El documento aportado al juez por el general chavista Hugo Carvajal que apunta a que Nicolás Maduro ordenó un pago de 142.000 dólares en favor de la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa y otros dos sociólogos afines está en poder de la Policía Nacional desde 2016 pero hasta ahora, no se había judicializado. Con información de Isabel Vega / ABC.
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Según las fuentes y la documentación a las que tuvo acceso ABC, aquel documento, una resolución del gobierno venezolano fechada en 2013, fue parte del arsenal documental que en el año 2016 puso sobre la mesa de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía un confidente y ex alto cargo venezolano al que los informes se refieren como ‘Cicerón’. Además de la resolución que afecta a Bescansa, entregó a la Policía otra orden de pago, pero ya de 2009 y firmada por Hugo Chávez que reflejaba una inyección de algo más de 7 millones en favor de la Fundación Ceps, relacionada con Podemos. Fue entregado después de que ABC lo revelase.
Cicerón llegó a la DAO de manos de un colaborador habitual de la Policía. La primera reunión tuvo lugar en enero de 2016 y se prolongó durante dos horas en las que denunció un plan concertado de saqueo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa que, por el camino, se cruzaba con salidas de fondos a Podemos. Aportó cientos de documentos con contratos que ya estaban bajo la lupa en Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de aquellos documentos sobre la petrolera fue judicializado ni puesto a disposición de la Fiscalía, según informan fuentes conocedoras a ABC.
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Testimonios policiales de la época señalan que ‘lo que interesaba’ era lo relativo a una presunta financiación irregular de Podemos y que el resto de la documentación no se vio relevante. En este sentido, la resolución sobre la fundación Ceps sí tuvo cierto recorrido, la cuestionada incursión a Nueva York del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, hombre de confianza de Pino, para entrevistarse con el exministro que lo firmaba y acreditar su veracidad. El resultado de aquellas pesquisas fue demostado por la Fiscalía de Madrid, que descartó abrir diligencias al no apreciar indicios de delito. A la Audiencia Nacional lo que llegó fue ‘Pisa’, un informe en teoría policial pero apócrifo, que contenía una correlación de recortes de prensa y fue denostado.
Pero en la DAO había información. Cicerón y otro confidente, denominado Nadal, suministraron datos que fueron recogidos y entregados en siete informes donde se describe una mecánica de supuesta financiación irregular muy similar a la que expuso ante el juez el ‘Pollo’ Carvajal: empresas tapadera, servicios ficticios de asesoría, transferencias mediante banca extranjera y entregas en metálico «vía Isla de Madeira o Azores» a personas como Juan Carlos Monedero por «un fontanero» del régimen. Justo lo que ahora indaga la Audiencia Nacional.
