La Audiencia Nacional de España sigue desbrozando los documentos aportados por Hugo ‘el Pollo’ Carvajal en las últimas semanas sobre presuntos pagos irregulares de Venezuela a exaltos cargos de Podemos. A falta de que comparezcan los testigos propuestos por el exjefe de la inteligencia militar venezolana, el órgano es consciente de que tendrá muy complicado recurrir a Caracas para contrastar el testimonio de Carvajal, así como la veracidad de los papeles que ha ido aportando desde su detención el pasado 9 de septiembre. Con información de Gema Huesca / Vozpópuli.
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Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que desde el juzgado son conscientes de la dificultad de confrontar los documentos del que fuera jefe del espionaje militar bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se trata de un material que Carvajal ha ido aportando a la Audiencia Nacional tras mostrar su disposición de colaborar con la Justicia. Esta declaración de intenciones la hizo después de ser detenido por agentes de la Policía Nacional para extraditarle a Estados Unidos, que le reclama por delitos de tráfico de drogas y de armas.
Sin embargo, sus revelaciones acerca de los cobros que habrían recibido los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, entre otros, han servido para que el Juzgado Central de Instrucción número 6 reabra unas diligencias de hace cinco años que en su momento se archivaron por falta de pruebas. En este caso, el avance de la causa lo determinará, por un lado, el resultado del análisis documental aportado por el exdiputado de la Asamblea de Venezuela y, por otro, por lo que manifiesten las personas que él mismo citó en el juzgado y a las que se les llamará a declarar en calidad de testigos protegidos.
Investigación en la Fiscalía
La finalidad es contrastar si los desembolsos efectuados por Venezuela (en su última cita apuntó a un pago de 600.000 a Monedero) se debían en realidad a servicios de asesoramiento o irían a parar a otros fines. Al respecto cabe destacar que, al margen de estas pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción ha impulsado en coordinación con la UDEF una investigación no judicializada en la que se analizan multitud de movimientos de sociedades y de empresas que habrían gestionado fondos provenientes también de Venezuela. Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, estas pesquisas están en su fase inicial y, por el momento, no afectan a ningún miembro de la formación morada.
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PDVSA, en el epicentro
En su primera cita en la Audiencia Nacional, Carvajal también desveló detalles acerca de pagos a exaltos cargos de Podemos que provendrían de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA. Estas confesiones, que el partido califica de falsas, propiciaron la reapertura de las diligencias abiertas contra Podemos en 2016 a tenor del famoso informe PISA contra Pablo Iglesias que posteriormente se demostró que era falso. Con este nuevo material, el magistrado Manuel García Castellón decidió reabrir el procedimiento y citar en el marco del mismo al que fuera director de la Agencia de Inteligencia Militar en Venezuela.
Ya en su segunda cita, el Pollo ofreció más datos sobre las supuestas entregas de dinero (implicando también a los miembros de Podemos Ariel Jerez y Jorge Lago) y aportó un listado de testigos que adquirirán la condición de protegidos. Entre ambas comparecencias, su abogada aportó a la Audiencia Nacional material para corroborar su testimonio. La primera entrega consistió en un contrato de asesoramiento entre el despacho de Baltasar Garzón y PDVSA firmado en 2016 por cerca de 9 millones de euros. El exmagistrado negó la veracidad del documento y dijo que efectuó el servicio para un despacho americano que trabaja para PDVSA.
También entregó al juzgado una orden de pago de cerca de 7 millones de euros que firmó en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez para la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), considerada como el embrión de Podemos y muy vinculada a sus fundadores. Según el documento, adelantado por ABC en 2016, el objetivo era dar «apoyo económico» para «estrechar lazos» con las izquierdas en España y propiciar «el cambio político». También entregó otra orden de pago de 142.000 dólares para los «sociólogos» Bescansa, Jerez y Lago. El desembolso lo firmó Nicolás Maduro en 2013.
