El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España está analizando al detalle todala documentación entregada por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal. El problema es que al otro lado de la información está un país, Venezuela, muy poco dispuesto a colaborar con la Justicia española por lo que chequear la autenticidad de los contratos que arrinconan la financiación de Podemos no está siendo una tarea fácil. En función del resultado de este análisis se decidirá sobre una nueva citación del conocido como ‘El Pollo’, según fuentes judiciales consultadas. Con información de Irene Dorta / La Razón.
Tribunal Supremo de España rechaza frenar la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EEUU
El relato cronológico de los hechos comienza once días después del encarcelamiento de Carvajal en la cárcel de Estremera donde continúa pendiente de su extradición a Estados Unidos que lo reclama por delitos de narcotráfico. El hombre que guardó todos los secretos Hugo Chávez entre 2000 y 2011, pidió entonces declarar voluntariamente ante el juez Manuel García-Castellón. En principio para hablar de terrorismo, pero acabó desvelando los entresijos de la relación del país bolivariano con algunos miembros del partido morado español (Podemos). El magistrado le pidió pruebas y él prometió aportarlas.
Y ha cumplido. En un primer momento, el pasado 30 de septiembre entregó un contrato que incumbía al exmagistrado Baltasar Garzón por el pago de unos servicios al bufete que dirige. Ese documento quedó muy lejos de todo lo que Carvajal había relatado y el juez se planteó entonces archivar el procedimiento ante la falta de indicios para seguir investigando, como informó LA RAZÓN. Sin embargo, una segunda entrega de papeles ha dado un vuelco a la situación. El entorno de ‘El Pollo’ dio el pasado jueves al menos otros dos contratos -cuyo contenido permanece bajo secreto- que sí involucran a miembros de Podemos, como adelantó ‘okdiario’.
La jugada a tres bandas de Carvajal para evitar la extradición a EEUU
Uno, fechado en 2008, relativo a un pago de 7.168.090 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos Sociales (CEPS) en el que se cita expresamente a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero. Otro, del año 2013, en el que se autorizan 142.000 euros en concepto de comunicación para dirigentes como Carolina Bescansa. Aunque algunos de estos documentos ya habían sido publicados durante estos años, fuentes judiciales explican que esta vez se trata de los originales, pero exponen la dificultad para corroborarlos.
En condiciones normales el siguiente paso sería enviar una comisión rogatoria a Venezuela para validar y completar todos estos datos. Sin embargo, el país que dirige Nicolás Maduro no colabora con los tribunales españoles. La Audiencia Nacional ha enviado incluso nombres y fotografías de miembros de la banda terrorista ETA para ayudar a su localización sin obtener siquiera respuesta. Los investigadores son poco optimistas con la colaboración venezolana, por lo que después del desglose minucioso de los datos, la balanza se inclina por volver a llamar a declarar al exjefe de la Inteligencia en las próximas semanas.
Qué pasará con cada contrato
En principio, los documentos que afectan al exjuez Baltasar Garzón no van a tener mucho más recorrido judicial. Se trata de una contratación del bufete Ilocad con fecha del 15 de noviembre de 2016 para la defensa de la empresa petrolera estatal PDVSA. Este caso está judicializado en otro juzgado de la Audiencia Nacional -el de instrucción número 3- y, en todo caso, podrían ser aportados en esa causa. El contrato refleja la aprobación de 8.835.000 euros para los servicios de defensa del exjuez, pero las fuentes consultadas explican que esto no necesariamente implica un delito ya que cada letrado puede cobrar lo que considere oportuno en concepto de honorarios. En todo caso, podría existir un posible delito de tráfico de influencias en uno de los epígrafes del contrato en los que se expresa “coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”, muy complicado de acreditar según estas mismas fuentes.
Por otro lado, toda la prueba documental que afecta a Podemos parece que tendrá más recorrido en los tribunales, si bien es relevante acotar los años en los que sucedieron los hechos. Por el momento, García Castellón maneja un papel en el que Hugo Chávez autorizó el pago de 7.168.090 millones de euros a la Fundación CEPS, citando expresamente a Iglesias y Monedero como “aliados naturales de la revolución bolivariana”. Asimismo, otro documento muestra una autorización posterior de Maduro, del año 2013, para Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez por un “subcontrato” a los tres “sociólogos y activistas del movimiento 15-M/ indignados” para el “diseño político comunicacional del material audiovisual” que se iba a mostrar en un congreso en Moscú, según informó Abc. Los detalles que, según estas fuentes, Carvajal expuso al juez sobre los tentáculos del chavismo en Podemos datan hasta 2014 y no fue hasta 2015 cuando se introdujo en el Código Penal el delito de financiación ilegal y se estableció la prohibición de las donaciones anónimas y las superiores a 100.000 euros.
