Varias agencias federales de EEUU, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de dinero a dos gigantes de las finanzas y a varios asesores financieros que manejaron las cuentas del Luis Mariano Rodríguez, primo de Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA. Así lo afirma una nota exclusiva de The Wall Street Journal firmada por Ian Talley.
Morgan Stanley, Interactive Brokers LLC y varias firmas de asesoría financiera administraron cuentas de grandes sumas del «empresario» venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien está bajo investigación por su papel en supuestamente ayudar a ocultar una parte de unos 2 mil millones de dólares dentro del sistema financiero de Estados Unidos para su primo, el exministro de Petróleo venezolano Rafael Ramírez, según documentos gubernamentales revisados por el importante medio financiero.
Agencias estadounidenses con apoyo de otras internacionales están examinando si Rodríguez ayudó a Ramírez a acumular fondos de cuentas estatales venezolanas a través de contratos de seguro fraudulentos de PDVSA, y luego blanqueó el dinero a través de cuentas en el extranjero.
Las autoridades están tratando de determinar por qué las firmas estadounidenses administraron más de 100 millones de dólares en valores y otros activos para Rodríguez cuando las cuentas mostraban claras señales de alerta por posible actividad de blanqueo de capitales.
Estas señales de alerta incluyen el escrutinio previo de los funcionarios reguladores y de aplicación y el hecho de que la fuente de los fondos fue Venezuela, que ha sido clasificada durante más de una década por el gobierno de los EE. UU. como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero.
La Rogatoria de Andorra (I): El misterio de los seguros de Pdvsa
El rastro de BPA
Los orígenes de la investigación se remontan a casi una década. Rodríguez fue uno de varios venezolanos acusado por los fiscales y un tribunal del Principado de Andorra en 2012 de utilizar Banca Privada D’Andorra, o BPA, para lavar 2 mil millones de dólares, presuntamente obtenidos a través de seguros fraudulentos contratados con PDVSA. Los funcionarios estadounidenses dicen que los funcionarios venezolanos aprobaron contratos inflados con socios comerciales para asegurar proyectos de energía, dividiendo las ganancias. Si bien los acusados han negado las acusaciones de lavado de dinero, el caso de BPA sigue pendiente.
El supuesto entramado de lavado de dinero en Andorra fue una de las justificaciones citadas para las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra BPA en 2015. Esa sanción se levantó desde entonces, aunque la acción obligó al banco a disolverse. Esas acusaciones deberían haber disuadido a las instituciones financieras estadounidenses de administrar las cuentas de Rodríguez, dicen ex-funcionarios de cumplimiento contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro.
Los fondos de los venezolanos en BPA fueron congelados por la corte andorrana, pero se liberaron 200 millones de dólares, según un informe de inteligencia del Tesoro de noviembre de 2016. Poco después, Rodríguez y varios de sus asociados transfirieron 107,5 millones de dólares a su cuenta corporativa en Morgan Stanley, según el mismo informe.
Si bien la investigación del periódico estadounidense no menciona a Diego Salazar, estos fondos serían los mismos descongelados al que fuera el operador de los seguros de PDVSA durante la administración de más de una década de su también primo, Rafael Ramírez. El desbloqueo de su cuenta fue posible gracias a las gestiones de su abogado, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, tal como develamos en exclusiva en Cuentas Claras Digital.
Diego Salazar contrató a ex primer ministro francés para desbloquear fondos en Andorra
Diego Salazar utilizó, para movilizar cientos de millones de dólares en BPA, empresas de maletín registradas en varios paraísos fiscales, en especial en Panamá a través del bufete Aleman Cordero Galindo & Lee, la mayoría a nombre de Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Enrique Luongo Rotundo, primos de Ramírez, siendo el beneficiario final de todas ellas Diego Salazar Carreño, también primo de Rafael Ramírez Carreño.
