad. Y se da la circunstancia de que el directivo de la petrolera que firmó la orden de contratación, Eulogio del Pino, se encuentra pendiente de juicio en Venezuela acusado de corrupción.
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Esta noticia salpica de lleno a la fiscal general del Estado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA. Delgado ya ha advertido en alguna ocasión que no se siente ‘concernida’ ni cree que personalmente deba apartarse por afectación directa o indirecta en el ‘caso Tándem’ –que investiga las actividades del excomisario José Manuel Villarejo- por su relación personal con Garzón. Sin embargo, se da la paradoja de que un fiscal de Tándem sí fue apartado por la cúpula de la carrera, presidida por Delgado, bajo la acusación de mantener una relación con una abogada y filtrarle información. La inspección tachó todo de conjeturas y no apreció irregularidad alguna en su comportamiento.
