El empresario barinés, uno de los más prósperos de la era chavista, atraviesa una mala racha desde 2019, tras el colapso de dos de sus bancos en el Caribe. Enfrentado a los reclamos de sus acreedores y con las autoridades pisándole los talones, se guarece en una suntuosa villa por la que pagó millones de dólares durante dos años y que adquirió en República Dominicana, a través de un elaborado esquema jurídico, de otro magnate venezolano, Gustavo Cisneros. Así lo reseña un reportaje de Ewald Scharfenberg / Armando Info.
Son horas de tribulaciones y, acaso, decisivas, para Víctor Vargas Irausquín. Desde 2019 se tambalea el que fue el imperio financiero del llamado Banquero de Chávez, suegro de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto este del generalísimo Francisco Franco -dirige la fundación que lleva el nombre del dictador- y pretendiente tanto a la corona española como a la francesa, en el caso improbable de que la última se restituyera.
El 2 de septiembre de ese año, el cese de la licencia para operar en Curazao y posterior liquidación del Banco del Orinoco NV y, una semana más tarde, la intervención y cierre del Allbank de Panamá, golpearon debajo de la línea de flotación el esquema de reciclaje de fondos que Vargas mantenía a través de un rosario de bancos en el Caribe, muy parecido a una pirámide, en el que el dinero fresco que entraba a una entidad ayudaba a taponear los huecos de las otras.
Desde entonces, el banquero barinés ha empeñado toda su capacidad de influencia para asegurar in extremis la continuidad de operaciones de los bancos BOI de Antigua, Bancamérica de República Dominicana y BOD de Venezuela. A la vez, ha tenido éxito en bloquear hasta ahora la apertura de causas judiciales en su contra.
Pero el muro de contención empieza a agrietarse. En redes sociales circulan versiones, cada vez más insistentes y explícitas, sobre una inminente fusión del BOD con Bancamiga -un banco universal de explosivo crecimiento en los últimos años- y Sofitasa, una entidad regional del estado Táchira. La supuesta transacción, refutada por al menos una de las partes mencionadas, tendría sus puntos a favor: ofrecería a Bancamiga nuevas e instantáneas oportunidades de expansión en el mercado venezolano, mientras estabilizaría al BOD, acosado por constantes denuncias de mal funcionamiento y por el fantasma de la iliquidez, y que sigue intervenido a puertas abiertas por las autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el regulador estatal.
Entre tanto, fuentes en Panamá aseguran que la Fiscalía contra el Crimen Organizado se dispone a solicitar medidas de privación de la libertad contra Vargas. En ese país y en Curazao, acreedores del Allbank y el Banco del Orinoco han radicado demandas civiles para recuperar sus fondos, iniciativas a las que apenas consiguió apaciguar por unas semanas el anuncio en mayo pasado de que el Orinoco y sus 1,900 acreedores -entre ellos, casi 1,500 cuentahabientes- habían alcanzado un acuerdo de pago. De haber tal acuerdo, sus términos no se han cumplido por el momento, lo que transgrede por mucho el plazo que los boletines de prensa de Vargas habían establecido para su culminación: a más tardar, julio de 2021.
Bajo esa presión sostenida, la tercera línea de defensa que le queda por preparar a Vargas es la de poner algunos de sus más valiosos activos lejos del alcance de los acreedores y de los tribunales que accedan a restituir los fondos de aquellos mediante la incautación y venta de las propiedades del presunto deudor.
A Vargas se le describe por estos días enclaustrado en República Dominicana. Un rumor que corre entre la creciente comunidad empresarial venezolana en Quisqueya -que incluye tanto a negociantes ahuyentados por el chavismo, como a otros que hicieron fortuna con el régimen de Caracas-, asegura que el otrora boyante banquero pide efectivo prestado a sus más cercanos para sufragar sus gastos diarios. Fuentes que no guardan simpatía por Vargas desdeñan la versión, atribuyéndola a una especie que el propio magnate habría echado a correr.
Lo irónico es que, a la hora de salvar los (in)muebles y librarse de las liquidaciones judiciales, Vargas habrá de hacer esfuerzos especiales por conservar el sitio de su actual reclusión, una de las últimas adquisiciones de su era dorada: la villa La Serenísima, en el complejo turístico Casa de Campo, cerca de La Romana, sobre la costa suroccidental de República Dominicana.
Por esa residencia y su parcela de un poco más de 38,000 metros cuadrados, Vargas acordó en 2015 pagar al menos 44 millones de dólares, monto que completó en abonos parciales hasta 2017. El monto es el que aparece en un informe rendido en diciembre de 2015 por el bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Solo esa cantidad bastaría para satisfacer las demandas de muchos acreedores.
Documentos incluidos en los Pandora Papers, la filtración masiva de 11,9 millones de archivos procedentes de 14 proveedores de servicios offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 reporteros de 150 medios en 117 países, entre ellos, Armando.info de Venezuela, permiten ahora comprobar fuera de cualquier duda cómo Vargas adquirió esa fastuosa residencia de otro multimillonario venezolano, Gustavo Cisneros Rendiles, a través de un fideicomiso constituido en Panamá y mediante un elaborado esquema internacional de empresas cascarón con ramificaciones en el propio istmo, así como en Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido.