Durante años, Salazar y Baldo Sansó, cuñado de Rafael Ramírez, fueron intermediarios de los millonarios contratos firmados por PDVSA con las aseguradoras de Omar Farías y Víctor Vargas Irausquín. Un ejemplo de las mil millonarias pérdidas para PDVSA atribuibles a este tipo de contratos irregulares es el caso de la tragedia de Amuay y el rol de Occidental de Seguros (parte del grupo de empresas de Víctor Vargas), en el cual Pdvsa perdió mas de 1.200 millones de dólares.
Morgan Stanley llegó a sospechar que esos fondos, recibidos en 15 transferencias electrónicas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, eran parte de los fondos liberados de BPA y cerró la cuenta de Luis Mariano Rodríguez en 2017, quien trasladó los fondos a Capital Guardian Wealth Management, un asesor de inversiones propiedad en parte del empresario francés, y socio durante mucho tiempo de Rodríguez, Jean François de Clermont-Tonnerre.
En 2018, Capital Guardian LLC, una corredora bajo la misma propiedad de la anterior, fue expulsada de Finra, la autoridad autorreguladora de la industria financiera, por no pagar una multa de 125.000 dólares impuesta por facilitar lo que Finra llamó transacciones sospechosas en Venezuela, por caso diferente al de la investigación sobre Rodríguez. La expulsión significó que la empresa perdió su licencia para brindar servicios de corretaje. A raíz de esto, Clermont-Tonnerre contrató a Interactive Brokers, la agencia de corretaje en línea más grande de EE. UU., para administrar la cuenta corporativa de Rodríguez, según registros citados por The Wall Street Journal.
Los investigadores federales están investigando por qué Interactive Brokers asumió la cuenta a pesar de las claras señales de alerta existentes. También están determinando el papel de Capital Guardian, sus propietarios y una firma de asesoría financiera sucesora, Avenir Private Advisors.
El whistleblower
Mark Coffey, quien se desempeñó como oficial de cumplimiento de Capital Guardian y Avenir, presentó una denuncia ante la SEC en 2019 luego de una investigación interna, dijeron al periódico dos abogados que lo representan.
En la denuncia, Coffey proporcionó estados financieros, correos electrónicos, mensajes de texto, registros corporativos y otras pruebas que, según él, documentan múltiples violaciones de las leyes federales de valores antifraude.
Coffey dijo que expresó sus preocupaciones con los propietarios de la firma de asesoría financiera que manejaba la cuenta en 2019, Avenir Private Advisors, sobre los honorarios que Rodríguez pagó a sus asesores financieros que eran dos o tres veces las tasas de mercado para el tamaño de su cuenta.
Alrededor de la época en que el ex oficial de cumplimiento comenzó a hacer preguntas sobre actividades de la cuenta de Rodríguez que consideraba sospechosas, los propietarios de la firma de asesoría financiera comenzaron a liquidar los 70 millones de dólares restantes en la cuenta corporativa de Rodríguez en Interactive Brokers.
Se estrecha el cerco
Las leyes bancarias federales de EEUU requieren que las casas de bolsa y otras instituciones financieras eviten que sus negocios se utilicen con fines ilícitos examinando a sus clientes y sus relaciones y evaluando los fondos y transacciones de los clientes.
No detectar, informar y prevenir el lavado de dinero expone a los bancos y las casas de bolsa a sanciones civiles y cargos penales, incluso si los investigadores determinan que una institución no sabía sobre actividades ilícitas, pero debería haberlo sabido.
Morgan Stanley e Interactive Brokers, así como los asesores financieros de Rodríguez, aún no han sido acusados de irregularidades.
Por el momento, tampoco Luis Mariano Rodríguez (que reside en Madrid), ni Rafael Ramírez (actualmente en Roma) han sido acusados formalmente en Estados Unidos. Recientemente, Ramírez evitó ser extraditado desde Italia a Venezuela a solicitud de Maduro.
Habrá que esperar al avance de las averiguaciones que adelantan la SEC y el FBI, con el apoyo de otros organismos internacionales, para ver si en un futuro cercano Rafael Ramírez deba enfrentar también una solicitud de extradición a EEUU.
Las investigaciones se aceleran y se estrecha el cerco alrededor del ex presidente de Pdvsa.
