La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) de España ha acordado hacer efectiva la entrega del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas, después de que la decisión de denegarle el asilo que había solicitado en 2019 sea firme en vía administrativa. Con información de Europa Press.
De esta forma, la Audiencia Nacional ha reactivado el proceso de extradición de ‘El Pollo’, cuya entrega a Washington fue aprobada en 2020 tanto por el tribunal como por el Gobierno, si bien quedó paralizada el pasado mes de septiembre a la espera de que se resolviera la cuestión del asilo.
Ahora, la Sección Tercera ha ordenado que ‘El Pollo’, ingresado en la prisión de Estremera, quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que debe materializar la entrega a las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, ‘El Pollo’ aún podría jugar una última carta. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría seguir peleando su asilo presentando un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional donde pidiera como medida cautelar que se suspenda nuevamente su extradición hasta que haya una decisión firme sobre su petición de protección internacional también en vía judicial.
La vía administrativa ha quedado cerrada después de que el Ministerio de Interior haya rechazado en los últimos días el recurso de reposición que ‘El Pollo’ formuló para intentar revertir la negativa inicial del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
‘El Pollo’ pidió asilo en junio de 2019 y el Ministerio de Interior se lo denegó poco después, en septiembre de ese año. Lo comunicó a la cárcel de Estremera, donde había estado en prisión provisional, porque no constaba domicilio suyo en España, pero Carvajal no se enteró porque ya no se encontraba en el centro penitenciario.
El proceso quedó dormido hasta que Carvajal fue detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid con la intención de enviarlo inmediatamente a Estados Unidos. Entonces, se amparó en que su asilo estaba sin respuesta y, después de que Interior le comunicara que se lo había denegado en 2019, lo recurrió frenando así su entrega a Washington.
Pendiente del Supremo
Por otro lado, Carvajal está pendiente asimismo de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de ponerlo en manos de la potencia americana.
En su momento, alegó ante el TS que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a «tortura» para «obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela». Y ello, continuaba, porque la Casa Blanca cree «erróneamente» que formó parte del «entorno cercano» de Chávez y Maduro.
En esta sede judicial, ‘El Pollo’ también intentó paralizar su extradición solicitando unas medidas cautelarísimas que le fueron denegadas, por lo que el hecho de que este recurso aún no se haya resuelto no impide que sea enviado a Washington.
«Proceso de colaboración con la justicia española»
El caso de ‘El Pollo’ tiene una tercera arista judicial que conduce directamente al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Su titular, Manuel García-Castellón, le ha citado para declarar como testigo el próximo 27 de octubre en el marco de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que ha reabierto, precisamente, por las revelaciones del militar venezolano.
Tras ser detenido, Carvajal se ofreció a declarar voluntariamente ante García-Castellón por unas diligencias previas que había abiertas en ese juzgado sobre terrorismo internacional, en el contexto de lo que después calificó como un «proceso de colaboración» con la Justicia española. Compareció el pasado 20 de septiembre y habló durante más de una hora acerca de diversos asuntos sobre los que dio bastantes datos, pese a lo cual se comprometió a dar soporte documental a sus palabras.
En este tiempo, ‘El Pollo’ ha estado enviando distinta documentación al magistrado. Así, ha entregado material relativo a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación ‘morada’ a través de Cuba y Venezuela.
En base los papeles y al testimonio del antiguo ‘chavista’, García-Castellón ha estimado conveniente reabrir una causa que comenzó por una denuncia contra Podemos y su entonces líder, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal del partido desde Irán y Venezuela y que fue archivada en 2016.
El también juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal decidió dar carpetazo al asunto al considerar que la denuncia se basaba únicamente en el denominado informe PISA. Acogió los argumentos del fiscal Miguel Ángel Carballo, para quien dicho informe no era más que un «conjunto desordenado de reproducciones de noticias» publicadas en prensa, que carecía además de «cualquier membrete oficial» que acreditara tal carácter.
