Seis años después de la intervención del Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), propiciada por una denuncia del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que desembocó en la desaparición de la entidad, el mismo organismo acusador ha concluido que no se blanquearon fondos de origen ilícito. La infracción muy grave y las otras siete graves de las que el Sepblac culpó a la entidad en 2015, han quedado reducidas a la constatación de unas meras «carencias». El Sepblac incluso admite que la entidad tenía procedimientos «relevantes» en materia de evaluación y prevención de riesgos que incluían la comunicación con este órgano fiscalizador. Con información de John Müller / ABC.
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
La familia Cierco, propietaria del banco, exige 250 millones de euros después de haber ganado todos los procedimientos judiciales seguidos sobre el caso.
Recordemos esquemáticamente los hechos: la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) de EEUU señala a BPA como una entidad que blanquea dinero y le prohíbe operar con ese país. Esto causa su intervención por la autoridad andorrana el martes 10 de marzo de 2015. Horas después, el Banco de España interviene la filial española con el argumento de que debe «asegurar la continuidad de la actividad de la entidad». El mismo día, el Sepblac, que llevaba un año con el tema, concluye su informe acusador del que ahora se desdice. El viernes 13, la Fiscalía recibe la denuncia. El lunes 16 de marzo, los administradores nombrados por el Banco de España piden el concurso de la entidad que ha sufrido una ‘corrida bancaria’: los clientes han retirado más de 76 millones en pocos días y la entidad, al no ser considerada sistémica ni rescatable por el Frob, se ha quedado sin liquidez.
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
En el Sepblac confluyen muchos de los mejores cuerpos del funcionariado español: el Ministerio de Economía, el Banco de España, el Tesoro, la CNMV, un batallón de fiscales (antidroga, anticorrupción, de la Audiencia Nacional), policías (nacionales, autonómicas), guardia civil y espionaje (CNI).
